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Los abogados de la querella en el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás apelarán ante la Cámara de Casación Penal la decisión del Tribunal Oral Federal número 2 de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a Antonio Bossié y Jorge Muñoz, dos imputados por la masacre de Juan B. Justo 676, donde murieron María del Carmen Fettolini, Omar Amestoy, Fernando y María Eugenia Amestoy, así como Ana del Carmen Granada, y en la que sólo sobrevivió Manuel Gonçalves Granada, querellante en la causa. En la jornada de ayer --la tercera-- terminaron de leerse los requerimientos de elevación a juicio en la causa Alvira.
El miércoles próximo, a las 9.30, se retomarán las audiencias, y se completará la lectura de los requerimientos, con la causa por la privación ilegítima de la libertad de José Emilio Mastrobernardino, propietario de la vivienda que alquilaban Víctor Almada, María Regina Spotti y sus hijos Víctor, de 1 año y 7 meses, y Martín, de 8 meses. La madre y los niños fueron secuestrados el 21 de abril de 1977, mientras Almada se salvó de casualidad: llegaba a su casa cuando vio a la patota, y permaneció escondido. Los niños fueron devueltos unos días después.
En la lectura de ayer, la completa requisitoria de la fiscalía que integran Adriana Saccone y Juan Murray relacionó las desapariciones de la causa Alvira --los militantes montoneros Raquel y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, María Regina Spotti, Rosa Baronio y Eduardo Reale, entre abril y mayo de 1977-- con hechos anteriores que se investigan en otra causa, pero están íntimamente relacionados. El plan de represión ilegal tuvo como máximo ejecutor en San Nicolás a quien fuera jefe del área 132 del Primer Cuerpo de Ejército, Manuel Fernando Saint Amant.
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