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Desde Santa Fe.
Miguel Lifschitz es el primer gobernador que interfiere en el Poder Judicial para frenar las designaciones de un fiscal que descubrió las pruebas para condenar a genocidas como Luis Patti y de un defensor de derechos humanos reconocido en el país y en el exterior porque los considera una supuesta "interferencia negativa en el proceso de transformación de la justicia penal". Lo hizo con el decreto 1597 que escribió su ministro de Justicia y Derechos Humanos Ricardo Silberstein, para voltear un concurso en el Ministerio Público de la Defensa que el fiscal Juan Patricio Murray y el criminólogo Enrique Font habían ganado en 2012 y así, tras un cajoneo de cuatro años en el gobierno de Antonio Bonfatti, rechazar los nombramientos con la excusa de que "no poseen racionalidad técnica y axiológica". El defensor general Gabriel Ganón interpretó el bochazo como "un acto destemplado, de absoluta discrecionalidad y discriminación por las posiciones políticas e ideológicas de dos personas que tienen un curriculum intachable". "Un nuevo hostigamiento" del Poder Ejecutivo a la Defensa Pública por haber denunciado ante organismos internacionales las "gravísimas violaciones a los derechos humanos en Santa Fe, desde la desaparición forzada de personas hasta la desaparición de una mujer en una red de trata".
El decreto 1597 se conoció esta semana, aun cuando Lifschiz y Silberstein lo firmaron el 30 de junio. Rechaza la propuesta de Ganón para designar a Murray y Font en el Ministerio Público de la Defensa, en cargos equivalentes a jueces de primera instancia que ganaron por concurso en 2012. Murray había sido seleccionado como secretario de Política Institucional y Font, secretario de Prevención de la Violencia Institucional y Asistencia al detenido y al condenado.
El trayecto de ambos es conocido. Murray fue fiscal federal en San Nicolás, donde reunió las pruebas para condenar a Patti y a otros criminales de lesa humanidad. Ya en Rosario, destapó los vínculos entre la Santafesina y el tráfico de drogas y pidió la detención del ex jefe de Policía de la provincia Hugo Tognoli, condenado en 2015, en Santa Fe, por encubrir a otro narco. Sus investigaciones lo convirtieron en blanco de dos ex gobernadores: Hermes Binner agitó sospechas en su contra y Bonfatti llegó a imputarle una presunta "actitud partidaria". Hoy, coordina la Unidad Fiscal que investiga el atentado a la AMIA. Mientras que Font es abogado y criminólogo, docente en la Universidad Nacional de Rosario y desde 2012, vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, que mide el grado de cumplimiento de la Convención contra la Tortura.
Sin embargo, Lifschitz les negó a los dos el "derecho adquirido" a ocupar los cargos que ganaron por concurso y rechazó sus designaciones con las mismas conjeturas que agitó Silbertein: que los nombramientos carecen de "racionalidad técnica y axiológica", significarían una presunta "interferencia negativa" en el "proceso de transformación de la justicia penal" y sumó las "presuntas irregularidades" en un contrato a Font.
El gobernador reprochó también a Murray y Font que "el concurso data de 2012" y la "gestión Ganón culmina "en abril de 2017". Pasó por alto que el trámite estuvo cajoneado casi cuatro años, lo cual revela otra doble vara. El 19 de mayo, Lifschiz firmó el pase de un funcionario de su gabinete, Diego Poretti, al Ministerio Público de la Acusación (decreto 1071), donde hoy está un peldaño arriba del fiscal que lo investigó por un supuesto allanamiento ilegal que comandó Tognoli en junio de 2012 y archivó la causa con un video que apareció tres años después del hecho. Poretti había ganado el concurso en 2013 y tras el cierre del proceso juró la semana pasada como subsecretario de Persecución Penal de la Fiscalía Regional Nº1. El decreto 1071 ni siquiera menciona la fecha del concurso.
Ganón consideró el bochazo a Murray y Font como "un nuevo acto de hostigamiento" del Poder Ejecutivo a la Defensa Pública por sus denuncias a la "violación sistemática de derechos humanos" en la provincia y "la falta de respuesta a los reclamos" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. "No hay ninguna voluntad" del gobierno "para resolver este tipo de situaciones". Es más, "se quiere simular y ocultar la realidad de Santa Fe, que poco se diferencia de otras provincias en la violación sistemática de derechos humanos".
El decreto 1597 de Lifschitz "es un acto destemplado, de absoluta discrecionalidad y discriminación por posiciones políticas e ideológicas a dos personas que tienen un curriculum intachable. Y de esta manera, interviene indebidamente en otro poder del Estado", advirtió Ganón. "Nunca antes un gobernador se había metido en concursos realizados en el Poder Judicial y hoy lo hace abusando de sus poderes y cometiendo un acto absolutamente destemplado".
-¿Por qué por motivos políticos? -preguntó Rosario/12.
-Porque dicen que Murray y Font van a entorpecer el proceso de transformación de la justicia penal. Nosotros creemos todo lo contrario, que Murray y Font, con la trayectoria y los antecedentes que tienen, iban a contribuir a transformar la administración de justicia. No hay nombramientos porque no quieren que la Defensa Pública trabaje, no quieren transformar absolutamente nada en la justicia -concluyó.
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