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En el marco de la jornada debate "Cómo poner en agenda los derechos del consumidor en Santa Fe", organizada por la Oficina Municipal del Consumidor y auspiciada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos; Andrea Rivas, directora del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones del Consumo (Coprec), que depende de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, dialogó con Rosario/12 sobre los avances en la resolución de conflictos entre las empresas y los consumidores. La funcionaria explicó que ya hay varias provincias que han trabajado en adecuar sus legislaciones y su jurisdicción a la ley del nuevo sistema de solución de conflictos en las relaciones de consumo. "Hay un interés y un trabajo muy bueno en la mayoría de las provincias, por eso es importante que Santa Fe también participe y tenga una ley para luego adecuarla. Si los consumidores tienen los derechos pero no tienen herramientas idóneas para solucionar el conflicto, queda trunca toda la posibilidad de defensa", precisó Rivas.
Tras las modificaciones de las leyes nacionales, el nuevo sistema establece tres instancias para resolver conflictos en las relaciones de consumo. La primera es el Coprec, la instancia previa obligatoria a la judicial. En caso de no arribar a un acuerdo entre las partes están previstas dos intancias adicionales: La Auditoría en las Relaciones de Consumo y el Fuero Judicial de Consumo. Este nuevo sistema agiliza notablemente la resolución de conflictos entre las empresas y los consumidores.
Antes, cuando un consumidor realizaba una denuncia, la conciliación no era obligatoria; es decir, si la empresa no se presentaba no pasaba nada. Después, esa denuncia pasaba a un servicio jurídico para establecer un dictamen donde la empresa podía ser sancionada o no, y donde el consumidor ya no era parte del proceso. Solamente, si había pedido en la primera audiencia una reparación por el daño directo podía llegar a darse una indemnización que era muy baja, hasta cinco canastas básicas.
"La diferencia ahora es que la audiencia de conciliación es previa y obligatoria. Además, es gratuita, no hace falta la asistencia letrada para el consumidor, sí puede tenerla por parte del Estado y por las asociaciones de defensa. Si la empresa no se presenta hay una multa por la incomparecencia, como elemento de disuasión. Es un proceso muy corto y estamos teniendo un 80 por ciento de las denuncias en las que se están cerrando con acuerdos", indicó la funcionaria.
En los casos en los cuales no se llega a un acuerdo, el consumidor puede ir por la Auditoría de las Relaciones de Consumo, donde el reclamo es hasta 15 salarios mínimos, vitales y móviles. Mientras que en el Coprec y en el Fuero Judicial de Consumo, son 55 salarios mínimos, vitales y móviles. "En todas las instancias los plazos procesales y legales son mucho más cortos, basados en la celeridad y la oralidad, es simple", explicó Rivas.
La directora del Coprec, creado a partir de la ley 26.993, destacó que "poner en agenda política los derechos de los consumidores hace pensar en el lugar que le tenemos que reconocer al consumidor, un lugar protagónico y activo en la sociedad. Pero a su vez el consumidor, que cuando se queda solo y no puede resolver sus conflictos, necesita al Estado para que lo ayude, porque el consumidor es la parte más débil en la relación de consumo".
Invitado como panelista para participar de la jornada debate que se realizó el pasado viernes en el Centro Cultural de la Cooperación; Claudio Boada, director general de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Legislatura porteña, señaló: "Necesitamos generar las adhesiones de las provincias para desarrollar este sistema".
Por su parte, el titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Alberto Muñoz, dijo que convocaron a Rivas para mostrar "lo más moderno que hay en el país en defensa del consumidor y para marcar que en la provincia de Santa Fe no tenemos ley, no tenemos delegadas las facultades en municipios y comunas, no se respeta la figura del daño directo. Estamos en una situación de mucha orfandad, por eso entre todas las organizaciones que trabajamos en defensa del consumidor queremos que de una vez por todas Rosario y Santa Fe se pongan a la altura de los desafíos que se están dando en el país".
El titular de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor planteó que existe una situación de doble standard. "Una gran empresa, al momento de instalarse en la provincia de Santa Fe sabe que tenemos una legislación más laxa e inexistente, y por lo tanto va a tener una actitud de menor respeto por los derechos del consumidor". Muñoz dijo que "suele pasar acá que una empresa venda un electrodoméstico y la garantía para repararlo esté en otra parte del país".
Finalmente, Muñoz consideró que los ámbitos legislativos y ejecutivos deben poner el tema en agenda: "En la Cámara de Diputados provincial hay un proyecto de delegación de facultades a los municipios y comunas del diputado Eduardo Toniolli, hay otro proyecto de ley del consumidor del senador Hugo Marcucci, pero queremos que avance porque la ley del consumidor es de 1993".
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