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El secretario de Hábitat de la provincia, Gustavo Leone, cuestionó a los municipios que autorizaron desarrollos urbanísticos sin exigir compensación de suelo para destinarlo a viviendas sociales con infraestructura. "De ese modo, hubieran resuelto su déficit habitacional", dijo. Reconoció que "el Estado va detrás del problema", pero sostuvo que "las políticas vigentes son adecuadas para resolver el problema de hábitat, lo que debemos hacer es darle mayor escala".
El funcionario socialista salió a defender la gestión del área desde 2007 en adelante, como una forma de abonar el terreno para que en Legislatura se destrabe la Ley de Suelos, proyecto dormido en el Senado. Desde aquel año, afirmó, se construyeron y entregaron en la provincia 10.134 viviendas en 238 localidades, y hay 4.356 unidades en ejecución en 210 pueblos y municipios. "Es una cifra considerable sopesó pero no se trata sólo de eso. Hay casos en los que la vivienda es un tema resuelto, y lo que requiere el vecindario es otra cosa. Hay demandas distintas según cada caso. No se trata de entregar viviendas nomás".
Bueno pero poco
Explicó que "en algunos casos, con hacer regularización dominial alcanza; en otros lo que hace falta es infraestructura; sino, ayudar con una canasta de materiales o asesoramiento técnico para construir la vivienda por autogestión; y en otros casos sí: la vivienda llave en mano. Hasta ahora, el Estado se ha concentrado más en hacer viviendas llave en mano y nada más. Por ejemplo, el caso de los Fonavi: el Estado los hizo hace 30 y pico de años, los entregó y se fue. Y ahí la gente tiene un problema de hábitat, aunque el de vivienda ya lo tiene solucionado: lo que no tienen resuelto son sus vínculos, la convivencia básica, el entorno, la titularización de la propiedad".
Con todo, sólo la demanda pura de vivienda supera con creces la respuesta histórica del Estado. El mercado, claro, cada vez se pone más lejos del alcance popular. En el Registro Unico de Inscripción Permanente (Ruip) de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo hay unas 50.000 familias inscriptas. "Y están las que no tienen ingresos comprobables y quizás también necesitan, así que la medición del déficit real no es sencilla", aclaró Leone.
Entonces, el Estado va detrás del problema. "Sí reconoció pero todos los ejes que encaramos van al punto de la demanda y la solucionan. Lo que tenemos que hacer es darle mayor escala, por eso planteamos la ley de suelos", señaló el secretario de Hábitat al referir el proyecto enviado y trabado en el Senado provincial.
Esa ley -según su texto original- pretende obligar a los desarrolladores privados de loteos que compensen el negocio que el Estado les habilita con la cesión del 10 por ciento de la superficie del emprendimiento encarado, con destino a viviendas sociales. La idea generó el rechazo y el lobby legislativo de operadores inmobiliarios y constructores.
La ocasión perdida
Según Leone, si los municipios hubieran exigido eso en los últimos quince años de expansión urbanística, buena parte del déficit habitacional estaría resuelta.
"Cada municipio, a través de sus normas urbanísticas, sus habilitaciones, su planificación, es el que regula la llave de hacia dónde crece una ciudad. Sin embargo, no se dan cuentas que esas herramientas le permitirían resolver el problema habitacional. Roldán por ejemplo, habilitó en los últimos 15 años 10.000 lotes. Si le hubiese sacado sólo el 10% de la superficie neta urbanizable y le hubiese quedado al municipio, no hubiese cambiado nada del valor del suelo porque seguirían teniendo la misma cantidad de lotes disponibles ociosos, y el Estado hubiese podido resolver la situación de todos sus vecinos en lista de espera", señaló el funcionario provincial.
Siguió con el caso de Funes, donde se habilitó un emprendimiento de 900 lotes: "Ahí están vendiéndolos en cuotas, y cuántos lotes quedarán vacantes por cuánto tiempo, en la lógica de la especulación. A esos inversores no le pesaría en un financiamiento de 10 años cargar el sobrecosto de una compensación que el municpio podría haber exigido, y Funes hubiera tenido otra herramienta para resolver el problema social de la vivienda", expuso.
Leone también recordó el caso del barrio Tierra de Sueños Ciudad Náutica, en Arroyo Seco, donde la empresa urbanizadora Aldic le dio a la Municipalidad a cambio del OK para vender 1.300 lotes y 10 torres de departamentos un camión regador. Hoy se piden 15.000 dólares como mínimo por un terreno de 360 m2 en ese lugar.
"Un ejemplo patético: les dicen que traen obras, que generan empleo, pero de fondo lo que hay es generación de suelo ocioso, en especulación a 10 años. Inmovilizan el suelo mientras le van llegando los servicios y su inversión se multiplica. Y el municipio no percibe que podría haber resuelto el problema de su gente con problemas de vivienda. En cambio, a esas inversiones le habilitan el lote, la urbanización, todo el negocio al privado, total luego van a la provincia, a la Nación y le reclaman que les bajen recursos para hacer viviendas. Así funcionan: con la necesidad de vivienda en el área social, y las habiltiaciones de urbanizaciones y permisos en altura en el área de planeamiento. No hay conexión, cuando en realidad una cosa es parte de la otra", criticó.
¿También es el caso de Rosario?, preguntó este diario.
"No, Rosario tiene experiencia y tradición en normas urbanísticas. Está escrito hasta el modo de calcular la compensación. En otros lados no existe nada de esto".
Lo que hacen
Según datos oficiales, el gobierno del Frente Progresista iniciado en 2007 entregó 10.134 viviendas y construye otras 4.356 en más de 220 localidades.
En Rosario desarrolla dos urbanizaciones por el plan Mi tierra, mi casa: Parque Habitacional Ibarlucea y Avellaneda Oeste, que son 1609 lotes, con una inversión de 112 millones de pesos, y prepara tres barrios nuevos aún por licitarse, que serán 1680 lotes, con un presupuesto de $188 millones.
Otro eje es el programa Esfuerzo compartido, que apunta a la demanda en barrios Fonavi: mejoras edilicias y de entorno en seis de ellos, creación de consorcios en otros 9, y 836 escrituraciones.
Hay otros $771 millones asignados a construcción de viviendas y apertura de calles en 15 asentamientos irregulares. Esto se encuentra en ejecución, aunque la provincia pidió a la Nación que aporte el financiamiento en la integración de 6 de esas villas, que representa casi 500 millones de pesos.
Por otra parte, Santa Fe consiguió de parte del gobierno nacional la aprobación para construir 1.369 viviendas y el aporte del 59 por ciento de la inversión, estimada en $705 millones.
En este abanico de ejes de trabajo, el gobierno destaca y defiende el proyecto del ex Batallón 121. En 15 días se licitará la construcción y comercialización de viviendas sobre esos valiosos terrenos de zona sur.
Y a cambio, el pliego impone como compensación que el inversor se haga cargo de construir por lo menos 230 viviendas con infraestructura para relocalizar familias del Cordón Ayacucho y proceder a la apertura de 13 calles en esa villa del barrio Tablada. Eso supondrá un costo de 118 millones de pesos en 3 años.
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