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Desde Santa Fe
El juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, volvió a declararse incompetente -por segunda vez en tres meses- en otra causa que el Ministerio Público considera de "gravedad institucional". Se trata de una investigación al ex jefe de Policía de la provincia Hugo Tognoli, al subsecretario del Ministerio de Seguridad Diego Poretti y al juez penal Jorge Pegassano por los supuestos delitos de "allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". La denuncia fue presentada el 24 de febrero por el fiscal Walter Rodríguez, quien apeló ante la Cámara Federal de Rosario, que ahora deberá resolver si el proceso sigue en el fuero o pasa a la justicia ordinaria, como resolvió el juez Rodríguez. Según el fiscal, la causa está congelada en una "situación desconcertante" porque desde que denunció a Tognoli, Poretti y Pegassano "no existió ni un solo acto de naturaleza probatoria" y se diluyó en "trámites inconsistentes".
El juez Rodríguez ya había intentado desligarse de la investigación en febrero, cuando rechazó la inhibitoria de su colega, el juez federal Nº2, Francisco Miño. La Cámara Federal (sala A) le dio la razón a Miño. El expediente volvió entonces a manos del juez Rodríguez, que ahora volvió a declararse incompetente y dispuso girarlo al juez de turno en los Tribunales de la provincia. La apelación del fiscal evitó ese pase.
El origen de la causa es una razzia en Colastiné Norte, el 27 de junio de 2012, en la que participaron Tognoli, Poretti, Pegassano y el entonces jefe de la Guardia de Infantería, Marcelo Bustamante, quien es el cuarto imputado. Una de las requisas derivó en un proceso por supuesta infracción a la ley de estupefacientes y la detención de dos personas, con conocimiento del juez federal, que era Miño.
Sin embargo, cuando el fiscal Rodríguez intentó avanzar en el juicio por drogas no pudo hacerlo porque no había "orden escrita fundada" que justificara el registro del domicilio y ni siquiera un "expediente" judicial. Por lo tanto, pidió la "nulidad" de la requisa y el sobreseimiento de los dos imputados, que habían estado presos 48 horas. El 19 de setiembre de 2013, el juez Miño anuló todo y sobreseyó a los imputados por considerar que el allanamiento había sido "ilegal". "No puede pretenderse la utilización de pruebas incriminatorias que fueron obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales", porque eso significa "una violación al debido proceso y la defensa en juicio", dijo Miño.
La cosa no quedó ahí. El 1 de noviembre, el fiscal Rodríguez inició una investigación preliminar y el 24 de febrero, imputó a Tognoli, Poretti, Pegassano y Bustamante para que se los investigue por supuesto "allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes". La denuncia fue firmada también por el fiscal Félix Crous, titular de la Procuración General de Narcocriminalidad (Procunar). Y considera el hecho de "extrema gravedad institucional" porque el "procedimiento fue encabezado" por el entonces jefe de Policía de la provincia y un funcionario del gabinete de Antonio Bonfatti.
Abierta la causa, el juez Miño se excusó porque ya había opinado sobre el hecho al declarar "nulo" e "ilegal" el allanamiento del 27 de junio de 2012. "Motivos graves de delicadeza y decoro" que "pueden suscitar dudas acerca de la objetividad e imparcialidad de mi actuación como juez, me llevan a inhibirme", dijo. Sin embargo, el juez Rodriguez rechazó la inhibitoria de su colega por falta de "fundamentos" y hasta arriesgó que aquel proceso por drogas que Miño había declarado inválido no tenía nada que ver con la investigación a Tognoli, Poretti y Pegassano. "No existe una vinculación". "No se verifica conexidad objetiva ni subjetiva entre aquel expediente y éste", sostuvo. La Cámara le dio la razón a Miño.
El 9 de abril, el fiscal Rodriguez ratificó la competencia federal al sostener la tesis opuesta a la del juez. Consideró que los hechos forman parte de la misma trama. Los presuntos "delitos de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes facilitaron la impunidad de conductas sancionadas" por la ley de estupefacientes. "Las irregularidades en torno al cuestionado allanamiento del 27 de junio de 2012 fueron determinantes para truncar un proceso judicial relativo a conductas previstas en la ley 23.737", dijo el fiscal. Y advirtió que la causa estaba congelada en "una situación desconcertante" porque desde que presentó la denuncia en febrero "no existió ni un solo acto de naturaleza probatoria" y se diluyó en "trámites inconsistentes".
El 24 de abril, el juez Rodriguez volvió a declararse incompetente para investigar a Tognoli, Poretti y Pegassano. Sostuvo que la causa contra los dos imputados por tenencia de estupefacientes fue "un desprendimiento" de un "allanamiento ordenado" por Pegassano. Por lo tanto, "no puede considerarse -como pretende el fiscal- que Tognoli y compañía actuaron en el allanamiento "bajo las órdenes" de Miño, sino que por el contrario "se encontraban obedeciendo órdenes" de Pegassano. "Tal extremo queda demostrado en que la causa iniciada en el Juzgado de Miño es distinta (sic) a la que se formó en el Juzgado de Pegassano respecto a los mismos sujetos imputados por tenencia de drogas.
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