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La jueza Alejandra Rodenas rechazó un planteo de la defensa de Pablo Espíndola, el policía imputado por el atentado a la casa del gobernador Antonio Bonfatti, y el mandatario declarará por escrito. "Las partes tienen tres días para proponer preguntas", reza la resolución de la magistrada, que convalida la decisión inicial de Bonfatti, de declarar a partir de un pliego de preguntas que debe elaborar la fiscalía, y donde además podrán sumarse preguntas de los abogados de los dos imputados en la causa: Marcos Cella, por la defensa de Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval; y José Nanni, por el policía Espíndola, en disponibilidad.
Semanas atrás, Nanni solicitó por escrito que la jueza -a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 5- declarara la inconstitucionalidad del artículo 257 del antiguo Código Procesal Penal de Santa Fe, que le otorga al gobernador la posibilidad de declarar por escrito; y solicitó que el tribunal se constituya en el despacho del mandatario para que puedan participar todas las partes del proceso; o que la declaración se realice en Tribunales.
Nanni adjuntó tratados internacionales y citó jurisprudencia para solicitar que la declaración testimonial del gobernador, víctima del hecho, no se haga por escrito, tal como la querella había resuelto. En el planteo, el letrado reclamó el derecho de las partes a preguntar y repreguntar. A ello, la resolución responde: "En esta etapa procesal, las partes no interrogan directamente a los testigos sino que lo hacen a través del Tribunal". Y agrega: "En el supuesto caso de que resulte insuficiente, siempre cabe la posibilidad de realizar un informe ampliatorio".
La resolución responde que "el requisito indispensable para la declaración que se pretende -ante la jueza y las partes- es la invocación de un perjuicio concreto, real y actual; el cual no se advierte" en el pedido de la defensa.
En el resuelvo, la magistrada expresó: "Se recepcione declaración al señor Antonio Bonfatti, de conformidad a lo normado en el artículo 257 del Código Procesal Penal de Santa Fe, otorgándole a las partes el término de tres días a los fines de que propongan preguntas a este Tribunal".
El viernes 11 de octubre del año pasado, Bonfatti se encontraba en su domicilio de la zona norte de la ciudad de Rosario. Su esposa y una empleada doméstica realizaban tareas cerca de la cocina mientras el mandatario veía por televisión, pasadas las 21.30, un partido de la selección argentina de fútbol. En ese momento, dos motocicletas ocupadas por cuatro personas pasaron despacio frente al domicilio y abrieron fuego con pistolas 9 milímetros y -se cree- al menos una ametralladora. Varios disparos ingresaron por las ventanas y se incrustaron peligrosamente en distintos muros de la casa.
Al día siguiente, el gobernador declaraba a la prensa: "Con mi familia hemos sufrido un atentado. Acostumbro a estar acompañado por la custodia oficial en mis funciones, pero el resto de las horas de mi vida y en mis actividades que no son oficiales he pedido no tener custodia, porque quiero ser un ciudadano que dé servicios a la comunidad y no alguien que tengan privilegios por ser gobernador de la provincia". Y había agregado que no tomaba el ataque "como una acción violenta contra mi persona, sino a la investidura al gobernador de la provincia. Es un ataque a la democracia, a las instituciones y a todos los santafesinos", enfatizó en una conferencia de prensa.
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