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La Coordinadora de Trabajo Carcelario, junto a un importante n煤mero de organizaciones defensoras de derechos humanos, advirti贸 al vicegobernador Jorge Henn, as铆 como a los legisladores de ambas c谩maras, que es anticonstitucional la norma presentada por el senador radical Lisandro Enrico, que pretende ampliar el dictado de la prisi贸n preventiva para las personas reincidentes en el delito. "Tiene que analizar la inconstitucionalidad de la norma y no aprobarla, para evitar el avasallamiento de los derechos de las personas", dijeron desde la ONG. "De ninguna manera puede avalarse que alguien sea detenido en forma preventiva por el hecho de ser acusado de nuevos delitos, ya que ello no lo hace culpable y no significa que la persona vaya a evadir el proceso judicial, EL 煤nico justificativo para limitar la libertad de quien no se encuentra condenado", reza el documento entregado a las autoridades. "El encarcelar a alguien por el solo hecho de tener muchas denuncias, sin condena no es una medida preventiva sino punitiva y que en definitiva significa el fracaso de la justicia", resumieron.
La misiva dirigida al presidente del Senado advierte que "al mes de marzo, m谩s de la mitad de las personas privadas de la libertad en Santa Fe se encontraban sin condena, lo cual deja de manifiesto que existe un abuso de esta medida, que por su car谩cter cautelar debe ser de aplicaci贸n excepcional".
Por otra parte, remarcaron que "un 40 por ciento de las m谩s 4.300 personas detenidas se encuentran en dependencias policiales, sin que se garanticen las condiciones m铆nimas de habitabilidad, de higiene y salud. As铆 como tampoco resultan garantizados derechos b谩sicos como la vida o la salud en unidades penitenciarias".
Por eso, para la CTC "la aplicaci贸n de la reforma sugerida, sin lugar a dudas, va agravar las ya precarias e inconstitucionales condiciones de detenci贸n de quienes se encuentra privados de libertad, sea por condena o en cumplimiento de prisi贸n preventiva".
La cuesti贸n fundamental resulta que el proyecto propuesto implica un "avasallamiento a principios constitucionales de superior jerarqu铆a", como el art铆culo 18 de la Constituci贸n Nacional, "que establece que nadie puede ser sancionado sin un juicio previo, principio reafirmado por los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro pa铆s, que garantizan la libertad personal y las garant铆as judiciales, como la necesidad de procesos eficaces y en plazos razonables".
En esta l铆nea de razonamiento, recordaron que la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atenci贸n a los distintos pa铆ses de la regi贸n, incluida a la Argentina, sobre el "abuso de la prisi贸n preventiva".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en distintas resoluciones, ha establecido l铆mites a la aplicaci贸n de la prisi贸n preventiva. As铆 en el informe 35/07, caso 12.553 Jorge, Jos茅 y Dante Peirano Basso contra la Rep煤blica Oriental Del Uruguay, ha dicho que: "esta limitaci贸n al derecho a la libertad personal, como toda restricci贸n, debe ser interpretada siempre en favor de la vigencia del derecho; en virtud del principio pro homine. Por ello, se deben desechar todos los dem谩s esfuerzos por fundamentar la prisi贸n durante el proceso basados, por ejemplo, en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusi贸n social del hecho, no s贸lo por el principio enunciado sino, tambi茅n, porque se apoya en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva. Esos son criterios basados en la evaluaci贸n del hecho pasado, que no responden a la finalidad de toda medida cautelar".
"El principio --apuntan-- siempre debe ser la defensa de la libertad y la ley debe limitar la discrecionalidad judicial para defender nuestros derechos del abuso de la autoridad". Para la CTC, "las medidas propuestas en el proyecto de ley, de ninguna manera resultan una herramienta para disminuir o erradicar la inseguridad, ya que en la actualidad el n煤mero de presos sin condenas es elevado y de hecho en los 煤ltimos a帽os los 铆ndices de prisionizaci贸n han aumentado, aun m谩s que los delitos denunciados, lo que revela que se encierra m谩s que antes".
La nota esta firmada por Lilian Echegoy y Carmen Maidagan y tiene la adhesi贸n de la Asociaci贸n Civil La Cantora, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el CEPOC (Centro de Estudios en Pol铆tica Criminal y Derechos Humanos), el Comit茅 contra la tortura de la Comisi贸n Provincial de la Memoria, la APDH LA PLATA y Mar del Plata, entre otras.
La carta culmina con una frase de Eugenio Zaffaroni: "La mayor violaci贸n masiva de derechos humanos en el sistema penal argentino est谩 dada por la prisi贸n preventiva. La peor inseguridad que podemos sufrir es la que sufrimos frente al Estado cuando se convierte en delincuente".
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