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Como no obtienen respuestas a sus reiterados reclamos; la Multisectorial contra los Tarifazos, que integran organizaciones de pequeños y medianos comerciantes e industriales de la ciudad, presentará el próximo martes en la Justicia provincial un recurso de amparo para que la provincia no aplique los dos últimos aumentos de la energía eléctrica, y que los retrotaiga a noviembre del 2015. La demanda es contra el gobierno provincial, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), y quien sea responsable del tarifazo eléctrico; ya sea el gobernador, ministros o directores de la empresa porque, explicaron, no tienen conocimiento cierto sobre quién autorizó los aumentos. "Este es un reclamo de la sociedad. Estamos juntando firmas y la gente hace cola en firmar por estos reclamos, por eso creemos que la demanda es un derecho, y en este caso para las organizaciones que estamos en la Multisectorial es una obligación por lo dramática que se está tornando esta situación, con la caída de la actividad económica", señaló a Rosario/12 Juan Milito, presidente del Centro Unión de Almaceneros.
Los representantes de las diferentes organizaciones de pequeños y medianos comerciantes e industriales vienen manteniendo reuniones para pedirle al gobierno provincial que retrotraiga los últimos aumentos de la energía eléctrica. Legisladores provinciales, asesores de diputados que han presentado proyectos, y concejales rosarinos se acercaron hasta la sede del Centro Unión Almaceneros para conocer de primera mano la preocupación y los problemas que enfrentan por los aumentos.
Hace unos días, y partir de varias gestiones, fueron recibidos por el gobernador Miguel Lifschitz y el jueves pasado les dejaron sus inquietudes a los presidentes de todos los bloques políticos del Concejo Municipal en la reunión de Labor Parlamentaria. Si bien ya tenían redactado el recurso, lo dejaron en suspenso a la espera de una respuesta de las autoridades que hasta el momento no se produjo.
"Sabemos que el camino judicial no es el buscado, nos reunimos con el gobernador, le planteamos la dificultad que él conoce, además de coincidir con algunos diagnósticos, y le hemos propuesto acompañarlo para hacer el reclamo a nivel nacional. Aparte le pedimos un gesto hacia los sectores pymes y residenciales para que se nos alivie el problema del tarifazo salvaje que estamos soportando con el conjunto de la población, y los negocios que están en una situación crítica respecto al pago de este servicio", apuntó Milito.
La presentación, un recurso contencioso administrativo sumario, está amparado por la Ley 10.000 de intereses difusos, es contra los tarifazos de energía eléctrica, y según los demandantes se interpone en virtud del gran aumento tarifario que produce el cierre de comercios, estimando que en los dos últimos meses fue de entre un 15 y un 20 por ciento, en el macrocentro, y de hasta un 30 en la zona periférica de la ciudad. Esta situación afecta de manera directa la correcta distribución de la mercadería a la población, y por otra parte, consideraron que los incrementos no fueron bien informados ni se dieron a publicidad.
"Este aumento va contra normas constitucionales, en primer lugar porque no se utilizó el sistema de una audiencia pública, a pesar que no está previsto en Santa Fe al no existir un ente regulador, pero se podría hacer tomando como ejemplo la ley nacional", precisó el abogado de la Multisectorial contra los Tarifazos, Juan Alcaraz.
El letrado planteó que se pide por los dos últimos aumentos, el de diciembre, que efectuó la provincia, de un 26,9 por ciento, y el ajuste que se produce a partir de febrero por la quita del subsidio nacional a la energía eléctrica, que se trasladó directamente a todos los santafesinos. "En las facturas que están llegando ahora, al que menos le puede llegar, es casi un cien por ciento, mientras que a comercios, industrias y pymes, en algunos casos llegan a un 263 por ciento de aumento, que fue reconocido hasta por el presidente de la EPE cuando estuvo en la Cámara de Diputados".
Desde la Multisectorial, que además convocará a una concentración el martes a las 11 frente a los Tribunales provinciales donde se efectuará la presentación, piden que el gobierno provincial busque la manera de establecer una tarifa que se razonable y ajustada a derecho, ya que consideran que las últimas son "usurarias". También aclaran que se oponen a cualquier instancia de privatización de la EPE y que no pretenden que la empresa se desfinancie, por lo que plantean que el déficit no presupuestado para este ejercicio "salga de otros fondos, y sobre todo que lo paguen los que más tienen".
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