Desde Santa Fe
Otro represor murió impune. Uno de los comandantes de GendarmerÃa que dirigieron la cárcel de Coronda en los años de la dictadura, Octavio Zirone, falleció en Buenos Aires, según informaron ayer fuentes judiciales. El deceso se produjo la semana pasada en la sala de unidad coronaria del Hospital Militar Central. Zirone estaba detenido para ser juzgado este año por el Tribunal Oral de Santa Fe, junto con sus sucesores en el cargo y también comandantes de GendarmerÃa, Adolfo Kushidonchi y Juan Angel DomÃnguez, por "tormentos agravados" a 39 presos polÃticos -y los últimos dos- por los "homicidios" de Luis Alberto Hormaeche y Raúl San MartÃn. Zirone fue quien entregó al desaparecido Daniel Gorosito a un grupo de tareas que mandó a buscarlo hasta la cárcel el ex jefe de la PolicÃa de Rosario y comandante de GendarmerÃa, AgustÃn Feced. Fue el 20 de octubre de 1976. Ocho dÃas después, Gorosito desapareció en "El Pozo" del Servicio de Informaciones de Rosario, donde lo vieron por última vez.
En la investigación del terrorismo de estado, la justicia logró probar que la cárcel de Coronda era un eslabón de "la maquinaria represiva", donde los detenidos polÃticos padecÃan los mismos suplicios que en los centros clandestinos y se "cometieron las más aberrantes violaciones a los derechos humanos". Todo, bajo "el ropaje de un centro de detención legal para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo o de jueces federales".
Zirone dirigió la cárcel de Coronda desde el 24 de agosto de 1976 hasta el 7 de diciembre de 1977. Formaba una dupla con Kushidonchi. Y un par de meses lo reemplazó DomÃnguez. "Durante 1977, los internos eran trasladados a las comisarÃas 1 y 4 de Santa Fe, en algunos casos sin dejar asiento de su salida del penal, donde fueron sometidos a torturas y permanecieron encapuchados y esposados por dÃas y semanas. Y bajos esas condiciones, se les recibÃa declaración indagatoria", dice la acusación que pesaba sobre el imputado. "Esta circunstancia también fue utilizada como un instrumento de presión psicológica y de hostigamiento, ya que los internos debÃan soportar la amenaza de ser sacados del penal, sufrir torturas o bien, no regresar, como sucedió con Daniel Gorosito, quien luego de ser trasladado a Rosario en octubre de 1976, fue sometido a torturas y asesinado".
Para la justicia que ahora no podrá juzgar a Zirone, pero sà a Kushidonchi y DomÃnguez, los tres formaban parte de "una organización criminal" que aplicó un "plan sistemático" para la "eliminación fÃsica o neutralización ideológica de los opositores polÃticos" a la dictadura. "Ocuparon importantes cargos dentro de la estructura represiva estatal y desde la dirección del penal de Coronda comandaron, organizaron y ejecutaron las gravÃsimas violaciones a los derechos humanos" que les imputó el Ministerio Público: "tormentos agravados" a 39 presos polÃticos y en el caso de Kushidonchi y DomÃnguez los "homicidios" de Hormaeche y San MartÃn.
El juez federal Reinaldo RodrÃguez procesó a los tres gendarmes el 29 de junio de 2012. La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento el 6 de mayo de 2013. Zirone y Kushidonchi apelaron ante la Cámara de Casación Penal, que rechazó el recurso un mes después, el 28 de junio de 2013. En octubre, el fiscal federal Walter RodrÃguez hizo el requerimiento de elevación a juicio, por lo que ahora el Tribunal Oral de Santa Fe deberÃa definir la fecha del debate.
Entre marzo y setiembre de 1976, antes de dirigir la cárcel de Coronda, la dupla ZironeKushidonchi estuvo al mando de la unidad penal N3 de Rosario (UP3), un perÃodo por el que el fiscal Gonzalo Stara los acusó por la "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos agravados" a 40 ex detenidos polÃticos. La causa se inició en abril de 2013 ante el juez federal N 4 de Rosario, Marcelo Bailaque.
Según la imputación en Santa Fe, Zirone y compañÃa "tenÃan absoluto poder de decisión sobre las acciones represivas" en la cárcel de Coronda. "TenÃan plena conocimiento de las vejaciones y torturas efectuadas por el personal a su cargo, los traslados a diferentes centros clandestinos de detención y dependencias policiales, las sanciones arbitrarias que se imponÃan a los detenidos por razones polÃticas y las condiciones infrahumanas en que se encontraban".
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