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Desde Santa Fe
El fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, puso ayer al Ministerio Público al frente de la represión de piquetes de inundados que protestan porque el agua no baja en lo barrios del norte. Es lo que le pidió el intendente José Corral ante la decisión de los vecinos de cortar calles y avenidas porque a cuatro días de la lluvia del martes no pueden vivir en el agua estancada y nauseabunda. Ya se sabe que una inundación lo primero que colapsa son los pozos negros. El encargado del operativo es el fiscal regional Ricardo Fessia, un ex militante de Franja Morada, que instruyó a los fiscales de grado que denuncien los piquetes ante el juez de turno y soliciten una orden de desalojo para liberar el tránsito con la policía, lo que significa la apertura de una causa penal. El instructivo a los fiscales es que "cese el estado antijurídico" en avenidas y rutas cortadas por vecinos desesperados, que protestan por los apagones y las amenazas de saqueos y robos. A la noche, la zona del abandono es tierra de nadie.
A pesar del sistema de bombeo, el agua no baja en el extremo norte porque el caudal se ensancha con la masa que ingresa desde Recreo y Monte Vera. El secretario general de la Municipalidad, Carlos Pereira, dijo que la situación mejoró en algunos barrios como El Vergel, Nueva Esperanza y Liceo Norte, donde ahora se ven las calles. Pero los otros siguen bajo agua: La Ranita, Peñaloza Norte, Altos de Noguera y Punta Norte, donde no se puede ni entrar. La única forma de hacerlo es arriba de camiones volcadores, como los que tiene la municipalidad, que transportan vecinos y víveres.
Ayer, el fiscal Fessia explicó que había instruido a los fiscales que inicien "la persecución penal penal" a los piquetes de inundados. "Ante los inconvenientes que se producen en la circulación de personas y vehículos, debido algunas manifestaciones y protestas que se están llevando a cabo en distintas calles y rutas de la ciudad, se ha previsto solicitar al juez de turno el cese del estado antijurídico", dice un documento de la Fiscalía.
"Sin perjuicio del derecho a la libertad de expresión de los manifestantes, resulta evidente que la modalidad escogida para formular sus peticiones está ocasionando diversos inconvenientes no sólo a los comerciantes y vecinos que viven en las inmediaciones, sino también a quienes necesariamente deben transitar por dichas vías de comunicación para ingresar o salir de la ciudad por razones laborales y/o motivos particulares".
"Las manifestaciones y protestas pueden afectar las tareas" de "organismos estatales" para "paliar la situación en los barrios afectados". Y "esos inconvenientes" podrían "configurar delitos perseguibles de oficio", dijo Fessia.
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