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El jefe de la comisaría 2da. de Rosario, Néstor Fernández, y el cabo Carlos Quintana de Villa Cañás, declararon ayer en el marco de la cuasa que investiga la complicidad del ex jefe policial Hugo Tognoli con un narco del sur santafesino. Ambos fueron indagados por el juez federal 3, Carlos Vera Barros, y seguirán detenidos en dependencias locales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hasta que se resuelva su situación procesal. A Fernández se le imputa haber hecho la consulta con la clave asignada, aunque el comisario dijo que "no se acordaba haber recibido la clave ni la contraseña", pero que vio el facsimil en el diario de un acta de entrega y dijo que "era su firma". Fernández no desconoció la rúbrica pero dijo que "todo el mundo usaba su clave".
La otra cuestión a develar es saber el IP de a computadora desde donde se hizo la consulta, para establecer el lugar físico y por ende quien pudo haberla concretado. Pero hasta el momento no hay certeza sobre ese registro, realizado en el año 2009. Finalmente Fernández se retiró asegurando que "siempre trabajé para combatir el narcotráfico y no para ser cómplice". Por otra parte el cabo Quintana se abstuvo de declarar.
Fernández fue detenido el viernes por la tarde en su lugar de trabajo, la seccional segunda, ubicada en el centro de Rosario, de donde salió esposado y custodiado por personal de la PSA. Está acusado de ser el responsable de una clave de seguridad para acceder a la base de datos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA), desde la cual en 2009 se realizó una consulta para luego darle aviso a un hombre acusado de narcotraficante de que era seguido por vehículos de la PSA. Según sospechan los investigadores, gracias a ese aviso, Carlos Andrés Ascaíni, un hombre de 37 años procesado por narcotráfico, logró escapar de un procedimiento de la fuerza federal.
Ayer en las puertas del tribunal federal el abogado defensor del comisario Fernández, José Luis Vázquez -ex fiscal federal durante la última dictadura- dijo en Tribunales que "en todo el expediente no hay ninguna referencia respecto a Fernández, ni un indicio, ni una presunción, no hay absolutamente nada".
"Esto es cuanto menos una privación ilegal de la libertad, un abrogamiento de todas las garantías constitucionales y de los pactos internacionales que la Argentina tiene signados, un claro atentado a los derechos humanos", sostuvo el letrado con larga experiencia en el tema: Se retiró en 1984 y compartió ese período entre otros con Laura Inés Cosidoy la misma etapa en la justicia federal rosarina, cuando fiscales en una jurisdicción eran defensores en otra.
El ex funcionario federal y ahora abogado defensor, no se privó ayer de quejarse en las puertas de los tribunales federales se quejaba por el adelanto periodístico sobre la indagatoria de su cliente. "Lo podrian haberlo citado sin problemas, en lugar de detenerlo con este circo".
Según la investigación, Fernández fue el destinatario de la clave "segu210183" que permite el acceso a la RNPA, desde la cual se realizó la consulta que puso en aviso a Ascaíni de que era seguido por la PSA.
El abogado defensor de Tognoli, Eduardo Jauchen, difundió un acta de abril de 2008 por la cual su defendido hizo entrega de esa clave "en sobre cerrado" a Fernández, que en ese momento era agente de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones (ex Drogas Peligrosas).
El texto del acta de entrega, firmado por Fernández, dice que la entrega de la clave "tiene carácter reservado, siendo responsable por su uso indebido" y por esa razón, el juez Vera Barros imputó a Fernández en la causa Tognoli.
Según el abogado Vázquez, el actual titular de la seccional 2da de Rosario "recibe la clave como integrante de la fuerza policial, después esa clave estaba en la computadora de la brigada con el número de usuario y contraseña, porque es un elemento de trabajo" al que otros agentes también tenían acceso.
De acuerdo a la investigación de la PSA, Ascaíni llamó a la comisaría de la localidad de Villa Cañás, donde reside, para preguntar por dos vehículos que lo seguían. Desde allí, presuntamente el cabo Quintana el otro detenido averiguó que se trata de coches oficiales de la fuerza federal y le dio aviso a Ascaíni, que logró eludir el procedimiento.
El abogado de Fernández ratificó esa presunción: "Villa Cañás es un pueblito, Ascaíni vio que lo seguían dos chatas, lo llamó a este Quintana y le dijo: `Ché, me están siguiendo desde hace una hora, averiguame qué pasa`. Y le averiguó y le dijo: `Son de la PSA`".
Para Vázquez, "en el contexto social de Villa Cañás es algo absolutamente normal" que un policía le brinde información a una persona que llama telefónicamente para realizar una averiguación de ese tipo.
El abogado pidió la excarcelación de su cliente y también "que lo alojen en condiciones humanas, porque durmió en una habitación de dos por dos, llena de mosquitos arriba de un colchón de goma espuma sin funda, sin ropa de cama, sin comida, y habiendo podido ir al baño solamente a la noche".
En tanto, los dos policías quedaron detenidos a disposición del juzgado federal 3, que en los próximos días deberá resolver su situación procesal, al igual que la de Tognoli.
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