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Desde Santa Fe
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dijo que Santa Fe es "una provincia que clama por una justicia eficiente" y consideró a Rosario una ciudad del miedo, con una "ciudadanía atemorizada por el avance del narcocrimen". Dos definiciones, entre tantas, en el panel de cierre de la jornada de Justicia Legítima, en la Legislatura santafesina, donde reveló que 40 fiscales federales subrogantes en todo el país "están sometidos hoy proceso penal" por "enfrentar la narcocriminalidad" y ella misma tiene un pedido de juicio político por haberlos designados, según la ley orgánica del Ministerio Público y atribuyó los ataques a "poderosos intereses" que sostienen el status quo y la "impunidad". Para Gils Carbó, la democratización de la justicia es cuestión de tiempo. "La sociedad cambió", dijo, mientras la corporación judicial "sigue aferrada a un modelo burocrático y autoritario, alejado del interés de la sociedad, pero con vínculos muy próximos a los poderes fácticos". "Ya estamos viendo el rostro verdadero de la justicia, que como en el mito de la Medusa, tiene un rostro oculto y peligroso que amenaza con transformar en piedra al que lo vea porque hay que someterse a ella para evitar la destrucción o por lo menos la segregación corporativa", afirmó.
"Santa Fe es una provincia que clama por una justicia eficiente", dijo Gils Carbó en el arranque de su exposición. Y recordó que apenas asumió el cargo, la visitaron el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, acompañada por concejales de todos los partidos. "Me pidieron protección para una ciudadanía atemorizada por el avance del narcocrimen. Fue un momento muy intenso, muy dramático, conocer estas realidades y otras realidades de Santa Fe, como que es un centro neurálgico en el país, cruzado por tantas rutas, con tantos puertos y salidas al agua que la hacen tan estratégica, pero también tan desprotegida".
"Como resultado de ese pedido", Gils Carbó decidió "reforzar el Ministerio Público en la provincia", designar fiscales subrogantes y luego crear la Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo del fiscal Felix Crous. "¿Y qué fue lo primero que pasó?. Que estos fiscales por el solo hecho de haber aceptado estos cargos y estas tareas tan delicadas y riesgosas como enfrentar la narcocriminalidad están sometidos a un proceso penal. Y a la procuradora se le pidió el juicio político por haberlos designados, sin que nadie explique que las designaciones fueron hechas de acuerdo a la ley". "Tenemos 40 fiscales denunciados penalmente" en el país, justamente aquellos que fueron elegidos para proteger a la gente de los delitos más graves. Y a eso se sumó otro pedido de juicio político a la Procuradora "por realizar giras en las provincias para hablar de la reforma judicial -dicen--. O sea que los diputados provinciales que me invitaron a Santa Fe (Luis Rubeo, Leandro Busatto y Eduardo Toniolli) serían los instigadores de esta actividad ilícita que estoy desarrollando", ironizó Gils Carbó. Aplausos y carcajada general.
"¿Desde cuándo se volvió peligroso hablar de una reforma judicial? ¿Qué hay detrás de estos ataques al Ministerio Público Fiscal?", volvió a preguntarse Gils Carbó. "Y lo que se ve claro es que hay poderosos intereses que no quieren que nada cambie en la justicia. Que quieren que los hechos de impunidad se mantengan inalterables".
"Pero hay algo que no tiene vuelta atrás y es que la sociedad cambió", dijo la procuradora al repasar los avances de la década (la reconstrucción de la memoria histórica, el paradigma igualitario). "Cuando uno toma conciencia que la patria es el otro, que los derechos están en la protección del vulnerable, la mente se agudiza, el corazón se ensancha, entonces, ¿cómo esa sociedad va a querer convivir con esa magistratura que parece en un Olimpo? Un Olimpo que a lo largo de la historia legitimó dictaduras, actos genocidas, actos aberrantes como la apropiación de bebés y el vaciamiento neoliberal del patrimonio social".
"La sociedad avanzó y la administración de justicia sigue aferrada a un modelo burocrático y autoritario, alejado del interés de la sociedad, pero con vínculos muy próximos a los poderes fácticos. Esta tensión y esta incompatibilidad entre una sociedad que avanza y una justicia corporativa y elitista quedó a la vista del ciudadano común y eso también es parte del cambio, del signo de los tiempos", siguió la Procuradora.
"Pueden declarar inconstitucionales todas las reformas que se han propuesto últimamente, pero hay algo que no va a cambiar. Que ya estamos viendo el rostro verdadero de la justicia, que como en el mito de la Medusa, tiene un rostro oculto y peligroso que amenaza con transformar en piedra al que lo vea porque había que someterse a ella para evitar la destrucción o por lo menos la segregación corporativa. Pero hay ciudadanos, magistrados y funcionarios que eligieron no someterse a este modelo de justicia, que reclaman un cambio, una refundación de la justicia sobre otras bases, las de un país democrático, más justo y solidario", concluyó.
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