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Desde Santa Fe
La justicia federal acumulará las investigaciones de delitos conexos al narcotráfico que tienen competencia provincial. El procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, acordó con su colega Félix Crous, jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), un protocolo para coordinar la pesquisa de los delitos complejos que tienen jurisdicciones divididas, lo que significa que las causas por los hechos ligados al tráfico de estupefacientes como tentativas de homicidios y otros ataques contra la vida y la integridad de las personas serán unificadas en el fuero federal. "Estamos trabajando para eso", dijo Barraguirre a Rosario/12. Y adelantó que el convenio se formalizará en una "instrucción general a los fiscales de la provincia para que sepan cómo tienen que actuar cuando hay delitos de estas características. De hecho, ya están actuando de esta manera", agregó.
El acuerdo deja sin sustento las críticas de dos diputadas del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez e Inés Bertero a los fiscales federales Juan Murray y Federico Reynares Solari y al juez federal N° 4, Marcelo Bailaque, a quienes acusaron de malograr una investigación de la justicia ordinaria por el ataque a balazos a tres militantes del Movimiento Evita, en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario, en enero último. "Obstruyeron deliberadamente la actuación de la justicia santafesina mediante dos acciones reprobables: resistieron los pedidos de colaboración y, lo que es más grave aún, ocultaron pruebas necesarias para el avance de la causa penal", denunciaron las legisladoras.
Crous rechazó las imputaciones de Gutiérrez y Bertero, respaldó a los fiscales, destacó su rápida acción para proteger a las víctimas y ratificó la necesidad de unificar las investigaciones de los delitos conexos al narcotráfico. "Los hechos inescindibles, como las tentativas de homicidios y otros delitos contra la vida y la integridad personal, estrechamente vinculados con los de narcocriminalidad, deben ser investigados por un solo juez o fiscal instructor, y el único habilitado para hacerlo conjuntamente es la justicia federal", dijo el jefe de Procunar.
Barraguirre coincidió. La semana pasada se reunió con Crous y Murray para "acordar un protocolo sobre las investigaciones de los delitos complejos que tienen jurisdicciones divididas. Vamos a coordinar acciones y cooperar entre la Nación y la provincia cuando estamos frente a casos de narcotráfico, que investiga la justicia federal, y los delitos conexos, que tienen competencia provincial", explicó.
¿Cómo se concretará ese protocolo? preguntó Rosario/12.
Por ejemplo, a través de una instrucción general del procurador de la Corte a los fiscales de la provincia para que sepan cómo tienen que actuar en términos generales cuando hay delitos de estas características. De hecho, ya están actuando de esta manera. Por ejemplo, tengo entendido que en la causa por el incendio en la Alcaidía de Rosario ya se han librado las copias pertinentes a la justicia federal precisó Barraguirre.
Uno de estos casos, el ataque a los militantes del Movimiento Evita, derivó en dos investigaciones: una en la provincia y otra en la justifica federal.
Si, por eso, hay que trabajar coordinadamente, para ver cómo se puede cooperar entre las fuerzas federales y las fuerzas de la provincia. Que coincidan en ese sentido, tanto la actuación de los fiscales, de las fuerzas de seguridad y unidades de investigación.
Sin embargo, dos diputadas del Frente Progresista acusaron a los fiscales federales de "obstruir" el trabajo de la justicia santafesina y hasta de "ocultar pruebas". ¿Coincide?
Eso debe quedar concentrado en la arena política. Yo no puedo hacer ningún tipo de declaración sobre si están obstaculizando o no (la causa provincial). Lo que sí, estoy trabajando para que haya una cooperación más adecuada entre Nación y provincia respondió Barraguirre.
Tres militantes del Movimiento Evita, los hermanos Ariel y Carlos Ferreyra, de 19 y 21 años y Gastón Arregui, de 27, fueron atacados a balazos el 10 de enero a la noche, en el barrio Nuevo Alberdi, por un grupo de narcotraficantes que se movilizaba en motos. Arregui sufrió graves heridas que obligaron a internarlo hasta el 1° de febrero. Los Ferreyra hicieron la denuncia en la Subcomisaría 2°, pero como se filtró rápidamente, y fueron amenazados por los atacantes, decidieron denunciar los hechos ante la justicia federal, solicitar su incorporación al Programa Nacional de Protección a Testigos y salir de la provincia.
Posteriormente, el abogado de dos detenidos en la causa solicitó la falta de mérito y el fiscal Carlos Covani se allanó por falta de pruebas. La pesquisa "se frustró debido a que las víctimas ingresaron al Programa Nacional de Protección a Testigos, que no colaboró con la causa como tampoco lo hizo el fiscal federal Nº 2 de Rosario ni el juez federal Nº 4", reprochó Covani. Y originó la reacción de las diputadas Gutiérrez y Bertero que acusaron a Murray y a Bailaque de "obstruir la actuación de la justicia santafesina mediante dos acciones reprobables: resistiendo los pedidos de colaboración y, lo que es más grave aún, ocultando pruebas necesarias para el avance de la investigación penal".
Crous rechazó las imputaciones. Los fiscales Murray y Reynares Solari dijo "han dado respuesta acorde a derecho a cada uno de los requerimientos realizados por la justicia provincial que estaban bajo su competencia y cursaron aquellos que no lo estaban al juez (Bailaque), interponiendo los recursos pertinentes contra las resoluciones dictadas por el mismo que entendieron no se encontraban ajustadas a derecho", explicó.
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