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Desde Santa Fe
El Ministerio Público Fiscal pidió ayer una condena de 15 años de prisión para al ex comisario Roberto Martínez Dorr por la "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos agravados" al ex militante de la UES, Froilán Aguirre, en setiembre de 1976, mientras que la querella solicitó la escala máxima para ambos delitos: 20 años de cárcel y que se revoque la prisión domiciliaria que hoy beneficia al acusado por problemas de salud. El fiscal Martín Suárez Faisal dijo que Martínez Dorr formó parte de los grupos de tareas de la dictadura -"la tristemente célebre patota", la definió y lo hizo con la "criminal convicción de que la llamada lucha antisubversiva debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley". El juicio seguirá el miércoles que viene con el alegato de la defensa, y el viernes 30, se podría conocer la sentencia del Tribunal.
El alegato de la querella estuvo a cargo de los dos abogados de Froilán Aguirre, la doctora Alejandra Romero Niklison y Horacio Coutaz, hoy secretario de Derechos Humanos de la provincia, pero con licencia para asistirlo. Según Coutaz, el juicio logró probar que Martínez Dorr tuvo una activa participación en la represión ilegal, aún cuando en su defensa dijo que lo confundían con otro policía del mismo apellido. "Fue parte, de manera voluntaria y convencida, del plan sistemático del terror y de la maquinaria estatal que concentró todo el poder para reprimir", dijo Coutaz.
Y le pidió al Tribunal que a la hora de definir la condena valore "la gravedad de los hechos" que se le imputan a Martínez Dorr, su condición de "delitos de lesa humanidad" y "los padecimientos que sufrieron Froilán Aguirre y su familia". "Debe considerarse también las sistematicidad de las prácticas del imputado, todas las actuaciones llevadas a cabo para procurarse su impunidad y tenerse presente la edad de la víctima y su contextura física", agregó el abogado. El 8 de setiembre de 1976, cuando fue secuestrado, Froilán era un chico de 17 años, menudo, de no más de 60 kilos.
El fiscal Suárez Faisal coincidió que Martínez Dorr como oficial del Comando Radioeléctrico y de la Brigada de Explosivos "formó parte de un reducido grupo que llevaba a cabo procedimientos de manera irregular, detenía personas ilegalmente, a las que luego trasladaban a distintos centros clandestinos de detención, donde las interrogaban bajo torturas, entre otros delitos".
Su participación en la "tristemente célebre patota", pretendía "hacer mérito en ese grupo y hacer mérito no significaba conducirse y destacarse en el cumplimiento de su deber, dentro de la legalidad, sino llevar a cabo, sin vacilar, todo tipo de actos atroces y contrarios a la dignidad humana, con el objeto de eliminar opositores políticos e ideológicos".
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