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El gobierno provincial promulg贸 la ley N潞 13.455 que declara de inter茅s general y dispone la expropiaci贸n de la quinta La Calamita, ex centro clandestino de detenci贸n, ubicado en la zona rural de Granadero Baigorria. La ley, impulsada por la diputada Alicia Guti茅rrez y sancionada por la Legislatura, dispone que los terrenos identificados como lote 9 b, que cuenta con una superficie de ocho hect谩reas; y 9 a, de dos hect谩reas, sean expropiados y destinados al Museo de la Memoria. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a trav茅s de la Secretar铆a de Derechos Humanos, apuntaron que "a partir de ahora comienza un proceso orientado a la preservaci贸n del predio y su se帽alizaci贸n como sitio de memoria. Desde esa perspectiva se trabaja en conjunto con organismos de derechos humanos, la Municipalidad de Granadero Baigorria y autoridades nacionales".
La quinta --y no la tercera-- fue la vencida en este caso. Tras sucesivas y dolorosas derrotas a lo largo de once a帽os en el 谩mbito legislativo de la provincia, el proyecto tuvo luz verde en Diputados y Senadores. Lo celebraron los organismos de derechos humanos de la regi贸n y r谩pidamente el vicegobernador Jorge Henn se ofreci贸 a disponer de todos los elementos del Estado posibles para cumplir con el proceso de promulgaci贸n. Incluso, se present贸 en la localidad, donde se reuni贸 con autoridades locales y los referentes de la organizaci贸n Documenta Baigorria, para entregarles una copia de la ley.
La Calamita fue uno de los cinco centros clandestinos del circuito represivo del Batall贸n de Inteligencia 121 de Rosario. All铆, m谩s de un centenar de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. Actualmente, el terreno es propiedad de la familia Benzadon, que no permite el ingreso al casco. Documento Baigorria eligi贸, en este proceso, entrar en contacto poco y nada con los propietarios, por el trato hostil que han tenido hist贸ricamente para con los organismos.
Entonces, aguardaron que la Provincia avanzara formalmente con la promulgaci贸n, que firm贸 en las 煤ltimas horas el gobernador Antonio Bonfatti. El mes pasado, Mar铆a Celia Fern谩ndez, referente de la agrupaci贸n local, inform贸 a Rosario/12 que una vez que el Ejecutivo promulgara la ley ellos pedir铆an que el Equipo Argentino de Antropolog铆a Forense analice el predio. "Eso es lo primero que hay que hacer, ni bien se logre la expropiaci贸n, la justicia tiene que determinar que ac谩 se investigue, todav铆a no se ha investigado el terreno. Si hay gente enterrada, no lo sabemos", manifest贸, junto a Henn. En ese sentido, desde la Secretar铆a de Derechos Humanos consignaron que sobre el lugar "pesa una medida cautelar de la justicia federal para que se hagan excavaciones por posibles enterramientos clandestinos".
Desde la Provincia, a su vez, se apunt贸 que el objetivo es "se帽alizar en distintos puntos del territorio sitios de memoria, con el objetivo de referenciar un lugar de reflexi贸n y transmisi贸n de nuestro pasado reciente, y para avanzar en la promoci贸n de los derechos humanos y los valores democr谩ticos". En 2013, Bonfatti estableci贸 por decreto declarar Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detenci贸n, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblem谩ticos del accionar de la represi贸n ilegal desarrollada durante la 煤ltima dictadura militar.
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