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"En toda la provincia de Santa Fe no hubo un solo testigo ni querellante que aceptara la custodia policial. No confían en la policía después de veinte años de democracia". La frase pertenece a Alfredo Vivono, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, quien la última semana se reunió con querellantes y testigos de las causas en la que se investiga el accionar del terrorismo de Estado, luego de las amenazas recibidas por fiscales y jueces que entienden en estas causas. Cecilia Nazábal compañera de Fernando Dussex, detenido y desaparecido en la Quinta de Funes estuvo en la reunión del último lunes y fue allí una de las voces que exigió respuestas al gobierno provincial. "Pedimos protección, pero no un policía en la puerta de cada querellante o testigo, algo que no sirve de ninguna manera porque no podemos confiar: lo que necesitamos es que el Estado controle a los imputados en las causas de terrorismo de Estado, esto es lo único que nos puede dar seguridad. Hablamos de los imputados que están detenidos asi como los prófugos, que son muchos. Y sobre los que hay órdenes de captura a todas las fuerzas, tanto provinciales como federales", remató.
Nazábal explicó que "uno entiende que armar un esquema de seguridad que sea totalmente distinta implica un proceso y tiempo, pero este gobierno de Jorge Obeid lleva ya su segundo período de gobierno. Y por eso algunas cosas me despiertan preocupación, porque sin bien el ministro Rosúa recuerda en cada caso como este que él había limpiado la policía, echando a Lofiego y tantos otros, también es cierto que en el primer gobierno de Obeid, en el que Rosúa tambien era su ministro de Gobierno, lo tuvo en la Subsecretaría de Seguridad a Nicolás Correa, hoy detenido en Santa Fe como uno de los jefes de la patota. Esto me preocupa porque esta persona tomaba decisiones. Por eso ahora nos sumamos desde Rosario al reclamo de separar de su cargo a Jose Bernhardt -hoy director provincial de Emergencia- que fue quien llevo a Correa a su cargo. Esto preocupa" (más información en página 5).
Según recordó Nazábal, la fiscal federal Griselda Tessio reveló en esa reunión que "los detenidos (por terrorismo de Estado) no tienen un control estricto y que, por ejemplo, se les permite recibir visitas en cualquier horario, algunas veces de madrugada a la una o a las dos de la mañana. ¿Que se puede hacer a esa hora?-, se pregunta Nazábal para recordar de inmediato que "uno no puede menos que pensar en el atentado que sufriera el local de Eduardo Toniolli (un ciber de Mitre y Mendoza) cuando rompieron las vidrieras con las placas arrancadas de un monolito del Bosque de la Memoria. La moto usada en el ataque fue hallada en el interior del Segundo Cuerpo y el culpable era un miembro de la inteligencia del Ejército, Fernando Corvalán. Aun hoy no sabemos qué pasó con esa causa, que estaba en la justicia provincial en manos del juez Osvaldo Barbero y luego pasó al fuero federal. Pero tampoco sabemos qué fue de la vida del militar imputado del hecho, si está en actividad o no", concluyo Nazábal.
Por su parte, Alfredo Vivono explicó que "esta primera reunión que organizó la secretaría de Derechos Humanos con testigos y querellantes de las causas y fiscales, tuvo el objetivo de ponerlos al tanto del estado de las causas y transmitirles las novedades en cuanto a los casos de amenazas recibidas por juzgados y fiscalías, además de charlar sobre cuáles eran las inquietudes y necesidades".
"Habíamos charlado previamente con el ministro Rosúa que si alguien pidiera en forma urgente una custodia policial, se le iba a dar y de lo contrario, que fue lo que ocurrió, analizar cuáles podrían ser las medidas de seguridad a tomar, tanto en Santa Fe como en Rosario, ya que el cien por ciento de los testigos y querellantes rechazaron ser custodiados por la policía. Lo que pidieron fue que el Estado se encargara de custodiar a los procesados y detenidos por terrorismo de Estado, es especial los horarios de visita que reciben, las salidas de los lugares de detención, quienes son los que los visitan. Y también pidieron que se profundice la búsqueda de los prófugos, y se controle ha quienes fueron indagados y están sospechados de haber participado en el terrorismo de estado". Además se les ofreció una contención psicológica para quienes lo necesitaran.
-¿Cuál es el motivo del rechazo?
-Es que después de más de 20 años de democracia, la policía no termina de brindar confianza y seguridad, no solo para testigos y querellantes sino para un sector importante de la sociedad. Y es que más allá de la cuestión institucional, hemos visto policías involucrados en asaltos y robos, o sea que llevará tiempo modificar esta realidad. Y más en gente que ha ha tenido militancia en los setenta y ha sufrido a la policía en carne propia: se ve un uniforme y no se tiene plena confianza, todavia hoy, en esta "policía de la democracia".
-¿Qué alternativas de seguridad le ofrecieron testigos y querellantes?
-Hay varias alternativas, pero hay que reconocer que tenemos como Estado provincial limitaciones para actuar en causas federales: si se pretende controlar a los detenidos por más que lo quiera el propio ministro de Gobierno cosa que va hacer en los próximos días debe pedirle permiso al juez, porque están bajo jurisdicción federal, y no puede decir Rosúa cómo controlarlos. A criterio personal, los jueces federales que llevan adelante las causas deben ayudar y allanar los caminos para poder controlar a los detenidos y acelerar la búsqueda de los prófugos, y teniendo en cuenta que en esta zona las fuerzas federales no son muy importantes en número, podrían recurrir a las fuerzas provinciales.
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