Le salió el tiro por la culata

Hace siete semanas, el ex jefe de la policía provincial Hugo Tognoli, amplió su declaración indagatoria ante el juez federal Marcelo Bailaque y el fiscal Juan Patricio Murray. Así repitió que no podía controlar las consultas al Registro Automotor, que había encomendado investigar al narco Carlos Ascaini, y que había desplazado de su cargo al jefe antinarcóticos de Venado Tuerto por las quejas de una fiscal. Desde entonces desfilaron siete testigos que desmintieron la mayoría de las afirmaciones de quien se considera "preso político". Rosario/12 accedió a esas declaraciones y revela su contenido.

El eje de la defensa de Tognoli fue desplegado la primera semana de agosto de 2013. Entonces, dijo que no podía chequear cada consulta realizada al Registro y pidió que se citara al comisario Luis Oliva, jefe de Informática, para corroborarlo. Sin embargo, Oliva le dijo a la justicia que si hubiese querido chequearlas, podría haberlo hecho. Podría haber revisado la cantidad y ver el contenido que habían revisado cada uno de los responsables de las claves. Lo que queda claro después de leer la declaración de Oliva es que Tognoli era el responsable administrativo y podía hacerlo, ya que contaba con un explicativo que lo habilitaba.

El comisario Néstor Armúa, por su parte, declaró ante la justicia que lo desplazaron de su cargo al frente de la sección antinarcóticos de Venado Tuerto por investigarlo al narco Carlos Ascaini.

En cambio, en su ampliación indagatoria Tognoli aseguró que desplazó de su cargo al comisario Armúa por las quejas sobre su desempeño vertidas por la ex fiscal federal Liliana Bettiolo sobre un operativo realizado en tierras cordobesas, contra un hombre de apellido Giaspone. Sin embargo, ante el juez Bailaque, Bettiolo negó haber cuestionado a Armúa, quien además pasó a saludarla la misma mañana que Tognoli se entrevistó con la funcionaria en su propio despacho, una reunión de la que también participó el jefe de inteligencia de drogas del sur santafesino Gustavo Spoletti. Este jefe policial, que estuvo en la misma oficina con Tognoli y Bettiolo, dijo que "no pudo escuchar" el contenido de la charla entre ambos, así que no podía dar fe de las quejas federales.

En su testimonio, Bettiolo consideró "extraño" que Spoletti no haya escuchado la conversación, en una oficina pequeña de dos metros por uno y medio, pero que jamás se había quejado de Armúa. Y remarcó que, entre otras cuestiones, los procedimientos señalados por Tognoli había ocurrido en el marco de otra causa --que mencionó como Galucci--, y un año antes.

La otra declaración que se evalúa de cerca en el fuero federal es la del ministro de Seguridad Leandro Corti. De su testimonio se desprende claramente que hasta su llegada al cargo no había ninguna directiva de la Dirección Provincial de Control de Adicciones ni de la Jefatura de policía de Santa Fe para reccionar ante la queja de intendentes y vecinos del sur santafesino, quienes señalaban Ascaíni y a Aldo Totola Orozco como narcotraficantes. Esto lo reseñan claramente Armúa, Alberto Moreyra y el actual jefe antinarcóticos Alejandro Druetta.

Esto recién se revirtió con la llegada de Corti, quien prestó oídos y decidió cambiar la forma de trabajo. Es importante el contraste que se puede leer entre la indagatoria de Tognoli y la descripción de Corti. El ex jefe policial aseguró que había emprendido acciones varias contra Ascaíni y similares del sur santafesino. Corti recordó que en mayo de 2012 decidió que la Dirección General pasara directamente al control del Ministerio de Seguridad y lo sacó de la policía por el desorden que había en la Dirección General de Control de Adicciones. De la que Tognoli había sido jefe, para luego ser ascendido a máxima autoridad de la fuerza en la provincia.

"En mayo de 2012 se tomó la medida política de pasar a tres áreas como las Tropas de Operaciones Especiales, Trata de Personas y la ex Drogas Peligrosas a depender directamente del Ministerio de Seguridad. A partir de ahí se comenzó a trabajar en la formulación de criterios políticos de intervención de esas áreas con el fin de robustecer la autoridad política sobre esas áreas, para reducir lo que era un problema serio en ese entonces, que era la autonomización en términos policiales. Desde esa decisión política se pretendió que existiera mayor injerencia de la autoridad política, de los criterios de intervención que se tenían que desplegar en esas áreas", planteó Corti.

"El área de drogas la percibía como la más compleja y problemática, y había una diversidad de problemas, había una escasa confiabilidad del área en el fuero federal y en la jurisdicción en general, había un problema muy serio de falta de confiabilidad de la justicia con el servicio policial, lo que obturaba el buen funcionamiento. Uno pretendía empezar a trabajar sobre la estadística criminal y ver cuál era la tasa de esclarecimiento, que era baja", agregó el ex ministro.

"Otro problema que detectamos es que muchas veces se introducían partes investigativos en relación a determinados sujetos por la ley 23.737 (ley de estupefacientes) y que las investigaciones se eternizaban sin obtener resultados", fue el último de los planteos de Corti, que reseñó de ese modo la forma en que había trabajado el anterior jefe de drogas, que no era otro que el propio Tognoli.

Pero esas declaraciones que dejaban al descubierto sus falencias no fueron los únicos sinsabores para el autodenominado preso político. El comisario Alberto Moreyra, jefe la BOD Venado Tuerto, negó haber recibido directiva alguna o línea de investigación determinada por su superior, el comisario Hugo Tognoli. En buen romance, negó que Tognoli le hubiese dado orden alguna de investigar a Ascaíni, tal como lo había asegurado en su ampliación.

Tognoli tuvo la oportunidad de hacer su descargo defensivo, pero ante el nuevo juez, Bailaque, tras la separación de Carlos Vera Barros del trámite, por decisión de la Cámara de Apelaciones. Los argumentos del acusado volvieron a centrarse en los que mantiene desde el mismo día de su detención: que la clave otorgada por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor para averiguar la pertenencia de los vehículos que seguían a Ascaíni sólo le servía al usuario (el comisario Fernández), quien era responsable de la misma; que él no podía ingresar a ese sistema por carecer de clave y que sólo respondía ante el Registro por la cantidad de consultas realizadas pero no por el contenido de las mismas; que nunca conoció a Ascaíni por lo que no pudo favorecerlo; y, entre otras cosas, que quien avisó a Ascaíni de quiénes lo seguían fueron los efectivos de la comisaría de Villa Cañás (el cabo Quintana) donde trabajaba también un cuñado del supuesto narco.

Trató de tirar la pelota afuera, pero sus propios ex compañeros de la fureza no lo dejaron.

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