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En la Legislatura Provincial hay consenso para casi todo, menos para algunos temas que quedan boyando indefinidamente hasta que pierden estado parlamentario. Uno de esos temas es la llamada Ley de Fitosanitarios o Agrotóxicos, la que debería regular claramente los marcos de aplicación de agrotóxicos en el territorio santafesino. Como casi la mitad de los 69 legisladores son a la vez productores agropecuarios, ese tipo de normativa naufraga en las comisiones o simula intensos debates que luego caen en el fracaso.
El último intento fue realmente vergonzoso. La diputada Inés Bertero viuda del estanciero socialista Guillermo Estévez Boero presentó un proyecto que prohibía la aplicación terrestre de agrotóxicos a menos de 200 metros de las viviendas en los pueblos agrarios de Santa Fe. La diputada era quizás la menos indicada para hablar de regulación en la materia porque sigue siendo una importante productora y consultó sólo a otros empresarios agrícolas para presentar su iniciativa. Es más, el proyecto acortaba la zona de exclusión de aplicación de agrotóxicos a sólo 100 metros en el caso de la presencia de "barreras naturales" como arboledas y bosquecillos.
Sorpresivamente fue el senador provincial de su mismo partido, Miguel Cappiello el que anunció que como médico sanitarista él no votaría un proyecto que ponía tan cerca las fumigaciones de las poblaciones rurales. En el momento, muchos entraron por el aro y felicitaron semejante gesto de democracia interna en un partido político. Pero con el tiempo fue quedando claro que el Senado lo rechazaría sólo para que todo quedara igual, es decir sin ningún tipo de regulación y el tema pasó a archivo como en otras oportunidades sólo que ahora de forma más sofisticada.
El último proyecto realmente serio en la materia fue el que presentó el ex diputado provincial José María Tessa. Consensuado con distintas entidades ambientalistas, el texto imponía la prohibición de la fumigación aérea y la limitación a 800 metros para las fumigaciones terrestres respecto de las poblaciones.
Aquella iniciativa fue impulsada por entidades ambientalistas, vecinos de pueblos fumigados y dirigentes gremiales nucleados en la campaña Paren de Fumigarnos. La propuesta establecía parámetros en las distancias de aplicación respecto de los lugares poblados, y no se basaba en la toxicidad de los plaguicidas, tal como lo establece la norma actual Nº 11.273.
La iniciativa entre otros objetivos buscaba prohibir la fumigación aérea y limitar todo tipo de aspersiones a 800 metros de centros poblados y zonas sensibles y a 1.000 de las escuelas rurales. Además proponía priorizar las áreas libres de agroquímicos para la producción de alimentos de consumo humano y de agricultura familiar, actividades desplazadas por las explotaciones agrarias fuertemente basadas en métodos químicos y manipulación genética, con graves consecuencias para la salud de la población. El texto introducía también regulaciones a la venta, transporte y aplicación de agroquímicos, a la utilización en plantas de acopio y banquinas, y disposiciones sobre el destino de los envases, entre otras restricciones. El proyecto había sido rubricado además por los diputados Santiago Mascheroni; Pablo Di Bert; Oscar Urruty y Gerardo Rico.En los últimos años, los integrantes del colectivo ambientalista Paren de Fumigarnos, integrado en Santa Fe por organizaciones y vecinos de más de 90 pueblos, intentaron sin éxito introducir iniciativas en la Lelgislatura santafesina. "Una tras otra fueron ignoradas, ocultadas y en ocasiones confrontadas con proyectos en los que claramente aparece la asesoría del aceitado lobby empresarial lucrativo", recordaron los impulsores de la nueva iniciativa.
Está tan acordado que la distancia real de exclusión para aplicación de agroquímicos debería ser 800 metros, que un juez acaba de firmar un amparo con esa misma distancia para proteger a una familia oriunda de Piamonte y, de esa manera, a todo el pueblo santafesino.
Lo publicó este diario en su tapa de la edición de ayer: El juez civil y comercial Tristán Martínez dictó una medida cautelar en favor de una familia de Piamonte ubicada a 180 kilómetros al noreste de Rosario por la cual se prohíbe fumigar a menos de 800 metros de su hogar con cualquier tipo de agroquímicos. La medida también prohíbe la circulación de máquinas pulverizadoras, conocidas como mosquitos, en todo el radio urbano así como el acopio de agroquímicos. La cautelar fue solicitada por la abogada María Eugenia Boccio quien patrocina a la familia Córdoba, gravemente afectada por las fumigaciones, tales como irritación en las vías respiratorias, ojos, garganta y nariz, lo que les provoca vómitos y mareos constantes. "La cautelar no solo protege a mi patrocinada, sino a todo el pueblo" aclaró Boccio. La medida tiene fecha 30 de setiembre y el último lunes fue notificada formalmente al presidente comunal de Piamonte, sobre quien se apunta que garantice la prohibición. Ayer la familia perjudicada denunció que hubo "mosquitos" circulando por su barrio. Boccio aclaró este diario que "la medida es cautelar es decir es previa y no resolutiva del conflicto pero su fin es impedir el agravamiento de la situación de la población de Piamonte y de la familia accionante en particular".
En ese marco explicó que "se dictó en el marco de un juicio ambiental por 'pluricontaminación' originada en la actividad de los acopios, tránsito y guarda de maquinaria agrícola, específicamente 'mosquitos' o maquinaria pulverizadora, así como para guarda y aplicación de agroquímicos en las plantas de acopio que se encuentran dentro del tejido urbano. También se prohíbe la fumigación de campos lindero a la vivienda de la actora". "La acción de amparo agregó la letrada pretende que judicialmente se resuelva en favor de la vida humana y el derecho ambiental, en base del cual se sustenta la vida y salud de las personas, y para ello, se peticionó que se prohíba la fumigación manual, terrestre y/o aérea con ningún tipo de agroquímicos a menos de 1000 metros de todo el ejido urbano de la comuna de Piamonte, y específicamente de la vivienda de los Córdoba". En su presentación Boccio pidió también que "se prohíba la circulación, tránsito, permanencia y/o cualquier otra actividad que implique la presencia en zona urbana de maquinaria agrícola, específicamente, mosquitos, y/o pulverizadoras".
Por si faltaran argumentos, ayer mismo el diario La Capital dio a conocer un informe de la Universidad Nacional de Rosario que señala que la tasa de cáncer en el sur de la provincia de Santa Fe casi duplica el promedio de Argentina según relevamientos realizados en decenas de localidades desde 2010 a la fecha por equipos de profesionales de la cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la UNR.
La multiplicación de este tipo de patologías, así como la consolidación de otras enfermedades graves como el hipotiroidismo, está asociada a la exposición frecuente y reiterada en el tiempo a los cócteles de agroquímicos que utiliza de manera indiscriminada la industria agropecuaria. Así lo detalló Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de esa facultad y responsable académico de la materia Salud Socioambiental y de la práctica final de medicina, quien explicó que cuando se analizan los datos recabados en miles de entrevistas a pobladores de localidades de no más de 10 mil habitantes ubicadas en la zona núcleo agropecuaria, algunos datos sacuden los promedios estadísticos de salud: por ejemplo, entre las patologías crónicas encontraron el hipotiroidismo como segunda enfermedad más frecuente, incluso más que la diabetes, lo que contradice los registros de Argentina a nivel país.
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