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Magdalena Cabrera, de 32 años, estaba acostumbrada a contactar clientes de los jabones Sagyd, producidos en Cañada Rosquín. Pero nunca había tenido ninguna actividad sindical. Todo cambió en marzo, cuando los propietarios de la fábrica fundada en 1951 se fueron, dejándolos con más de dos meses de sueldo, el aguinaldo y un retroactivo de 2005 sin cobrar. Participó del corte de la ruta 34 que duró tres días en el pueblo de León Gieco, y al igual que sus 82 compañeros, no se resignó a quedarse sin trabajo. Formaron una cooperativa, que hoy integran 63 personas, y pelean por la expropiación de la planta, al mismo tiempo que esperan con ansiedad la audiencia fijada para el 26 de julio con el juez Tristán Regulo Martínez, de Santa Fe, a cargo de la quiebra. Otra empresa está a punto de ser recuperada por sus trabajadores en la provincia.
"Ibamos a empezar a producir el viernes, pero no nos llegó la materia prima que compramos gracias a un préstamo de vecinos del pueblo. Creo que comenzaremos el martes a poner en funcionamiento las máquinas", se entusiasma Cabrera, hoy secretaria de la cooperativa, locuaz y clara para exponer las alternativas de esta nueva vida que comenzó de manera angustiosa, en octubre pasado, cuando el pago de los salarios se atrasó por primera vez. Y hoy se viste de esperanza.
"Soy la última que entré a trabajar en la fábrica, en diciembre de 2003. Tengo mucha expectativa de que vamos a salir adelante. El tiempo no nos derrotó, y entre todos tratamos de ir levantando al compañero que se cae. Creo que voy a seguir en la sección ventas, y estoy entusiasmada porque muchos clientes nos han llamado para pedirnos los productos. Como el teléfono de la fábrica no funciona más, han tenido que hacer un esfuerzo para comunicarse, y a todos los que llamamos nos dicen que están interesados en volver a comprarnos", dice esta mujer, separada y con tres hijos, que depende de su trabajo para sostener a toda la familia. "El mercado está. Va a ser difícil volver a empezar pero no imposible", afirma.
La cooperativa está formada por 63 personas, ya que algunos se jubilaron y otros consiguieron trabajo en localidades cercanas. "Durante todos estos meses intentamos que el que tenga un trabajo aparte lo pueda hacer, en el pueblo nos dan changas, también algunos compañeros se fueron deprimiendo, pero todos sabemos que cuando la fábrica esté funcionando nuevamente, las cosas van a mejorar", relata.
Mientras se gestiona la personería jurídica de la cooperativa en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), ya tienen matrícula nacional, provincial, están inscriptos en ingresos brutos y en condiciones de emitir facturas. Esperan que los proveedores tengan un poco de paciencia. "Algunos ya nos dijeron que nos darían plazo para pagar", adelanta. El trámite de expropiación está en el Senado provincial, donde lo ingresó el representante del departamento San Martín, Daniel Depetris. Varios diputados provinciales les aseguraron que los apoyarán cuando se trate en la Cámara baja.
La historia de la cooperativa Sagyd comenzó a escribirse el 14 de marzo pasado, cuando los trabajadores reclamaron el pago de al menos el 20 por ciento de los salarios adeudados. "Los propietarios, Ariel y Martín Rodríguez, nos habían dicho que la fábrica estaba en venta, que había gente de Paraná interesada en comprarla. Pero ese día nos llamaron, y afirmaron que los trámites para la compra habían desistido. Hablaron de que vendrían inversionistas de Buenos Aires, y nos pidieron que siguiéramos trabajando gratis. Se decidió no hacerlo", relata la trabajadora. En realidad -según cuenta-, estos supuestos inversionistas eran en realidad socios de los Rodríguez, y otros interesados que se acercaron un día después, eran testaferros. Los supuestos compradores plantearon despedir a 30 personas. No hubo acuerdo.
Los trabajadores decidieron un paro, y tomaron la fábrica. En la oficina habían quedado los propietarios. Cuando pudieron salir, los Rodríguez no volvieron más. Dejaron 6 millones de pesos de deuda. Después, los empleados descubrieron que habían llegado a malversar materia prima de clientes de Sagyd, derivándola a otra planta en San Nicolás que -asegura Cabrera- está a nombre de un testaferro. Los hasta entonces propietarios se fueron también del pueblo. Lo cierto es que en junio del 2005 la familia de Martín se había mudado, y una semana antes lo hizo la de Ariel. Con esta situación de incertidumbre, el 19 de marzo los trabajadores cortaron la ruta 34, y estuvieron allí hasta el 22. En ningún momento dejaron la fábrica sola. La cooperativa comenzó a gestarse y tuvo un hito el 3 de abril, cuando llegó al pueblo el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), José Abelli. Por otra vía, el mismo día llegó para asesorarlos el rosarino Roberto Bereciartúa, de la mano de Agricultores Federados Argentinos. "Fue un día histórico, porque marcó el inicio de los trámites", se emociona Cabrera.
Fue también en abril, el 26, cuando llegó el síndico Néstor Amud con la intención de clausurar la planta, ya que uno de los tantos acreedores habían pedido la quiebra. "No los dejamos entrar, volvimos a cortar la ruta porque eso hubiera significado no volver nunca a trabajar", relata la secretaria de la cooperativa. Expusieron que querían producir, y se negaron al alquiler de las instalaciones. En la primera audiencia, el 8 de mayo, el juez Martínez reconoció a la cooperativa, y dejó a los trabajadores como depositarios judiciales de los bienes. Un mes después, la cooperativa presentó al magistrado tanto un plan de negocios como un precontrato de alquiler.
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