Una impunidad que lleva cuarenta años

Desde Santa Fe

El secuestro, torturas y asesinato de las abogadas Marta Zamaro y Nilsa Urquía está impune desde el 14 de noviembre de 1974. Los testimonios lo señalan como uno de los crímenes de la Triple A. Y por primera vez en 40 años, el fiscal federal Walter Rodríguez que investiga la causa -tras su reapertura en 2011 como delito de lesa humanidad- imputó a un comisario retirado de la Policía Federal y solicitó su detención e indagatoria al considerar que hay un cuadro fundado de "sospecha suficiente" para pedirle explicaciones. Se trata del ex jefe de la Policía Federal en Santa Fe, José Luis Díaz, quien -según el fiscal- "brindó la cooperación intelectual y material indispensable para que sus subordinados llevaran adelante los ilícitos" y después les garantizó la "impunidad". "Existe un grado de sospecha suficiente de que sin su determinación, sin su intención y compromiso con las órdenes de la cúpula de la Policía Federal y del Ministerio de Bienestar Social, los hechos no podrían haber acaecido", dice el dictamen al que tuvo acceso Rosario/12.

El fiscal Rodríguez pidió la indagatoria del comisario Díaz a fines de agosto, pero el requerimiento se mantuvo en reserva durante tres meses, hasta que esta semana trascendió cuál había sido la respuesta del juez federal Reinaldo Rodríguez: "Téngase presente". Un clásico que puso freno a la causa.

Antes de resolver el pedido de indagatoria, el juez decidió solicitar al Ministerio de Seguridad de la Nación "el legajo" del imputado y una lista de los efectivos de la Policía Federal que cumplían "funciones" en Santa Fe y estaban bajo su mando, en 1974. Lo llamativo es que el dictamen del fiscal señala al comisario como José Luis Díaz y la resolución del juez como Juan Carlos Díaz.

Zamaro y Urquía integraban la Asociación de Abogados que defendía presos políticos y Marta trabajaba en "Nuevo Diario", un matutino muy importante en la época. Uno de sus colegas, Rafael "Negro" Pérez, que logró exiliarse en México en 1974 y aún vive allá, dijo que a ellas les hubiera gustado que las recuerden como "militantes del Ejercito Revolucionario del Pueblo, que lucharon y murieron por su pueblo y por su patria". Lo escribió en una carta que su hija leyó en un acto en la Asociación de Prensa de Santa Fe, el 14 de noviembre, cuando se cumplieron 40 años del crimen. El sindicato es parte querellante.

En la causa se investiga también la desaparición de otro compañero de las abogadas, César Zerbatto, secuestrado por una patota el 12 de noviembre de 1974, dos días antes de los asesinatos de Zamaro y Urquía, luego de pasar por el departamento de ellas. "Zerbatto era el máximo o uno de los máximos dirigentes del ERP en Santa Fe y solía hacer reuniones en el departamento de Marta y Nilsa", relató Pérez en su carta.

El dictamen del fiscal coincide con el relato de varios testigos que interpretaron los homicidios de Zamaro y Urquía como una escalada del terrorismo de estado. El 9 de agosto de 1974, un grupo del ERP atacó el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. El plan fracasó y 16 guerrilleros fueron capturados y fusilados. Es la Masacre de la Capilla del Rosario, como se la llama. Urquía fue una de las abogadas que se trasladó hasta Catamarca para asistir a familiares de las víctimas. "El Ejército y la Policía Federal tenían datos precisos de su presencia en Catamarca", recordó Pérez.

El ERP prometió represalias y en Santa Fe se concretaron dos: el 10 de octubre, fue ejecutado el teniente Juan Carlos Gambandé y el 7 de noviembre, el mayor Néstor López, ambas reivindicadas por el ERP en su periódico "Estrella Roja". Los diarios de la época informaron que la investigación de los dos hechos estaba a cargo de "personal especializado" de la Policía Federal y del Servicio de Inteligencia del Ejército.

Ya en octubre, después de la ejecución de Gambandé, había llegado a "Nuevo Diario" una condena a muerte: un aviso de un Comando Anticomunista del Litoral (CAL) con los nombres de 15 trabajadores de prensa que "iban a matar", entre ellos Zamaro. En la lista estaba Urquía, que no trabajaba en el diario.

El 7 de noviembre se produjo el asesinato de López. Cinco días después, el 12 de noviembre, secuestraron a Zerbatto y el 14, a Zamaro y Urquía, cuyos cuerpos aparecieron a las 48 horas, en el arroyo Cululú, cerca de Esperanza. El fiscal Rodríguez descubrió "un denominador común" entre las muertes de Zamaro y Urquía y la investigación por el caso del mayor López". Y es Zerbatto, que "aparece como prófugo" en la causa López.

El secuestro de Zamaro y Urquía, el 14 de noviembre, provocó una conmoción en "Nuevo Diario" y en Santa Fe. El matutino se dejó de editar hasta que aparecieran las abogadas. Y una de sus compañeras, Alcira Ríos (ex abogada de Abuelas de Plaza de Mayo) declaró en la causa que el director del diario, Alfredo Sahd -ya fallecido- le dijo que horas después del hecho "se había presentado el jefe máximo de la Policía Federal, quien le manifestó que a las chicas las tenían ellos y cuando 'se termine el papelerío iban a quedar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional'. Dos días después, los cuerpos de Zamaro y Urquía aparecieron flotando en el Cululú. El fiscal dijo que "ambas fueron sometidas a múltiples y reiterados tormentos y luego asesinadas". Y el médico policial que practicó la autopsia reveló que habían sufrido "una violencia extraordinaria" y las "habían sumergido en el agua, vivas".

El 19 de noviembre -relató el fiscal Rodríguez-, la Policía Federal realizó otros operativos y uno de los secuestrados, Osvaldo Enrique Regazzoni, denunció que lo llevaron a "la sede de esa fuerza, en calle 1º de Mayo, donde fue sometido a múltiples tormentos y luego trasladado al penal de Coronda". "Esto revela la indiscutible participación de la Policía Federal en la persecución a militantes políticos tras los homicidios de Zamaro y Urquía", dijo el fiscal. Y reveló que ese mismo 19 de noviembre, también habían allanado el departamento de Zamaro y Urquía, en Diagonal Aguirre 2533 para "verificar posibles infracciones a la ley 20.840", cuando ya se conocía su destino.

El 21 de noviembre, a las 2.15 de la madrugada, cuatro personas que se movilizaban en una camioneta Citroen efectuaron dos disparos de arma de fuego contra el frente de Nuevo Diario. El sereno del edificio dijo que minutos antes atendió el teléfono y una voz anónima le anunció el atentado y de dónde venía: el Comando Anticomunista del Litoral.

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