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El regusto amargo que dejó en el gobierno la letra que el Senado reescribió sobre el proyecto de reforma tributaria se debe también a lo que el oficialismo sabe que vendrá en Diputados. La Casa Gris presupone que en la Cámara Baja no tiene muchas posibilidades de mejorar lo aprobado hasta aquí, ni de arrimarse a un nivel de recaudación algo mayor que los 800 millones de pesos que estiman les depararían los retoques impositivos. Un sobrevuelo entre los bloques de la oposición así lo confirma. Y para mayor desesperación de la gestión Bonfatti, algunos diputados avisaron: "El apuro es del gobierno, si el Senado se tomó dos meses para votar el mensaje del Ejecutivo, no tienen porqué apurarnos a nosotros".
La primera dificultad que afronta el oficialismo es la atomización de sus opositores: el justicialismo presenta sus 28 diputados en 9 bloques distintos, y los 7 legisladores de Unión PRO Federal se dividen en otros dos. Los 15 diputados de la propia coalición gobernante se encuentran en cinco bancadas, donde el socialismo sólo cuenta tres votos incondicionales.
El mosaico opositor, ya en receso legislativo y antes de empezar a reunirse con los distintos lobbys de la economía afectados por la iniciativa tributaria, ofrece matices: algunos ni quieren hablar de impuestos antes de que el gobierno muestre sus números; otros contemplan la necesidad de recursos, pero en las antípodas de lo que salió del Senado. Por una u otra opción, los consultados connotan que el gobierno no tendrá la reforma en los tiempos que requiere.
El obeidista Mario Lacava, del bloque Santa Fe en Movimiento, dijo que antes de tratar el proyecto, quiere saber "cómo el gobierno está gastando el presupuesto de 33.800 millones de pesos, y cómo lo seguirá haciendo hasta fin de año". Para eso, exigió que el ministro de Economía, Angel Sciara, aparezca "con papeles, no con power point" en el recinto y presente "un plan de desendeudamiento y saneamiento fiscal". Lacava recordó que la Legislatura autorizó una emisión de Letras por 560 millones para regularizar contratos de obra pública y reactivarla. Y opinó que "el gobierno no hace bien las cosas, y persiste en gastos superfluos". Así reprochó que "ya se gastaron 800 millones de pesos en servicios no personales, es decir, consultorías, contrataciones, convenios. Es cuestión de administrar bien, no de aumentar impuestos", retó.
Alejandra Vucasovich (bloque Federal) señaló: "El proyecto pasará por cuatro comisiones: Industria y Comercio, Asuntos Comunales, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales. Serán cuatro semanas, tiempo suficiente para debatir. El apuro es de ellos, nosotros tenemos que hablar con todos los sectores", dijo. La diputada ratificó su desacuerdo con tocar los revalúos fiscales porque pueden afectar la imposición de Bienes Personales a contribuyentes que hasta ahora están excluidos porque su dimensión económica no lo amerita. En cuanto a Ingresos Brutos, adelantó su oposición a gravar actividades industriales que deriven en el consumo, pero sí planteó la necesidad de hacer un pacto con, por ejemplo, las grandes agroexportadoras para que constituyan un fondo especial que permita invertir en las rutas de la producción y accesos a puertos. "Una reforma real debe reveer toda la carga impositiva, contemplar incentivos. Hasta ahora, es sólo un aumento de impuestos", concluyó la legisladora de Unión PRO Federal.
Gerardo Rico (Movimiento Evita) rechazó de plano el carácter de lo consensuado por los senadores peronistas, radicales y del socialismo, pero también del mensaje original del Ejecutivo. "El inmobiliario rural no se toca desde el 64. Debe revaluarse hasta un 50 por ciento del valor de mercado real, y no del 5% como quedó ahora. La industria debe pagar ingresos brutos, sobre todo las multinacionales de las oleaginosas que siguen exentas, y sólo eximir a las productoras de alimentos", planteó. Se mostró partidario de "darle al gobierno los recursos que necesita para gobernar, para pagar los sueldos, aunque haya malgastado, pero gravando a los que más tienen. Estoy en las antípodas de lo que votó el Senado".
La peronista Rosario Cristiani (Santa Fe para Todos) consideró que el trazo grueso de lo aprobado en cuanto a inmobiliario rural y urbano, e ingresos brutos "no salió tan mal", pero supeditó su opinión a una ronda de consultas que hará con intendentes y corporaciones afectadas. "Una verdadera reforma no se hace por las necesidades de caja del gobierno", advirtió.
Desde el bloque Producción y Trabajo, Avelino Lago entendió que la media sanción del Senado "es el punto de encuentro que pudieron lograr". Por lo tanto, manifestó su voluntad de apoyar lo aprobado "desde lo razonable, considerando la necesidad del Ejecutivo, pero sin equivocarse en actualizar avalúos atrasados por décadas ni gravar actividades que recaerán en el bolsillo del consumidor".
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