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Jueves, 9 de julio de 2015
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En la causa por enriquecimiento ilícito de ocho policías, dos quedaron afuera

Hay dos pobres pero honrados

Se trata del ex jefe de Orden Público, Hugo Fornero y del agente Jorge Blanco. Después de la feria, el fiscal Covani citará a los seis restantes -entre ellos, los ex jefes Tognoli y Sola- para que justifiquen cómo adquirieron sus bienes.

Por Lorena Panzerini
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Covani adelantó que están en curso las citaciones a policías.

Luego de citar a dos policías acusados de enriquecimiento ilícito para que expliquen su patrimonio, el fiscal Carlos Covani pidió el archivo de las acusaciones en su contra. Se trata del ex jefe de Orden Público de Rosario, Hugo Fornero; y del agente Jorge Blanco. Ambos fueron acusados junto con otros seis policías, entre quienes están los ex jefes Hugo Tognoli (detenido por la Justicia Federal) y Cristian Sola, quienes siguen complicados en el expediente y serán citados a dar explicaciones tras de la feria judicial. La investigación contra los uniformados se inició tras una denuncia anónima que llegó a manos del fiscal de cámaras Guillermo Camporini, en 2012. Semanas atrás, Covani comenzó con la etapa de la investigación en la que los acusados tienen la posibilidad de justificar los bienes que se le atribuyen, según los informes patrimoniales que llegaron a la Fiscalía, para demostrar el origen de los mismos y determinar si estos se condicen con sus ingresos. En los casos de Fornero y Blanco, el fiscal no encontró delito.

La causa que impulsa Covani se inició tras una nota recibida el 28 de febrero de 2012, en la que se acusaba a los policías de enriquecerse ilícitamente, y de aparentes vínculos con el narcotráfico, robo y desguace de autos, entre otros delitos. Desde entonces, los investigados que aún no explicaron el origen de su patrimonio son Tognoli (quien luego fue detenido en una causa del fuero Federal), Sola, Alejandro Druetta, Marcelo Mendoza, Fernando Romitti y Dardo Saucedo.

La de estos uniformados es una de las denuncias que se tramita en Tribunales provinciales, ya que hay unos 29 oficiales investigados por la Justicia rosarina, a instancias de la Procuración de la Corte Suprema.

El primero en hacer su descargo, días atrás, fue el ex jefe de Orden Público de Rosario, Fornero, quien dio explicaciones acerca del dinero con el que adquirió su propiedad y un par de terrenos. En tanto, según pudo saber este diario, a Blanco "ni siquiera se lo citó", ya que solo le encontraron una camioneta a su nombre y entregó documentación sobre la adquisición de su vivienda.

En tanto, Covani adelantó que durante la feria judicial llegarán las citaciones a los otros seis policías que todavía no hicieron su descargo, por lo que darán explicaciones después del receso.

En un primero momento, la causa recayó en el juzgado de la ex magistrada María Luisa Pérez Vara, quien tras jubilarse fue procesada por incumplimiento de funciones, como consecuencia de no haber iniciado la investigación del doble homicidio del sindicado narco Luis Medina, y su pareja, cometido el 29 de diciembre de 2013, un día antes de que terminara su último turno. Pérez Vara retuvo el expediente de Asuntos Internos, lo que provocó una demora de seis meses en su inicio.

En rigor, el protocolo para casos de enriquecimiento ilícito expresa que la investigación debe comenzar en la Dirección de Asuntos Internos, en su parte administrativa, y luego avanzar en la Justicia. Sin embargo, el año pasado, las demoras llevaron al fiscal a requerir los expedientes para solicitar los informes contables faltantes.

Según trascendió, el legajo de Sola quien tiene dos investigaciones en curso es el "más voluminoso". Ya en noviembre de 2012, Página/12 publicó en su edición nacional que el comisario era investigado por Asuntos Internos por "tener una imponente propiedad en Roldán, valuada en 500 mil dólares", según una denuncia del diputado del Movimiento Evita, Gerardo Rico.

Ahora, con la causa en la instancia de requerimiento patrimonial, Sola y los demás deberán dar explicaciones en el expediente donde figuran al menos 50 propiedades, entre los grupos familiares de todos los policías implicados.

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