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Desde Santa Fe
Daniel Benavídez está desaparecido desde octubre de 1977. Era delegado gremial en la Empresa Provincial de la Energía cuando pidió licencia sin goce de sueldo antes del golpe de estado. En julio de 1976, un decreto de la dictadura lo dejó cesante por supuesto abandono de tareas para encubrir la persecución del terrorismo de estado. Treinta y ocho años después, su hija Mariana, presentó en los Tribunales Federales una acción de amparo que repare las dos injusticias: el despojo a su padre y su propio derecho laboral. Es el segundo recurso que se intenta en el país, en este caso para que se investigue la desaparición de Benavídez como delito de lesa humanidad, se ordene a la EPE revocar la causa de su cese de actividades en la empresa y se anote la verdadera, como víctima de secuestro y desaparición y se reconozca el derecho de la hija a ocupar el puesto de trabajo del padre, como lo establece el convenio colectivo.
Ya hay una sentencia en un caso semejante. En noviembre del año pasado, el juez federal Nº 1 de Rosario, Héctor Zucchi, resolvió que la causal de cesantía de una trabajadora desaparecida, Adriana Tasada, era la persecución del terrorismo de estado y ordenó que su hija, la abogada María Laura Megna Tasada, ocupe su puesto en la Aduana de Rosario. María Laura logró ingresar a la Aduana en enero de este año y ahora, Mariana reivindica el mismo derecho para trabajar en la EPE.
Mariana Benavídez recurrió a la justicia porque ya agotó la vía administrativa en la provincia. Presentó un recurso ante el gobernador Antonio Bonfatti para que "se reconozca la situación de mi papá que fue cesanteado durante la dictadura" y "víctima del terrorismo de estado y la persecución", dijo. Bonfatti derivó el asunto a la EPE; el presidente de la empresa, Daniel Cantalejo se lo mandó al vice, Cristian Berrino y éste al gerente de Recursos Humanos. La EPE le respondió con evasivas y tono burocrático. "No reconocieron la situación de mi papá" y tampoco "mi derecho a ingresar a la empresa como hija de un trabajador fallecido", relató Mariana.
- ¿Y con qué argumentos? preguntó Rosario/12.
- No tienen argumentos sólidos, desconocen el reclamo y apelan a las evasivas. La empresa se lavó las manos - sintetizó Mariana.
Su abogado, Marcelo Abaca - que patrocinó el recurso de María Laura en Rosario y ahora el de Mariana en Santa Fe- dijo que apelaron al "amparo judicial porque la vía administrativa está agotada. El daño es gravísimo, la lesión constante, permanente, y comenzó desde la desaparición del papá de Mariana, en octubre de 1977", dijo.
"Ya en marzo de 1976, Daniel tenía licencia sin goce de sueldo. Un grupo de tareas lo va a buscar a la EPE, no lo encuentra y a partir de ese momento se genera desde el punto de vista administrativo una suerte de manto o neblina sobre la situación de Benavídez, en la empresa. Luego, apareció una resolución apócrifa que suspende esa licencia sin goce de sueldos, se lo declara cesante y el cierre de esa situación absolutamente falaz es asentar en su legajo la pérdida de trabajo por cesantía", apuntó Abaca. "Eso genera la imposibilidad de aplicar el convenio colectivo de trabajo como en los casos de los empleados fallecidos" y tampoco se asienta "el hecho real por el que no pudo seguir trabajando, que fue víctima del terrorismo de estado".
"Toda esta situación deja como único camino la vía del amparo. Nosotros hemos pedido tres cosas en esta acción: la reparación del legajo, el ingreso de su hija como familiar directo y que se inicie la investigación por la desaparición forzada de Daniel Benavídez", explicó.
Abaca dijo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1190 para que "se reparen los legajos de todos los empleados públicos desaparecidos" y "conste la real causa de esa desaparición. Pero en la provincia no hay ninguna norma de esas características. Quizás este caso de la posibilidad de que eso suceda porque no sólo en la EPE sino en otros estamentos del Estado se sufrió este tipo de situaciones. Son derechos que tienen las personas que pertenecen a las familias de las víctimas que seguramente no los conocen, nosotros entendemos que es la justicia federal el ámbito donde se deben dirimir esta clase de cuestiones", apuntó.
Ante otra pregunta, Abaca dijo que lo sorprendió el "silencio de la EPE y del gobierno provincial" ante el reclamo de la hija de un desaparecido. "Me resulta llamativo o una suerte de continuidad. Cuando una persona desaparece lo que se produce es un silencio y ahora, al no haber respuestas a los reclamos de Mariana en sede administrativa, se coloca a la familia en una situación bastante parecida en ese sentido. Es llamativo que se produzca esta suerte de silencio cómplice con relación a mantener al día de hoy el legajo de una persona víctima del terrorismo de estado en calidad de cesante por ausencia de su trabajo". "Hay que tener valentía y decisión para descubrir este tipo de situaciones y me parece que el mecanismo del olvido y el silencio es algo que sigue actuando en muchos estamentos", concluyó.
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