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Los más de cuarenta homicidios cometidos en Rosario durante el comienzo de este año dejaron expuesta la vulnerabilidad de los jóvenes en los barrios más alejados del centro y el fácil acceso a las armas que lleva la violencia a un grado extremo. Según datos oficiales, durante el 2013 la Unidad Regional II secuestró 1195 armas de fuego en distintos procedimientos policiales, y se reportaron como sustraídas 178. Sin embargo, según datos de la delegación local del Registro Nacional de Armas (Renar), no se informaron más que tres armas secuestradas en todo el año, siendo que la ley 25.938 obliga al Ministerio de Seguridad a hacerlo para que haya un control eficiente de estos elementos. Qué pasó con esas armas?
Por si fuera poco, datos oficiales de esa delegación, que funciona en 9 de julio 3393 dan cuenta de que por día se informan de dos a tres armas extraviadas por las fuerzas de seguridad. "Por día se le pierde o le roban un arma calibre 9 milímetros a dos o tres policías de la provincia, y aunque hubo un pedido de informes del Renar nunca fue respondido por parte de las autoridades", contó a Rosario/12 una fuente que pidió reserva de su identidad.
El propio ministro de Seguridad Raúl Lamberto reconoció que hoy el resguardo es "precario". Y consideró necesario comenzar a implementar protocolos específicos respecto a las armas secuestradas y a las de la propia policía.
Pero la irregularidad planteada por el Renar no es menor, si se tiene en cuenta una denuncia de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y Adolescencia que vincula la presencia de armas de grueso calibre en manos de menores de edad a una connivencia entre los narcocriminales y los agentes de seguridad pública.
"El grueso calibre desenmascara un mercado negro relacionado a las fuerzas de seguridad, que se las proveen a los chicos. La gente en general está armada", describió indignado un referente barrial de Barrio Ludueña.
"Vemos una complicidad entre la policía, las armas y la droga que es el gran negocio que se está disputando hoy en los barrios. Y quién pone el cuerpo? Los chicos son los escudos de ese negocio, los que terminan siendo asesinados", dijo preocupada Liliana Leyes, una de las integrantes de la Asamblea, que reúne a unas quince organizaciones barriales.
Según esgrimen estas agrupaciones, el acceso de los jóvenes a las armas de fuego en los sectores periféricos de la ciudad comienza desde los 13 años. Se trata de revólveres que provienen de un mercado ilegal instalado en el propio barrio y naturalizado.
Todas ven con preocupación la cotidiana aparición de armas calibre 38 y 9 milímetros que han ido reemplazando a las tumberas de otra época.
A la hora de buscar razones, hay coincidencia entre quienes caminan los sectores más desprotegidos de Rosario. Esgrimen al menos tres. "En primer lugar el narcotráfico instalado de forma organizada que se provee de pibes y pibas que no pudieron encontrar su futuro en el trabajo o en el estudio. En segundo lugar, la presencia corrupta de la policía en el territorio que según nos cuentan los chicos hasta les provee las armas. Hoy un revolver calibre 22 puede conseguirse a 300 pesos o canjearse por algún objeto robado", denunció Facundo Peralta de la Organización Causa y Efecto, que trabaja en Villa Banana e integra la Asamblea.
La tercera causa, según esta lectura es la "ineficiencia" de las políticas públicas de intervención social.
Denuncian que no están debidamente articuladas las áreas de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad y la Provincia. Y que la Nación "directamente no está en el territorio". Por esa razón, la Asamblea pedirá ante el Concejo Deliberante la Emergencia de la Niñez en Rosario a fin de que se multipliquen los fondos asignados.
Los pibes. "Hay que entender que el tema de fondo no son las armas. Son los pibes. Lo que tiene que hacer la política pública es pensar qué se les puede ofrecer para que estos chicos que salen con un arma a robar dejen de hacerlo", opinó Leyes.
La militante social remarcó: "El arma es una herramienta que utiliza el niño o adolescente para defenderse porque evidentemente no le han provisto de otras herramientas como es la educación y un proyecto de vida. Hoy un chico que terminó el secundario o pertenece activamente a una organización social no tiene armas. Es clarito. Quienes caen en las redes del delito, sienten que no tienen otra herramienta para defenderse. Por eso esto de crear un organismo que pueda controlar las armas en manos de civiles, no es una política transformadora, es más de lo mismo", opinó.
Control. Para ejercer un mayor control sobre estos elementos en poder de los civiles, el Ministerio de Seguridad de la Provincia anunció la creación de nueva Subsecretaría de Control de Armas y Prevención de la Violencia Armada, que comenzaría a funcionar en marzo.
Así se intenta profundizar la política de desarme que comenzó con las campañas provinciales realizadas en 2012 y 2013, con resultados exigüos. En esta última unas mil armas fueron entregadas por ciudadanos de la provincia, de las cuales unas 300 correspondieron a Rosario.
Por otra parte, en el marco del Plan Nacional de Desarme que depende del Ministerio de Justicia de la Nación durante 2013 unas 400 armas y cinco mil municiones fueron devueltas a la delegación del Renar local.
Como es un trámite anónimo, no se registra el nombre de quien realiza la entrega y salvo que sea un elemento con pedido de captura por la justicia, las armas son inutilizadas y luego destruidas para su posterior reciclado.
Si se suman las campañas hay que hablar de un total de 700 armas de fuego devueltas en un 2013 en Rosario. Una cifra mínima. "Genera una concientización y sensibilización muy importante en la población pero no es suficiente. El año pasado la mayor parte de los que devolvieron las armas eran mujeres y adultos, cuando la población más comprometida hoy es otra", reflexionó el ministro de Seguridad Raúl Lamberto, al fundamentar la creación de un organismo que haga inteligencia para lograr el desarme.
Aunque organismos existen. Actualmente además del Renar, está el Control Regional de Armas (CREAR) en manos de la policía provincial y con la potestad de iniciar investigaciones sobre los usuarios. Así como un Registro Provincial de Armas que funciona en la ciudad de Santa Fe.
Pero el Ministerio de Seguridad de la provincia lee que el desarme civil es una necesidad urgente y cree necesario sumar una nueva repartición. El tiempo dirá si es suficiente y si logra frenar la escalada de muertes violentas, que en su mayoría involucran a jóvenes de escasos recursos, que a temprana edad reciben un arman y precozmente pagan con su vida.
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