¿Quién puede estar en contra?

El gobernador Antonio Bonfatti valoró la decisión anunciada ayer por la presidenta Cristina Fernández de expropiar YPF a la española Repsol, al definirla como un aporte "a la defensa de la soberanía energética", aunque señaló que "hubiera preferido tener más información y poder compartir análisis previos, pero se tomó de esta forma y no podemos estar en contra". En el concierto político local, el anuncio presidencial recibió adhesiones similares, desde los incondicionales aplausos del Frente para la Victoria, hasta opiniones positivas pero con interrogantes, como en el caso del ex gobernador Hermes Binner, memoriosos socialistas sobre quienes ayer avalaron la privatización de la petrolera, o reparos concretos como el que ofreció el titular de la UCR, Mario Barletta.

Según allegados, Bonfatti había pedido una audiencia a la Presidenta, por eso ayer viajó con satisfacción cuando lo invitaron, pero al llegar cayó en la cuenta que el marco era otro. Asistió al anuncio en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno, y aplaudió en primera fila, entre sus pares, el bonaerense Daniel Scioli, y el chaqueño Jorge Capitanich.

"Compartimos el fondo de esta decisión de nacionalizar recursos que hacen a la defensa de la soberanía energética", dijo el mandatario. Y agregó en retrospectiva socialista: "Siempre hemos defendido la soberanía de los recursos naturales. En su oportunidad nos opusimos a la privatización de YPF, como a la de Aerolíneas Argentinas, Somisa, y todo lo que fue la era menemista", dijo. Sólo objetó: "Hubiéramos preferido tener más información y poder compartir algunas decisiones, análisis previos, pero es una decisión que se tomó de esta forma y no podemos estar en contra".

Aún intrigado por los detalles del anuncio, quiso saber "cómo se van a repartir las utilidades (del 49 por ciento de las acciones para las provincias petroleras que establece el proyecto oficial enviado al Senado) porque hay provincias como la nuestra que no producen pero procesan petróleo". Y recordó que "el Fondo Sojero se reparte entre todas las jurisdicciones, y son recursos de las provincias verdes".

El presidente del bloque de diputados nacionales del FpV, Agustín Rossi, dijo que "el control estratégico estatal es condición necesaria para revertir las necesidades del abastecimiento en hidrocarburos, y esto es un verdadero avance hacia la soberanía energética". El legislador santafesino elogió a la Presidenta por "saber leer la actualidad política local e internacional y tomar las decisiones para el desarrollo de nuestro país".

En la misma huella se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados provincial, el kirchnerista Luis Rubeo. "La decisión demuestra la capcidad de gestión de nuestra Presidenta, la inteligencia y el coraje suficiente para enfrentar a quienes sea necesario por defender los derechos de los argentinos". Y destacó la habilitación a las provincias petroleras para que adquieran acciones.

El Movimiento Evita pronunció un "total apoyo militante" a la medida presidencial. Y exhortó al campo popular "a cerrar filas en la defensa de este proceso", contra "las turbulencias y campañas difamatorias que siembran los medios concentrados, con intentos de golpes de mercado como antaño, y amenazas de las corporaciones internacionales y gobiernos lobbystas de intereses empresariales facciosos".

En buena sintonía con la noticia del día, el senador socialista Rubén Giustiniani declaró que "la nacionalización de YPF es una medida correcta para quienes siempre repudiamos su privatización, es el camino de recuperación soberana del petróleo nacional". En su misma línea, el presidente del Concejo, Miguel Zamarini, opinó: "Hasta ayer parecía una locura, pero ante la decisión tomada, es blanco o negro. Es importante recuperar el petróleo para nuestro patrimonio. Si fuera diputado, votaría la nacionalización".

El senador provincial Miguel Lifschitz también apoyó la decisión gubernamental, y consideró el momento como "una oportunidad para discutir una política energética en serio, que hasta ahora no la hubo". Por eso, el ex intendente no se privó de marcar: "Hace veinte años el PJ regaló YPF. ¿Hay alguna autocrítica?".

El ministro de Gobierno, Rubén Galassi, también resumió el parecer dentro del PS: "Así como en los '90 nos opusimos a su venta, hoy apoyamos su recuperación. Es coherencia ideológica. Que otros expliquen por qué, estando en el mismo partido, votaron la privatización y ahora votan la nacionalización", apretó.

La intendenta Mónica Fein, que fue diputada nacional, señaló que "el PS nunca votó a favor de privatizar los recursos estratégicos, donde el Estado debe tener un rol protagónico". Por eso también brindó su apoyo y pidió que "ahora se abra un proceso transparente para generar confianza", en alusión a eventuales consecuencias que ayer se empezaron a imaginar a partir de la reacción española.

Hermes Binner, en cambio, mostró preocupación por "saber de dónde saldrán los recursos" para expropiar la empresa. Y advirtió sobre la posibilidad de que la situación derive en un juicio contra el país en el tribunal internacional del Ciadi, donde Argentina ya pelea una demanda de 350 millones de dólares iniciada por capitales franceses que operaron la ex Aguas Provinciales de Santa Fe, reestatizada por el gobierno de Jorge Obeid.

El líder del Frente Amplio Progresista lamentó que "sólo nos quede comentar una decisión ya tomada unilateralmente, en lugar de haberse convocado a un debate con los partidos", lo que definió como "un debilitamiento de la democracia". Por ejemplo, reclamó que en el proyecto se establezca "un órgano de control eficaz e independiente" y exigió detalles sobre "cómo se pretende la distribución de ganancias entre las provincias". Con todo, señaló que los legisladores del FAP "analizarán el proyecto antes de definir una posición".

Quien sólo demostró dudas sobre el anuncio es el presidente del Comité Nacional del radicalismo, el santafesino Mario Barletta. "Sigue sin haber una política para recuperar la soberanía energética, no hay estudios sobre capacidad petrolífera ni gasífera, tampoco un plan integral que explique cómo lograremos la energía que necesitamos. Y la Presidenta no reconoce el problema", criticó.

Escéptico, Barletta culpó al gobierno por "la desinversión permitida a Repsol", y sospechó un nuevo tropezón con la misma piedra: "No sea que ahora le paguemos a Repsol para que se vaya, y vuelva a hacer negocio como cuando se la privatizó. Que diga la Presidenta cómo vamos a hacer exploración que Enarsa no hizo. Me preocupa que sigan al frente quienes nos metieron en esto", dijo el dirigente radical.

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