Página/12 :: rosario :: El juramento hipocrático en el olvido

Desde Santa Fe.

El juicio por la megacausa reveló cómo operaba la División de Medicina Legal de la Policía de la provincia durante el terrorismo de estado. Dos médicos del área dijeron que examinaban los cuerpos de los asesinados en operativos militares "en el lugar de los hechos" y uno, llegó a decir que los cadáveres no podían "ser trasladados" hasta después del peritaje porque se "adulteran las pruebas". Ambos reconocieron cinco informes que firmaron en setiembre de 1976 por el homicidio de otros tantos militantes montoneros -entre ellos una jovencita de 16 años y su hermano de 19-, que ubicaron el examen médico, no donde habían dicho los testigos, sino en la "morgue del Hospital Piloto". La contradicción fue salvada con una referencia a un tercero: los dos explicaron que los "encabezamientos" no lo escribían ellos, sino un empleado de su oficina al que no identificaron.

Los médicos Marcelo Kiverling y Héctor Rubén de Azcuénaga declararon el viernes como testigos. En este tramo del juicio, se juzga una cadena de masacres en setiembre de 1976. El 6, cayeron Luis Alberto Vuistaz y Miguel Angel Fonseca (de 19 años). El 8, Rolando Evaristo Oviedo. El 13, Ana María Fonseca y Roque Antonio Bernal. El 21, Carlos Alberto Belmon. Y el 23, Horacio Ferraza. Vuistaz, Oviedo y Ferranza fueron inhumados como NN y sus restos recién pudieron ser identificados y recuperados por sus familias 23 años después, en 1999.

Kiverling firmó los informes médicos de Vuistaz, Fonseca y Oviedo. Y Azcúenaga, los de Bernal y Ana María Fonseca, una jovencita de 16 años que sólo tenía una herida de bala en la parte posterior de la cabeza. Le dispararon con un "arma de grueso calibre" que le provocó una "lesión gravísima" y la "muerte inmediata", dice el documento.

Ante una pregunta de la fiscal Natalia Palacín, Kiverling dijo que él "concurría al lugar del hecho donde estaba el fallecido, ponía en el informe las lesiones y la causa de la muerte y firmaba el certificado de defunción".

--¿En el lugar del hecho o en el hospital? --insistió la fiscal.

--Yo lo examinaba donde estaba internado o en la morgue --se corrigió Kiverling. Y unos minutos después, ante otra pregunta de la abogada querellante Lucila Puyol, llegó a decir que "no estábamos en el procedimiento. Era raro que nos llamaran para ver el fallecido en el lugar".

Ni Kiverling ni Azcuénaga recordaban los operativos, pero si reconocieron el contenido de sus informes. "La firma y la letra es mía. Lo que no reconozco es el encabezamiento que fue hecho por otra persona", dijo Kiverling.

--¿Y si había otra herida, la hubiera marcado en el esquema? --le preguntó el presidente del Tribunal, Ricardo Vásquez.

--Tratábamos de poner todo --respondió.

Vásquez quiso saber entonces por qué Kiverling había puesto que Vuistaz y Fonseca tenían heridas de bala de 9 mm y Oviedo de 38 mm. Era "cálculo" aproximado, "para ayudar al juez", justificó el testigo.

--Usted dijo que iban a los lugares de los hechos. ¿Recuerda haber visto armas? --le planteó un abogado defensor.

--No recuerdo --contestó.

Los dos médicos coincidieron que los datos de los informes se volcaban en un "libro mayor" de la División de Sanidad (como se llamaba en la época), que operaba en la planta alta de la comisaría 1ª, en el microcentro.

Azcuénaga ratificó que él examinó los cuerpos "en el lugar del hecho" y no en la morgue, como figura en los papeles. "El médico elabora el informe del cadáver en el lugar del hecho".

--¿Siempre iban al lugar del hecho? --volvió a preguntar Puyol

--Si, salvo que el cadáver fuera llevado a la morgue. Un cadáver no puede ser trasladado porque se adultera la prueba --dijo. Y explicó que al informe de la muerte de Ana María Fonseca lo había pedido el Comando Radioeléctrico y el de Bernal, el Area 212. "¿Quiere saber qué era el Area 212?", sorprendió el médico.

--Sí --le contestó Puyol.

--Un lugar de la Policía en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) que dependía del Ejército. "Lo que me llama la atención de estos informes -siguió Azcuénaga- es que no está el acta de ratificación que debe hacer la policía y firmar el médico. "¿Dónde está? Deberían preguntarle al Comando Radioeléctrico o al Area 212".

Al final, le preguntaron si recordaba otros operativos y relató que en uno de ellos planteó que los cuerpos debían ser identificados con huellas dactilares. "Un teniente del Ejército me dijo que no, se fue y no vino más", comentó Azcuénaga.

--¿Recuerda quién era?

--No, porque ellos tampoco se identificaban --concluyó el médico.

En la Megacausa se ventiló como operaba Medicina Legal de la Policía en dictadura

El juramento hipocrático en el olvido

Dos médicos forenses relataron que realizaban los exámenes a los cadáveres de las víctimas del terrorismo de estado "en el lugar de los hechos". Arguyeron que los encabezamientos de los certificados no los hacían ellos, sino un empleado.