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El ex jefe de la policía santafesina Hugo Tognoli seguía -al cierre de esta edición- prófugo de la justicia al no presentarse ante el juez federal Carlos Vera Barros, quien ordenó ahora su captura nacional e internacional, así como la prohibición de salir del país. La primer orden de captura la había librado el magistrado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, luego a la Policía santafesina, y ahora a Gendarmería y a la Prefectura para completar el abanico. "Cada minuto que pasa es un daño más grande para este gobierno", confió ayer una alta fuente de la administración provincial, que tampoco entendía como la fuerza policial no podía encontrar al ex jefe prófugo. En un alarde de sinceramiento, la misma fuente confió en que "hay temor de que le pase algo a Tognoli". La reacción más fuerte que parece tener la administración de Antonio Bonfatti se dará en los primeros días de la semana: Anunciará la creación de una dependencia que tomará en sus manos los delitos complejos, para retirarle a la fuerza el manejo de la lucha contra la droga, la trata de personas y el lavado de dinero. Sin embargo habrá que seguir con atención al elegido para ocupar esa nueva agencia, ya que los primeros barajados, causaron más preocupación que calma en quienes los escucharon pronunciarlos.
La especulación sobre Tognoli era que podía llegar a presentarse ayer por la mañana, en el edificio de Oroño 940, a las 9.30 como había trascendido. Es más, hasta circuló el nombre de su abogado defensor: Eduardo Jauchen, quien patrocinara a monseñor Edgardo Gabriel Storni, el ex arzobispo santafesino quien fuera procesado por abuso a un seminarista. El mismo estudio jurídico también asesoró a Mario Cesar Fendrich, el tesorero del Banco Nación, que llevara adelante un golpe legendario contra esa entidad. En su página web el estudio Jauchen, dice tener en su staff a Mario Barletta (hijo del dirigente radical), un joven talentoso que ganó por concurso el cargo de Secretario general del Ministerio Público de la Acusación, es decir la nueva fiscalía. El estudio defendió el buen nombre y honor de la colombiana Fabiola Moreno Rubio, por tráfico internacional de heroína.
Ayer a la mañana desde el juzgado federal de Vera Barros negaron a este cronista que Jauchen se hubiese comunciado para concretar la entrega de su defendido.
Sin embargo la elección de Jauchen fue interpretada de manera distinta por una alta fuente judicial consultada: "Jauchen es un penalista más o menos bien referenciado, pero lo que quiso hace Tognoli al elegirlo, más allá que lo de Storni cause rechazo, es blanquear su posición pública. Jauchen no es una abogado de narcos simplemente. Es otra cosa", sentenció la misma fuente.
En tanto en los tribunales federales, puntualmente en el ingreso por calle Alvear al 900, efectivos de la PSA se apostaron desde las 8 de la mañana a la espera de que arribara el ex jefe de la Policía de Santa Fe. "Si viene lo vamos a detener", dijo un efectivo de la fuerza nacional. Poco antes de las 9.30 ingresó a las oficinas el comisionado general de la PSA Fernando Telpuk, quien manifestó que no habían recibido ningún llamado del abogado Eduardo Jauchen, quien representa a Tognoli. El jefe de la brigada de la PSA que investiga en esta región delitos complejos, dijo que esa fuerza policial había montado un operativo para encontrar al imputado pero que hasta ese momento no había rastros del comisario. De igual modo aclaró que el domicilio de Tognoli no fue allanado si no que se dispuso una guardia para apresarlo en caso de que se presente en su casa.
Luego, el juez Vera Barros detalló que no había recibido en su juzgado ninguna comunicación ni de Tognoli ni de su abogado, que "aún no sé quién es", admitió el funcionario judicial. De esa manera, el magistrado rechazó algunas versiones que indicaban que el ex titular de la Policía negociaba durante la mañana ciertas condiciones para entregarse.
En la causa hay dos capítulos que comprometen a Tognoli. Uno de los datos surgió a partir de la investigación de una red de trata de mujeres en la provincia de Santa Fe. Los efectivos de la PSA realizaron una escucha telefónica en la que el dueño de un prostíbulo de Villa Cañás le preguntaba a un comisario mayor la forma de "arreglar" para vender cocaína. En un mensaje de texto, el funcionario policial respondió que debía pagar "30.000 (por mes) directo con Tognoli". Y le propuso también que el proveedor de los estupefacientes debía ser "Carlos Andrés Ascaíni". La otra prueba es que Ascaini logró escapar, gracias a los datos aportados por el ex jefe de la policía de Santa Fe.
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