César Frilochi sigue en su puesto

Desde Santa Fe

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia solicitó ayer al rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Cantard, que separe de su cargo a uno de los ex agentes secretos del Ejército que operó como PCI durante la dictadura, César Luis Frilochi, lo denuncie ante la justicia y se presente como querellante en la causa para que "sea juzgado y condenado como corresponde". El petitorio fue entregado al propio Cantard tras una marcha convocada por el Foro hasta las puertas del Rectorado para reclamarle la "decisión política" de expulsar de la UNL a los "soplones" de la Inteligencia militar, como lo hizo la Universidad Nacional de La Plata. El reclamo apuntó a Frilochi, pero puede extenderse a otros.

"La construcción de memoria, verdad y justicia ante el terrorismo de estado" exige "posturas claras y firmes en defensa de la democracia, el compromiso con los derechos humanos y el repudio de quienes se sirvieron de los recursos estatales para asegurar la eficacia de un siniestro plan de exterminio de los militantes opositores", dice el documento.

Ya el 26 de marzo de 2010, los querellantes en juicios de lesa humanidad le habían pedido explicaciones a la UNL sobre el rol de Frilochi. El vocero fue el abogado Horacio Coutaz, quien entonces patrocinaba a una denunciante de Frilochi, Amalia Ricotti, y hoy es secretario de Derechos Humanos de la provincia. "Por respeto a la memoria de los muchos detenidos y desaparecidos que tiene esta Universidad, al menos debemos pedir una explicación sobre cuál fue la labor de Frilochi como PCI en esta casa", dijo Coutaz frente al vicerrector de la UNL, Miguel Irigoyen y el decano de la Facultad de Derecho, José Manuel Benvenutti.

Tres días antes, Frilochi había declarado como testigo en el juicio a otro PCI, Horacio Barcos (condenado a 15 años de prisión por el secuestro y torturas a Ricotti y su ex esposo, Alberto Tur, en 1978). Pero incurrió en tantas contradicciones que Suárez Faisal le abrió una causa por falso testimonio. El fallo está recurrido ante la Cámara de Casación Penal.

Ayer, cuatro años después, el Foro recordó que en 2010, "las autoridades de la UNL" habían sido "advertidas en forma pública por tener entre sus cuadros superiores de personal no docente a un represor impune. Un ex agente que actuó como PCI del Ejército, que operó en plena dictadura y continuó en funciones en democracia hasta 2006".

"Frilochi, al igual que Barcos, dependía del Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe", explicó el Foro. Uno de sus jefes, "el teniente coronel (Domingo Manuel) Marcellini" declaró ante la justicia que uno de sus subalternos, un ex suboficial del Ejército, Jorge Eleodoro Hauque, "tenía bajo su mando a todos los PCI" de la unidad. "Una de las tantas mentiras en que incurrió Frilochi ante el Tribunal (que condenó a Barcos) es haber negado conocer a Hauque, a quien entregaba sus informes en forma periódica", agregó el Foro.

Cantard recibió el petitorio en una reunión con los dirigentes del Foro, entre ellos Hugo Kofman; los abogados de Hijos, Lucila Puyol y Guillermo Munné, el secretario general del gremio de los no docentes (Apul), Rubén "Benchi" Gómez y representantes del Movimiento Evita, entre otros. "La entrevista fue muy positiva", dijo Amalia Ricotti, que también participó.

Kofmann dijo que se le pidió a Cantard que expulse de la UNL a los soplones de la dictadura. "Le dijimos que la Universidad de La Plata ha procedido de esa manera con varios de los PCI que tenía en sus filas, docentes y no docentes. Es hora que la UNL tome la decisión política de echar a los PCI", agregó.

"Benchi" Gómez recordó que Frilochi era un "infiltrado en la UNL, que pasaba nuestros datos y se hacía el Che Guevara. Y cuando nos enteramos que era PCI (en 2007, por la causa judicial a Barcos) fue un baldón. En ese momento era afiliado y representante de Apul en el consejo superior de la UNL. Hoy, no es ninguna de las dos cosas", dijo.

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