Desde Santa Fe
El lÃder de Apropol Alberto MartÃnez cerró ayer la ronda de indagatorias en una causa que investiga el alzamiento de diciembre de 2013 y en la que está imputado por supuesta "instigación a cometer delitos". Antes de la feria, el juez federal Reinaldo RodrÃguez ya habÃa indagado a otros cinco policÃas en actividad por presunta "sedición". MartÃnez negó los cargos: "La verdad que a mi me llama la atención que un gobernador se amedrente por dos o tres mensaje de textos de una persona a la que él conoce". "Esta es una cuestión polÃtica", dijo y se consideró vÃctima de una "persecución judicial".
Las indagatorias arrancaron el 10 de diciembre último con el suboficial Claudio Marcelo Patiño, quien también negó los hechos, aunque admitió su pertenencia al grupo de autoconvocados, al que le apunta el fiscal federal Walter RodrÃguez, que investigó la causa. Posteriormente, declararon los suboficiales Oscar Aguirres y Mauricio Miguel Pagani, el agente Alejandro Zamaro y el oficial Fabricio Abasto.
MartÃnez estaba citado para el 18 de diciembre, pero a pedido de su defensa, su declaración se postergó hasta ayer. Lo acompañó su abogado, Romeo DÃaz Duarte. "Venimos a ponernos a disposición de la justicia, como hemos estado siempre", dijo antes de entrar al tribunal. "Esto no ha sido un delito, hemos llegado a un punto lamentable de la realidad que el derecho de huelga se confunde con una sedición. Y asà estamos perdiendo valores que van en contra de los sectores sociales, en este caso de los trabajadores. LegÃtimamente hemos peticionado ante las autoridades y habida cuenta de los resultados, creo que tenÃamos razón. Eso no lo ha discutido ni siquiera el gobierno. Se ha ido mejorando la situación salarial y las condiciones de trabajo y hoy se está en un perÃodo de calma, ya hay una mesa de diálogo. Asà que venimos a tratar de cerrar este capÃtulo judicial al que nunca se deberÃa haber llegado. Porque esto es una cuestión polÃtica", agregó.
MartÃnez defendió a sus colegas imputados en la causa. "Son dirigentes gremiales y sociales, personas respetables a las que se le debe reconocer un servicio en función del bien común", explicó.
Ante una pregunta, atribuyó la crisis de diciembre a la "obstinación del gobierno" de Antonio Bonfatti, a su "falta de previsión y a un desapego a cualquier norma de prevención". "Esto se veÃa venir, nosotros se lo adelantamos", afirmó. Y dijo que la protesta policial fue "el ejercicio del derecho de huelga. No hay delito, porque el que ejerce un derecho no comete un delito, dentro de los lÃmites fijados por la ley. No hemos tenido ningún tipo de participación en ningún delito, esto es lo que le dijimos al juez y al fiscal".
En esa lÃnea, MartÃnez se consideró vÃctima de "una persecución polÃtica orquestada desde sectores del gobierno nacional". "Y en esto tiene que ver el gobierno provincial que es socio del gobierno nacional en muchos aspectos, como uno puede ver a diario, en muchas cosas". "Nosotros estamos pagando las consecuencias de eso. No somos los únicos. Hay persecución polÃtica a otros sectores, orquestada por los mismos grupos polÃticos", insistió.
¿Usted le mandó mensajes de textos al gobernador? le preguntó una colega, en referencia a SMS que se investigan en otra causa en el fuero ordinario que el fiscal pretende acumular a la de sedición.
Yo conozco al gobernador Bonfatti desde que era secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario y tenÃa intercambios, charlas, reuniones. El me facilitó su teléfono y yo le mandaba regularmente, no todos los dÃas, pero sà periódicamente, algún mensaje. En ese momento (diciembre de 2013), le reclamé el pago de un sueldo digno (a los policÃas) y hasta ahà es la historia. Si él se sintió amedrentado... La verdad que a mi me llama la atención que un gobernador se amedrente por dos o tres mensaje de textos de una persona a la que él conoce y es un dirigente sindical como es mi caso contestó MartÃnez.
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