Si no hay gendarmes que no se note

El gobierno anunció ayer la extensión de la Policía Comunitaria a otros barrios, además de los que hoy recorre en Rosario y Santa Fe, y a 16 ciudades de la provincia. Lo hará con 1.240 agentes que están terminando sus estudios en el Instituto de Seguridad Pública. De ellos, 50 serán asignados en los próximos días al barrio Ludueña, y entre 400 y 500 lo harán en otros barrios de la ciudad entre marzo y abril. La comunicación oficial partió en una semana caldeada de polémica e impactos por el retiro masivo de gendarmes, entraderas, un asalto brutal a un restaurante y el crimen de un joven, el miércoles a la tarde, en un kiosco de drogas de aquel barrio, que siguió con el choque a balazos entre allegados de la víctima y secuaces del narco, todo delante de un fiscal y de periodistas que cubrían el caso.

La Casa del Policía Comunitario se instalará en la sede del club Tiro Federal, en Casilda y Matienzo, a una cuadra de donde el miércoles asesinaron a Damián Gómez, en una casilla luego demolida por sus amigos y donde cruzaron balazos con los custodios del bunker. Recorrerán la zona entre las calles Junín, Matienzo, Don Bosco y las vías del ferrocarril, bajo la metodología ya conocida de tener cada uno sólo un par de cuadras a su cargo, identificado por los vecinos y en interacción con las instituciones de la zona.

"Es un gran desafío, sí, pero por la experiencia adquirida en Las Flores, y en Barranquitas, en Santa Fe, concluimos en que es una buena estrategia para abordar la realidad de los barrios. La Policía Comunitaria es una adecuada herramienta de intervención en conflictos que hace prevención desde la construcción de convivencia antes que en la persecución frontal del delito", sostuvo Daniel Medús, director provincial de Proximidad Policial, a cargo de esta división que comenzó el año pasado como experiencia piloto en los barrios rosarinos Las Flores Este, La Granada y 17 de Agosto, y en el Barranquitas santafesino.

En simultáneo con el desembarco en Ludueña, en la capital lo harán 40 agentes, en el barrio Coronel Dorrego.

Además del plan de asignar 500 más en otros barrios de Rosario, el resto será destinado a la capital provincial, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Santo Tomé, San Lorenzo, Granadero Baigorria, Puerto General San Martín, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Casilda, Reconquista, Avellaneda, Pérez y Villa Constitución.

Los 1.240 agentes seleccionados de entre 7.000 aspirantes inscriptos en agosto se están capacitando este mes en "resolución alternativa de conflictos".

Tensiones. Medús aceptó que "hay que seguir sumando confianza porque no es todo el barrio el que confía en los policías comunitarios. El proceso tiene sus tiempos". Y agregó que "su diferencia es la charretera naranja, son policías como cualquiera, por eso hay resistencias de gente vinculada de un modo u otro a núcleos relacionados con el delito".

Las reticencias también son internas. Consultado sobre la mirada del resto de la tropa hacia sus pares de charreteras anaranjadas, el funcionario provincial reveló que "las tensiones existen, sí, pero se tratan de sortear. La cultura policial tiene costumbres arraigadas por más de 100 años. Pero son policías nuevos, capacitados en derechos humanos, en perspectiva de género, en resolución pacífica de conflictos, en ellos reside la gran apuesta".

Puesto a reflexionar sobre las chances de éxito de la Policía Comunitaria, confrontada con el calibre de violencia que exhibe el hampa de la ciudad en estos tiempos, Medús consideró el contexto: "Esto sucede en todo el país, en Latinoamérica, y parte desde las condiciones de desigualdad social, donde nada que haga el Estado parece alcanzar. Hay que seguir construyendo en el marco del Plan de Seguridad Democrática, y seguir atendiendo el reclamo de la gente en este sentido", dijo.

Según el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, la experiencia piloto hasta aquí "es muy positiva porque hay buen reconocimiento ciudadano hacia los agentes, se mejoró la convivencia y bajaron los índices de violencia y de delitos".

A principios de setiembre, agentes de este cuerpo quedaron involucrados en el homicidio de Matías Caballero, en España al 7000, cuando enfrentaba a presuntos soldados de un kiosco de drogas que habían baleado a su pareja. Vecinos acusaron a esos policías de haber ultimado al joven. Medús afirmó ayer que esos agentes quedaron desvinculados del hecho. "El fiscal (Adrián) Spelta dijo que no tuvieron participación en el hecho", aseguró.

En los días siguientes se instalarán en barrio Ludueña, y en marzo se extenderán en otros barrios críticos en violencia urbana, y en las 16 ciudades mencionadas. Y articularán con el resto de las divisiones policiales, como la Policía de Acción Táctica, de reciente creación y que arrancó en mal paso cuando sus agentes participaron la semana pasada en la persecución y tiroteo con un ladrón, donde fue asesinado un muchacho que, ajeno a todo, lavaba el auto frente a su casa, en barrio Tablada.

Frente a los lamentos por la retirada de los gendarmes, en el Ministerio de Seguridad insisten con que el de la Policía Comunitaria es otro plan. "Es un servidor público capacitado para establecer vínculos estrechos con el vecino; además al estar apostado específicamente en un único espacio geográfico, conoce el entorno donde presta servicios y los problemas que allí se suscitan. Este agente tiene también entre sus funciones construir alianzas con las autoridades locales públicas y privadas para un mejor desarrollo de las actividades de prevención del delito y de la violencia", reza la definición oficial. La calle los espera.

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