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Desde Santa Fe
El ministro de Justicia Juan Lewis, defendió la propuesta del gobernador Antonio Bonfatti de promover a dos ex funcionarios de la Casa Gris: Hebe Marcogliese y Eduardo Fajardo, como jueces penales de Rosario. "Estaría muy bien que enriquezcan la planta judicial con su dosis de experiencia", dijo en un diálogo con Rosario/12. Los dos pliegos debían ser tratados el jueves en la Asamblea Legislativa que fracasó por falta de quórum, por lo que si el jueves que viene se repite el faltazo general, ambos quedarían designados por acuerdo tácito. Lo mismo podría ocurrir con otros diez magistrados, entre ellos el juez penal subrogante de Tostado, José Luis García Troiano, que recibió cinco impugnaciones de organismos de derechos humanos y campesinos del norte y --ante un segundo fracaso legislativo- quedaría confirmado como titular en el cargo.
Marcogliese estuvo al frente de la Agencia Provincial de Seguridad Vial en el turno de Hermes Binner y luego Bonfatti la incorporó al equipo de asesores en el Ministerio de Gobierno, en diciembre de 2011. Fajardo fue director de Capacitación Penitenciaria del Ministerio de Seguridad en la gestión Binner y en mayo de 2012, Bonfatti lo propuso como fiscal regional de Venado Tuerto, pero después retiró el pliego. Ahora, lo volvió a proponer como juez.
Lewis esgrimió tres argumentos para defender las promociones de Marcogliese y Fajardo como jueces penales de Rosario. "Primero: fueron funcionarios del gobierno anterior, no de ese gobierno. Segundo: ellos nunca ocultaron esa situación. Y tercero: no me parece una causal de impugnación. Lo he dicho varias veces y en relación a otros postulantes. No me parece una causal de impugnación que hayan tenido un tránsito por el Poder Ejecutivo", dijo.
Lewis dijo que Marcogliese y Fajardo "ya habían tenido muy buenas calificaciones en concursos" anteriores y "éste, lo ganaron claramente. Así que remitimos los pliegos, sin perjuicio de respetar decisiones divergentes (de los legisladores)", agregó el ministro. Marcogliese pasó del equipo de Binner al de Bonfatti, quién la nombró "asistente técnico" en el Ministerio de Gobierno el 19 de diciembre de 2011 (decreto 343), aunque después adelantó la fecha de designación al 12 de diciembre (decreto 519).
Marcogliese y Fajardo participaron en un concurso múltiple para jueces penales de Rosario --dos cargos-, Villa Constitución, Casilda, Cañada de Gómez y San Lorenzo, que ganó el abogado Fausto Yrure, defensor de imputados en la causa de los Monos. Fajardo quedó segundo y Marcogliese, cuarta. Bonfatti excluyó a Yrure y propuso a Fajardo y Marcogliese como jueces de Rosario.
La controversia sobre el salto de funcionarios del Poder Ejecutivo a la justicia ya se planteó en la Legislatura el año pasado con el pliego de Jorge Barraguirre, quien pasó de fiscal de Estado de Binner, a asesor de Bonfatti y luego a procurador general de la Corte Suprema. Desde entonces, el gobierno ha designado más de una docena de funcionarios en la justicia, varios en el fuero penal de Rosario.
El grupo más numeroso fue en abril de 2013, cuando Bonfatti propuso a nueve funcionarios y abogados contratados en la Casa Gris como fiscales y defensores de Rosario. Pasaron seis: el fiscal Sebastián Narvaja y los defensores Martín Riccadi, Francisco Broglia, María Laura Blacich, Mariano Bufarini y Gonzalo Armas.
Broglia fue director de Prevención y Seguridad Comunitaria; Bufarini, director del Servicio Penitenciario; Armas, secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad y Blacich, asesora técnica del ex ministro de Justicia Héctor Superti.
Riccardi y Narvaja estuvieron contratados en el Ministerio de Justicia en 2009, éste último en la Dirección de Transformación del Sistema Penal. Hoy, Narvaja es jefe de la unidad fiscal de Delitos Económicos y Complejos de Rosario y uno de sus segundos, el fiscal Adrián Mac Cormack -designado en la misma Asamblea Legislativa del 4 de abril de 2013- quedó a cargo de la causa que investiga qué juez dio la orden para que dos funcionarios del Ministerio de Gobierno, Javier Echaniz y Martín Degrati, operaran la computadora Mac del empresario Luis Medina, a pocas horas del crimen.
En junio de 2013, se designó jueza laboral subrogante de Santa Fe a la abogada María Victoria Acosta y en setiembre al defensor general de Venado Tuerto, Mariano Mascioli, también por acuerdo tácito. Acosta fue secretaria privada del ex ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez y Mascioli, sobrino de Superti, tuvo un contrato en el Ministerio de Justicia. El pliego de Mascioli ya había sido despachado un año antes, en mayo de 2012 y luego retirado; vuelto a enviar en 2013 y aprobado de hecho. En setiembre de 2012, otros dos abogados contratados por el Ministerio de Justicia, Sebastián Moleón Barsani y Adrián Rocca, fueron designados defensores públicos.
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