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El bloque de diputados peronistas Primero Santa Fe, cuestionó esta semana la forma en que se esta rescindiendo el contrato de concesión de la autopista. "Si la empresa imcumplió hay que aplicar los mecanismos de ejecución de fondos de garantía, y no sólo rescindir. Pero antes queremos saber qué dicen los informes del ente de control que debía seguir el contrato de concesión, y lo que dicen los informes cuatrimestrales que el Tribunal de Cuentas de Santa Fe nos reconoció que hizo durante los últimos cinco años", expresó la diputada Silvia Simoncini. Esos papeles son aún hoy un misterio, por eso la legisladora fue dura al afirmar que "el ministro de Infraestructura José Garibay, tiene la respuesta a sus preguntas en estos informes sin necesidad de recurrir a una auditoría llevada a cabo por la UNL y la UNR. "Garibay busca afuera lo que debería obtener de los propios organismos de control estatales, como Fiscalía de estado, Tribunal de Cuentas y el famoso ente de control". La legisladora junto a Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Roberto Mirabella y Germán Baccarella se reunieron el 19 de mayo con el máximo órgano de control del estado santafesino. Finalmente el bloque quiere discutir que hacer con la autopista "en caso de que se decidiera invertir los 1500 millones de pesos para repavimentarla". "Pensamos sino seria mejor que sea el propio estado el que la explote, sin nuevas concesiones, ya que hasta corremos el riesgo de que alguna de estas seis empresas vuelva a quedarse con la concesión.
-¿Que datos surgen del análisis del pliego de concesión de la autopista? preguntó Rosario/12.
-Cuando se le entrega la autopista a esta Unión Transitoria de Empresas -constituída por Obring, Milicic, Laromet, Agro Vial, Pecam y Rovial- se redacta un pliego donde se fijan pautas claras: la pavimentación y el mantenimiento de toda la traza en los primeros cinco años. El contrato es claro al marcarle a la empresa la obligación de pavimentar la totalidad de la cinta asfáltica cuando se cumpliera la mitad del período concesionado, que eran diez años en total. También se fijaba la creación de un ente que controlara las pautas contractuales y el cumplimiento de las mismas, así como que las obras complementarias ( como por ejemplo un rulo vial de acceso a una comunidad) serían financiadas con fondos provinciales sin grandes trámites administrativos y sin concurso previo. Esto permitía que la provincia pudiera otorgarle a estas mismas empresas, estas obras complementarias.
-¿Cuando y porqué empieza el bloque a preguntar por esta concesión?
-Ya en marzo presentamos un pedido para llevar adelante una auditoría sobre la situación de la licitación y el cumplimiento de los contratos. A posteriori, como no tuvimos respuesta, pedimos una reunión con el Tribunal de Cuentas que por la Ley de administración Nº 12.510 tiene las atribuciones y deberes, y es el órgano de seguimiento y control de estos actos administrativos. El tribunal en pleno nos recibió el 19 de mayo, y allí planteamos la mora en la publicación de los decretos del Poder Ejecutivo, que se hacen tarde o que directamente no se publican. Y nos preocupamos pro el tema porque los escuchamos al ministro Garibay que ya deslizaba dar de baja el contrato de concesión y solventar con fondos públicos la repavimentación.
-¿Y cuál era su preocupación?
-Que no se tuviera en cuenta que la UTE ganó la concesión porque aseguró que con el 80 por ciento de la tarifa, podían pavimentar en cinco años la traza completa y hacer su mantenimiento. Y lo dijeron porque son empresas contratistas de construcciones, es decir del rubro. También dijeron que el otro 20 por ciento serían destinados para obras varias. Ahora después de haber hecho poco y nada de esto, escuchamos a Garibay decir que 'las empresas adujeron que las condiciones del suelo no eran las esperadas, y la tarifa era insuficiente, por lo cual ahora debemos ver como damos de baja el convenio para no someter a la provincia a un cuestionamiento jurídico posterior de parte de las empresas'. Esto dijo Garibay en la Comisión de Obras Públicas de Diputados, y aclaró que 'en las actuales condiciones es imposible continuar el contrato, y que debe hacerse de común acuerdo, para evitar juicios. En esa misma línea el ministro adelanta una posible auditoría de parte de las facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (que dirige la hermana del ministro Garibay) y de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
-¿Ustedes se oponen a la auditoría de las universidades?
-No lo decimos en desmedro de las universidades, al contrario, nos preguntamos porqué si el contrato de concesión establece la creación de un ente que debió controlar este contrato, si el Tribunal de Cuentas está habilitado y tiene el deber de efectuar el control de estas cuestiones, porqué hoy necesitamos de una auditoría externa al estado santafesino. Porqué Garibay no recurre a aquellos institutos del propio estado que están habilitados y obligados por ley para hacer el contralor de este contrato.
-Las empresas hablaron de un atraso tarifario, ¿pero qué flujo de tránsito tuvieron los peajes de la autopista en estos años?
-Cerca de 46 mil vehículos por día, es decir unos 16 millones de vehículos por año. En el 2015 ARSSA recaudó 160 millones de pesos. Y la tarifa aumentó desde el 2010 cuando costaba $ 3.50 al 2015 cuando subió a 20 pesos. Esto es un 470 por ciento de aumento, cuando los salarios aumentaron 220 por ciento, el gasoil aumento un 210, y la inflación fue de un poco más de 200 por ciento.
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