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No hay modo rápido de saber ni siquiera cuántos jardines maternales funcionan hoy en toda Santa Fe. Mucho menos existe la posibilidad de controlar y garantizar que en todos se estén cumpliendo las premisas de la Convención de Derechos del Niño. El Estado sólo los registra a nivel municipal, como a cualquier comercio que pide habilitación para abrir y vender lo suyo, salvo en escasas ciudades donde se incluye alguna mirada de orden pedagógico. Rosario es una de ellas, y sin embargo esta semana se conoció la denuncia penal de una pareja contra una de estas guarderías por maltratos del personal a cargo hacia su hija, una beba de 19 meses. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados duerme desde hace un año un proyecto de ley que pretende regular y controlar el funcionamiento de guarderías, jardines de infantes y maternales privados desde el Estado provincial.
"El Estado debe estar presente en cuánto a qué es lo que pasa en los jardines maternales particulares, a los efectos de darles tranquilidad a los padres, dar la seguridad de que estos se encuentran registrados y supervisados, y que no sea un emprendimiento comercial que se abre de la noche a la mañana, y que luego funciona sin controles pertinentes", argumenta la diputada provincial Griselda Tessio, autora del proyecto que ingresó en agosto de 2012 en la comisión de Educación, y quedó allí sin que sus miembros lo discutan.
"Santa Fe renunció hace mucho, en tiempos de Ongañía, a tener injerencia en la educación inicial y la delegó al mercado. Hoy, para abrir un jardín, hay que ir al municipio o comuna y presentar los mismos requisitos que se le piden a un comercio cualquiera. Por lo general, sólo la titular es maestra de nivel inicial pero el personal no lo es y se lo toma en negro. De esa manera, siempre será difícil exigir idoneidad profesional", marcó la diputada radical.
Esta semana, el fiscal Guillermo Corbella elevó al juez correccional Juan Carlos Curto la denuncia de los padres de una niña de un año y medio basada en cuatro horas de grabación furtiva de lo que ocurría en la sala de bebés del jardín Tiempos de Crecer, de Montevideo 1840. El audio incluye frases de una de las mujeres a cargo como "pendeja de mierda", "volá de acá pibita", "callate, caprichosa", "enferma, loca como tu mamá" y otras agresiones por el estilo. Según contó la madre, a lo largo de la toma --registrada con un grabador oculto en el cochecito de la nena-- no se escucha que las docentes organicen juegos o canten con los niños, y sí se oyen llantos constantes. Eso, sumado a cambios de comportamiento que observaron en su hija en relación al jardín motivó a este matrimonio a radicar una denuncia por maltrato.
El titular de Sadop, Martín Lucero, consideró que el caso del jardín Tiempos de Crecer "son hechos aislados, que hay que investigar y sancionar severamente a los responsables y no permitir que estén más en contacto con chicos, pero no hay que recaer sobre la figura del docente". Y en ese sentido, requirió que se investigue quiénes son los dueños de los jardines, no necesariamente docentes. "El control es muy difuso, y lo paradójico es que el Ministerio de Educación no tiene competencia sobre los jardines, cuando pareciera ser el organismo más competente en el ámbito provincial", agregó el gremialista de la educación privada.
En Rosario hay 199 establecimientos de este rubro habilitados por la Municipalidad. Los supervisa la Dirección General de Infancias y Familias, de la Secretaría de Promoción Social. Se les exige el proyecto pedagógico y los legajos de docentes y no docentes. Eso no evitó la situación que ahora está en manos de la Justicia.
Para la diputada Tessio, "esta etapa tan vital no puede ser descuidada por el Estado provincial. Hoy por hoy la apertura de jardines maternales y guarderías en nuestra provincia depende de la habilitación que cada Municipio otorga. No se les exige más que a cualquier comercio. No se requiere supervisión pedagógica ni los rigurosos controles que deberían estar presentes en una temática tan cara a los intereses de nuestros menores".
La legisladora contó que luego de presentar su proyecto en la Cámara, la visitó un grupo de dueños de jardines privados. "Me plantearon que si tenían que blanquear a su personal y pagarle el sueldo de la paritaria docente, los números no le daban y deberían cerrar esas fuentes de trabajo", relató. Según dijo, hoy esta fuerza laboral está incluida en la paritaria de Empleados de Comercio.
El proyecto. La propuesta de Tessio sumó la firma del peronista Héctor Acuña. Sin embargo, no mereció mayor atención en la comisión que preside Rosario Cristiani (PJ), quien más tarde elaboró una propuesta parecida. El proyecto de la ex vicegobernadora establece que los establecimientos educativos para niños de entre 45 días y 5 años estén bajo la órbita del Ministerio de Educación, que controle "sus condiciones ambientales y pedagógicas, la idoneidad y desempeño del personal directivo y docente y las adecuaciones edilicias y sanitarias". Impone la creación de un registro de jardines no incorporados a la enseñanza oficial, y que sea "de consulta pública y gratuita".
La iniciativa los clasifica en jardines maternales (hasta 2 años), jardín de infantes (de 3 y 4), y escuelas infantiles (de 45 días a 5 años). Y se explaya en diversos requisitos sobre la seguridad de los establecimientos, la solvencia profesional de sus responsables y las sanciones posibles ante el incumplimiento de la ley.
"Lamentablemente, espero que casos como el del jardín denunciado en Rosario movilicen la urgencia de tener una legislación acorde en Santa Fe", concluyó Tessio.
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