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Desde Santa Fe
La Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidi贸 explicaciones al Estado argentino -y por lo tanto a Santa Fe- por el acoso al defensor provincial Gabriel Gan贸n, a quien un lobby pol铆tico quiere echar del cargo desde hace dos a帽os. El 煤ltimo pedido de remoci贸n de Gan贸n fue impulsado el 22 de mayo en la Legislatura por 17 senadores del PJ y el Frente Progresista, por lo que ahora la CIDH pretende saber "cu谩l ser铆a el procedimiento" para dejarlo cesante y si el funcionario cuenta con "recursos" defensivos para "cuestionar" una eventual "suspensi贸n" o "destituci贸n". El requerimiento debe ser contestado en "un plazo de 15 d铆as". Lo que m谩s molest贸 a los legisladores fueron las cr铆ticas de Gan贸n al gobernador Antonio Bonfatti y al presidente de la Corte Suprema, Rafael Guti茅rrez. El Estado debe asegurar "el ejercicio de la libertad de expresi贸n" del defensor y no intentar sancionar "de manera ileg铆tima sus expresiones", advirti贸 la CIDH.
"Los defensores p煤blicos desempe帽an un rol esencial" en el estado de derecho y su "estabilidad" es el correlato de la "obligaci贸n del Estado de garantizar" a los ciudadanos "la defensa en juicio" y "el debido proceso", agreg贸. Por lo tanto, "los actos dirigidos a sancionarlos por motivos atribuibles a su conducta deben observar el principio de legalidad y las garant铆as del debido proceso".
El pedido de informes tiene fecha 2 de octubre. Lo firma el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza y est谩 dirigido al canciller H茅ctor Timerman, a quien le pidi贸 que adopte "las medidas necesarias" para que el gobierno responda "en un plazo de 15 d铆as" desde la notificaci贸n.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Naci贸n, Luis Al茅n envi贸 la nota a Santa Fe por dos v铆as: una, al vicegobernador Jorge Henn y la otra, al presidente de la Corte, quien tambi茅n la deriv贸 al Senado. La primera copia ingres贸 a la mesa de entradas de la C谩mara el martes 21 y la segunda -que despach贸 Guti茅rrez- el mi茅rcoles 22. Ambas, fueron incluidas en los asuntos entrados en el recinto, el jueves 23. Por lo que, la Legislatura deber铆a responder en la primera quincena de noviembre.
La CIDH fundament贸 el requerimiento "en el art铆culo 41 de la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos" que la faculta a "solicitar informes" a los Estados miembros de la OEA, en este caso por la "situaci贸n" del doctor Gan贸n.
"El 22 de mayo de 2014 -record贸 la CIDH- un grupo de 17 senadores provinciales solicit贸 ante la comisi贸n bicameral de Acuerdos que se abriera un procedimiento de remoci贸n contra Gan贸n por la causal de 'mal desempe帽o', a ra铆z de una serie de cr铆ticas que el defensor provincial habr铆a efectuado tanto al Poder Judicial como al Poder Ejecutivo".
"La solicitud estar铆a pendiente de ser resuelta por la comisi贸n bicameral de Acuerdos y en caso de ser aprobada, pasar铆a a conocimiento de una sesi贸n conjunta de Diputados y el Senado. Dicha sesi贸n conjunta podr铆a decidir la remoci贸n de Gan贸n por medio de mayor铆a absoluta de votos de ambas C谩maras".
Gan贸n fue designado en 2011 por un per铆odo de "seis a帽os de inamovilidad en el cargo". "El art铆culo 20 de la ley 13.014 dice que el defensor s贸lo podr铆a ser removido 'a solicitud del Poder Ejecutivo o de un legislador por las causales de mal desempe帽o o comisi贸n de delito doloso'".
Por lo tanto, "existe incertidumbre" por el "procedimiento de remoci贸n" de Gan贸n abierto en la Legislatura, plante贸 la CIDH. Porque si la ley exige que el pedido "lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo o un legislador, la solicitud presentada por la mayor铆a de los senadores podr铆a reflejar una predisposici贸n que ir铆a en contra de una evaluaci贸n imparcial sobre el desempe帽o del defensor provincial", explic贸.
"Adem谩s, esta no es la primera vez que el Poder Judicial y el Poder Legislativo intentan remover" a Gan贸n por sus cr铆ticas al "accionar" de jueces y polic铆as en "diversas causas en tr谩mite". En 2013, la Corte Suprema remiti贸 a la C谩mara de Diputados "actas referidas a procesos judiciales en los cuales intervino el defensor provincial, haciendo referencia, 'a los fines de lo dispuesto en el art铆culo 20 de la ley 13.014'" y en 2012, remiti贸 "una nota sobre lo expresado por el defensor en el ejercicio de sus funciones". Mientras que en la Legislatura, tambi茅n en 2013, diputados de la UCR presentaron "una solicitud de remoci贸n, que no prosper贸".
"De igual forma, la CIDH ha se帽alado que los Estados deben asegurar el ejercicio de la libertad de expresi贸n de los operadores de justicia, a trav茅s de reg铆menes disciplinarios que no sancionen de manera ileg铆tima sus expresiones. En ese sentido, las causales disciplinarias deben cumplir con el principio de legalidad, ya que en caso de contemplar causales amplias o ambiguas se permite un alto grado de discrecionalidad, lo que podr铆a traer como consecuencia la sanci贸n indebida a la libre expresi贸n de los operadores de justicia".
La CIDH pidi贸 informes sobre cuatro puntos:
1) Cu谩l ser铆a el procedimiento contra del defensor provincial ante la comisi贸n bicameral de Acuerdos, en la Legislatura de Santa Fe.
2) Una copia de la solicitud de remoci贸n de Gan贸n presentada por los 17 senadores del PJ y el oficialismo.
3) Si el defensor provincial contar铆a con alg煤n recurso para cuestionar una eventual decisi贸n de suspensi贸n.
4) Y si existen recursos en el ordenamiento jur铆dico argentino para cuestionar una eventual decisi贸n de destituci贸n y c贸mo estar铆a compuesto el 贸rgano que conocer铆a en ese eventual recurso.
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