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Distintas organizaciones sociales manifestaron ayer frente a los Tribunales para expresar su solidaridad con el matrimonio Machinandiarena -Alberto, de 80 años, y Josefa, de 78- quienes fueron desalojados el jueves pasado de su vivienda, en Mitre 1822, al no haber pagado una deuda por un antiguo crédito. Los ancianos se encuentran en una difícil situación y tienen serias dificultades para encontrar un lugar donde vivir, ya que no cuentan con las garantías que necesitan para alquilar una vivienda. El concejal del ARI, Nire Roldán, presentó un proyecto para crear el Servicio Público de Alquileres.
El matrimonio recibió muestras de apoyo de representantes de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, la Agrupación para la Protección de la Vivienda Unica (Aprovu), jubilados de Amsafé, entre otros. "Fuimos estafados por un señor que decía que era abogado y ni siquiera se había recibido. El nos decía siempre que estaba todo bien y nos hizo firmar un papel en Tribunales, que después no enteramos que era un allanamiento", dijo Josefa, ex docente de la Escuela 1240, que estuvo siempre acompañada por varias compañeras.
"Se nos hace muy difícil encontrar una vivienda porque no podemos cumplir con los requisitos que nos exigen para alquilar", indicó Josefa, mientras trataba de darle ánimo a su marido, quien padece el Mal de Parkinson desde hace unos años.
El coordinador del Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Unica del Concejo Municipal, Ariel D'Orazio, pidió un urgente resarcimiento económico para la pareja. "Se podría buscar una compensación económica por daños y perjuicios ocasionado a este matrimonio que han perdido una vivienda construida durante toda una vida por algunos errores técnicos que ocurrieron en el juicio que podría haber frenado esta injusticia", precisó D'Orazio.
Unos minutos después que se cortara calle Balcarce, y en representación de los docentes que acompañaban al matrimonio Machinandiarena, Delia Valia, dijo que el desalojo que sufrieron los ancianos "es totalmente obsceno. Además ya estaban colocando carteles con la liquidación del inmueble; esta situación es inhumana y denigrante".
El concejal Roldán expresó: "Estamos acá para manifestarle toda nuestra solidaridad a Alberto y a su señora. Vamos a seguir luchando para solucionar el problema". El edil agregó que "para que estas cosas cambien hacen falta políticas públicas de unidad, para que esto no siga pasando. Desde mañana (por hoy) vamos a trabajar en el Concejo para encontrar una solución".
En este sentido, Roldán anunció que va a presentar sobre tablas un pedido para que el Servicio Público de la Vivienda y la Dirección Provincial de Vivienda para que los ancianos, que por el momento están alojados en la casa de un cuñado, tengan un lugar para vivir; además de un apoyo económico, que les permita seguir adelante en esta pesadilla que están viviendo desde la semana pasada, cuando un oficial de justicia, acompañado por móviles policiales, aplicaron la orden de desalojo librada por el Juzgado de la 5ª Nominación.
Ante la dificultad que tiene el matrimonio desalojado, Roldán propuso crear un Servicio Público de Alquileres, cuya función será la de facilitar la dinámica del mercado del alquileres de viviendas y locales comerciales, aportando seguridad al propietario y una mayor oferta a los locatarios; de aprobarse, sería de mucha utilidad para este tipo de casos.
El proyecto propone crear un Fondo Municipal para financiar este servicio. Los que aportarían serían: un aporte intangible del presupuesto Municipal; un importe del 3 por mil que aportarán los propietarios que se suscriban sobre la valuación fiscal del inmueble en cuestión; y el 50 por ciento de lo que el municipio recaude en concepto de alícuota del DREI a los servicios y comisiones inmobiliarias.
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