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Desde Santa Fe
El senador de la UCR, Lisandro Enrico, dijo que los pedidos de la Corte Suprema de Justicia a la Legislatura para que analice la conducta del defensor general de provincia, Gabriel Ganón, no fueron enviados al archivo. "Hubo un intento de cajonearlos, pero no pudieron", reveló el legislador a Rosario/12. La Corte despachó el primer expediente a fines de abril, el segundo el 5 de setiembre y dos más, el 12 de setiembre. La comisión bicameral de Acuerdos resolvió remitir copias de los primeros al Poder Ejecutivo, pero todos quedaron reservados en la secretaría de la comisión para "profundizar el análisis", dijo Enrico. "Hay que revisar el comportamiento del doctor Ganón, un funcionario tiene que ser congruente con lo que marca la ley. Porque son imputaciones varias y denotan un llamado de atención para que se investigue" como opera el defensor, agregó.
En las acordadas sobre Ganón, la Corte Suprema no sólo resolvió enviar las actuaciones a la Legislatura, sino que también remitió copias a las fiscalías de turno en los Tribunales de Rosario, lo que significa que ya se iniciaron, por lo menos, cuatro causas penales contra el funcionario. Todas las resoluciones de la Corte fueron votadas por unanimidad por los seis ministros.
"Nosotros estamos analizando estas presentaciones de la Corte por (supuestos) incumplimientos a los deberes de su función que estaría incurriendo el doctor Ganón, según el voto unánime de la Corte. El análisis no es de la comisión de Acuerdos, sino de cada legislador en particular porque se distribuyeron copias de los sumarios", explicó el senador Enrico.
En el último plenario, "la comisión de Acuerdos decidió enviar dos expedientes al Poder Ejecutivo para que tome conocimiento. Porque la Corte lo que hace es enviarlos solamente a la Legislatura, apelando a la ley 13.014 que rige el Servicio Público de la Defensa Penal. El artículo 20 que regula la remoción del defensor general dice que sólo la pueden impulsar el Poder Ejecutivo o un legislador. El criterio generalizado en la comisión de Acuerdos era que el PE tome conocimiento de esas dos presentaciones de la Corte, a pesar de que los casos ya son públicos y notorios", señaló Enrico.
-¿Y usted ya tiene un criterio sobre los planteos de la Corte?
-Creo que hay que analizar el comportamiento del doctor Ganón, un funcionario tiene que ser congruente con lo que marca la ley. Entonces, hay que profundizar el análisis de estos temas porque son imputaciones varias y denotan un llamado de atención para que se investigue cómo opera el defensor general de la provincia -contestó.
-La sensación que queda es que las presentaciones de la Corte se cajonearon en la Legislatura.
-Yo creo que es todo lo contrario. Se intentaron cajonear, se intentaron mandar al archivo, pero se resolvió enviar copias al Poder Ejecutivo y dejar todas reservadas en la secretaría de la comisión de Acuerdos hasta que los legisladores analicen lo que la Corte ha planteado. Estamos en un período de análisis -afirmó Enrico.
Uno de los expedientes reservados en la comisión de Acuerdos se inició por pedido de la defensora general Nº 9 de Rosario, Graciela Sanmiguel. Es por un hábeas corpus que Ganón presentó ante el juez Correcional Nº 5 de Rosario, Carlos Leiva, por una mujer detenida que supuestamente había sido interrogada por la policía sin la asistencia de un defensor técnico, lo que convertía a la detención en "arbitraria" e "ilegítima". La Corte ordenó investigar el caso al presidente de la Cámara Penal de Rosario, Daniel Acosta, quien desestimó cualquier "violación a las garantías constitucionales" de la imputada, dijo que Ganón planteó el recursos sin "ningún anclaje en las reales circunstancias en que se verificó la investigación penal" y descalificó los "dichos del defensor por una falta de rigurosidad alarmante. Pues todo indica que no verificó previamente ninguno de los postulados de hecho que afirmó como veraces al interponer" el habeas corpus.
Según Acosta, la actuación de Ganón significó "el acceso de la justiciable a una defensa técnica de pésima calidad, en virtud de la ligereza y la absoluta falta de información en detrimento de las funciones de su Ministerio en la economía de las formas que rigen su actuación, entorpeciendo un proceso a una persona privada de su libertad".
"El doctor Ganón ha excedido los límites impuestos legalmente a la competencia del defensor provincial, pues al actuar invocando dicho carácter y no el de cualquier particular habilitado, ha soslayado que el Servicio Público de la Defensa Penal aún no se encuentra en funciones, por no haber fijado el Poder Ejecutivo la fecha para la plena vigencia del nuevo Código Procesal Penal", concluyó.
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