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Desde Santa Fe
A una semana de la toma de 264 viviendas en el norte de la ciudad, el gobierno redobl贸 ayer la presi贸n sobre decenas de familias que aprovecharon la Semana Santa para ocupar 180 casas a medio terminar y abandonadas desde hace a帽os en el barrio Santa Rita II y otras 84 en construcci贸n en Las Delicias. "Esperamos la orden de la justicia para desalojar las viviendas usurpadas. Y si es necesario usaremos la fuerza p煤blica", advirti贸 el gobernador Antonio Bonfatti. Mientras que dos secretarios del intendente Jos茅 Corral denunciaron que la primera toma fue impulsada por dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y detr谩s de la segunda "se mueven punteros del peor clientelismo pol铆tico", que no identificaron.
Bonfatti ratific贸 que su gobierno utilizar谩 la v铆a judicial para desalojar los dos barrios. "Esperamos la orden de la justicia", afirm贸. La denuncia penal ante el Juzgado Correccional en turno fue presentada por la directora provincial de Vivienda, Alicia Pino, pero ayer se agreg贸 otra presentaci贸n del municipio santafesino.
"De ninguna manera podemos aceptar la usurpaci贸n de terrenos por la fuerza. Porque entonces estar铆amos en una sociedad sin reglas. Por eso hemos hecho la denuncia penal y estamos a la espera de la resoluci贸n de la justicia", afirm贸 el gobernador.
"No lo vamos aceptar porque estamos en un estado de derecho, no en la ley de la selva. Porque de lo contrario, cualquiera tiene derecho a meterse en una plaza y hacer una vivienda en una plaza. La sociedad tiene reglas que todos debemos respetar", agreg贸.
Seg煤n Bonfatti, la Secretar铆a de H谩bitat de la provincia ven铆a trabajando con una organizaci贸n (la CCC) para otorgar tierras y materiales de construcci贸n a 20 familias para que construyan sus propias viviendas. Y tambi茅n se estaba trabajando en el mismo sentido con otras organizaciones. Pero no es lo que ocurri贸 y menos usurpar terrenos".
El intendente Corral mand贸 ayer a su secretaria de Gobierno, Adriana Molina y al secretario general del municipio, Carlos Pereira, a denunciar el trasfondo pol铆tico de la toma. "Aqu铆 est谩n actuando grupos organizados", dijo Pereira. "Uno de ellos es muy conocido, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que tuvo hist贸ricamente una actitud extorsionadora y chantajista hacia el Estado porque protagoniz贸 los cortes en la ruta 168 (a Paran谩) y ahora, esta expropiaci贸n de viviendas".
"Pero tambi茅n hemos constatado la actuaci贸n de otros grupos. Concretamente, punteros que pertenecen a otras fuerzas pol铆ticas, lo que no quiere decir que sean enviados por los propios partidos pol铆ticos. Tenemos constatada esta informaci贸n y vamos a aportar a la Justicia n煤meros de patentes de veh铆culos que entraron y salieron del lugar en estos d铆as y nombres concretos de las personas que participan de estas actividades", agreg贸 Pereira.
Molina explic贸 que la toma de las primeras 180 viviendas fue impulsada por la CCC, pero en la segunda "sabemos que hay punteros. No queremos decir para nada que haya alg煤n partido pol铆tico o alg煤n dirigente democr谩tico que est茅 instigando este tipo de ocupaci贸n, pero s铆 sabemos que hay punteros del peor clientelismo pol铆tico", apunt贸.
"Ac谩 est谩n operando otros intereses", insisti贸 Pereira. "Constatamos intentos de ventas de distintas propiedades que se ofrecieron a otras personas por 1.500 pesos, y paralelamente se ha iniciado el desmantelamiento de estas viviendas; es decir que se est谩n vendiendo los materiales, lo que indica que no hay una necesidad de satisfacer la demanda habitacional sino hay actividades delictivas", agreg贸 el secretario general de Corral.
Para Molina, adem谩s del desmantelamiento, "lo concreto es que en 24 horas se robaron viviendas del Estado: 184 primero y 84 despu茅s, en dos barrios, con lo cual sin dudas existe alg煤n tipo de organizaci贸n. Nosotros podemos tener alg煤n dato, pero creo que le corresponde a la Justicia la investigaci贸n. Por eso nos presentamos a la causa para aportar todos los datos que tenemos".
Adem谩s, la funcionaria le pidi贸 a los vecinos que se acerquen pruebas a la Municipalidad, al 谩rea de Derecho Ciudadanos para incorporar a la causa a trav茅s de Fiscal铆a", agreg贸. "No se debe permitir ni legitimar situaciones como 茅sta. La usurpaci贸n constituye un delito asimilable a un robo de viviendas, que son de todos porque son patrimonio del Estado".
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