Página/12 :: rosario :: Un cambio sugestivo

Desde Santa Fe

£La Asamblea Legislativa aprobó el jueves sobre tablas, por unanimidad y en 50 segundos, un reglamento para la remoción de fiscales y defensores oficiales por las causas que establecen las leyes que crearon el Ministerio de la Acusación y la Defensa Pública, en 2009, en el arranque del nuevo sistema penal. El dictamen fue propuesto por el presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, Raúl Gramajo, quien se apuró a aclarar sin que Rosario/12 se lo preguntara: "Esto no tiene nombre y apellido. Simplemente es un procedimiento que se acordó para tramitar las denuncias contra funcionarios incluidos en las leyes 13013 y 13014 y garantizarles el derecho de defensa". Incluso, Gramajo dijo desconocer la denuncia que impulsaron en el Senado 17 de los 19 senadores del PJ y el Frente Progresista para remover de su cargo al defensor provincial Gabriel Ganón. "No me consta que haya una denuncia. No la conozco. Si ingresa a la comisión de Acuerdos voy a tomar conocimiento". Precisamente, la movida de los senadores dejó a la vista la falta de un reglamento como el que se votó ayer.

Gramajo pidió que se incluyera el nuevo asunto en una Asamblea Legislativa que el vicegobernador Carlos Fascendini había convocado para tratar siete pliegos: dos de los jueces de la Cámara Penal de Venado Tuerto y cinco fiscales de Santa Fe, Rosario y Rafaela, entre ellos Mariela Jiménez y Jorge Andrés, quienes intervienen en la causa por la catástrofe del río Salado de 2003, que dejó 18 muertos y ya lleva 13 años de impunidad. En el tratamiento de los pliegos, la Asamblea superó su propio récord: los aprobó en ocho minutos y fracción, el tiempo que demandó leer el nombre de los propuestos y los cargos que ocuparán. Jiménez y Andrés pasaron del viejo sistema al nuevo.

Apenas el vice abrió el plenario, Gramajo pidió que se ampliara la agenda y se incluyera "el reglamento de remoción de los funcionarios comprendidos en las leyes 13013 y 13014 de la provincia" y se lo votara "sobre tablas".

--Muy bien -dijo Fascendini y puso "a consideración de la Asamblea la solicitud" de Gramajo. Y anunció: "Aprobado. Se incluye en el orden del día".

Siguió Gramajo, quien volvió a pedir que antes de considerar su propuesta se votaran los siete pliegos y "por signos" porque en la comisión de Acuerdos "no hubo objeciones" a los candidatos. Así, se aprobaron los ascensos de los fiscales Jiménez, Andrés y Carlos Romero (Santa Fe), Ana Julia Milicic (Rosario) y Angela Capitanio (Rafaela) y de los jueces de la Cámara Penal de Venado Tuerto, Andrea Fernández y Daniel Curik. La votación demandó 8 minutos y medio, el tiempo que le llevó al secretario parlamentario leer los datos de los candidatos.

Faltaba el toque Gramajo. "El reglamento para la gestión de denuncias y trámites de remoción de los funcionarios" del Ministerio de la Acusación y la Defensa Pública por las causales dispuestas en sus leyes orgánicas: supuesto "mal desempeño" y "comisión de delitos dolosos". El dictamen está firmado por los doce integrantes de la comisión de Acuerdos: cuatro senadores: Gramajo, Alcides Calvo, Rubén Pirola (PJ) y Rodrigo Borla (UCR) y ocho diputados: Leandro Busatto y Julio Eggiman (PJ), Inés Bertero (PS), Julián Galdeano y Patricia Tepp (UCR), Alejandra Vucasovich (PRO), Alicia Gutiérrez (SI) y Gabriel Real (PDP).

Ante el pedido de Fascendini, la Asamblea votó el tratamiento sobre tablas y el reglamento. No pasaron más de 50 segundos, que habrá que sumar a los ocho minutos que les llevó aprobar los siete pliegos.

Gramajo explicó que el reglamento regula el trámite de las denuncias contra el fiscal general, los fiscales regionales, los fiscales de grado y los adjuntos y el defensor provincial, los defensores regionales, los defensores públicos y los adjuntos, entre otros. "Las 13013 y 13014 no tienen en su redacción un sistema que establezca un procedimiento a los efectos de remover a estos funcionarios ante eventuales denuncias contra ellos", dijo. Son todos los funcionarios de la Acusación y la Defensa. "Esto no tiene nombre y apellido", aclaró. "Simplemente es un procedimiento que la comisión bicameral acordó para regular el trámite de eventuales denuncias" y garantizarle al "funcionario denunciado su legítima defensa".

--¿No tiene nombre y apellido? El denunciado por los senadores es Ganón -se le recordó.

--Yo no denuncié a nadie. No sé donde está la denuncia. No me consta.

--Hubo una denuncia en el Senado.

-No tengo idea, si ingresa a la comisión bicameral de Acuerdos voy a tomar conocimiento. No me consta que haya una denuncia. No la conozco -cerró Gramajo.

Remoción de funcionarios

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