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En el marco de un conflicto educativo en el que las partes recién han logrado retomar el diálogo esta semana, el bloque justicialista de la Cámara de Diputados intenta apurar el tratamiento del proyecto de paritarias docentes. "Es echar nafta al fuego", disparó la diputada provincial por el ARI Verónica Benas tras ser la única legisladora de la oposición que presenció la reunión convocada por el oficialismo el pasado martes en la que se le entregaron copias del Anteproyecto de Dictamen de Paritarias Docentes para que lo analizara y se lo hiciera llegar a los otros legisladores de la oposición a fin de que el próximo miércoles fuera tratado en las comisiones de Educación y Laborales, a pesar de que el mencionado proyecto no forma parte del temario de extraordinarias, con lo cual de dictaminarse el proyecto "sería un elemento nuevo en el mecanismo de funcionamiento de la legislatura", aseguró.
Así, para comprender cabalmente el grado de enojo e indignación de la legisladora hay que remontarse al 2004, cuando el bloque del ARI, por un lado, y el diputado Hugo Marcucci (UCR) por el otro, presentaron dos proyectos de Ley de Paritarias Docentes "con la idea de tener una herramienta -como tienen el resto de los trabajadores del Estado- de diálogo sistemático para que de alguna forma empiecen a trabajarse en esa instancia de paritarias aquellos temas que sabemos que provocan una cantidad de roces entre los trabajadores de la educación y el gobierno", recordó Benas.
Ambos proyectos obtuvieron dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Laborales, pero no lograron pasar al resto de las comisiones y perdieron estado parlamentario, por lo que el año pasado fueron reingresados pero esta vez el proyecto del ARI había recogido también el apoyo del bloque socialista. De manera que frente a una idea de paritarias que planteaba la oposición en su conjunto, durante el conflicto educativo del año pasado, el gobernador Jorge Obeid presentó un tercer proyecto "que evidentemente reafirma la posición autoritaria de control sobre el gremio docente", aseguró la legisladora en relación al momento de la presentación, y lo comparó con la reciente determinación de reinstalar el presentismo.
Cabe destacar que tras no haber habido acuerdo en relación al proyecto, el bloque justicialista continuó reuniéndose por fuera del ámbito normal de funcionamiento de las comisiones y presentó en noviembre pasado el Anteproyecto de Dictamen que fue entregado a la legisladora del ARI el martes pasado.
En relación a los puntos de disenso con el proyecto oficialista, Benas destacó en primer lugar que "evidentemente privilegia el rol del gobierno en esta discusión de una forma alevosa", y agregó "algunos puntos que hacen al tema de la representación, porque hay algunas cuestiones muy insólitas, como por ejemplo quiénes tienen derecho a participar en las paritarias, en lo que han reconocido -porque no les quedó otra opción- que solamente aquellas entidades que tuvieran representación legal. Pero como de esa forma no resuelven que otros sectores que son afines al partido puedan participar, perfilan otros mecanismos y dicen que si no se da hoy, en un futuro aquellas organizaciones que logren reunir el 5% de la masa total de docentes del sector público, lo van a considerar -una vez que tengan la cuestión legal resuelta- aunque tengan doble afiliación".
En este sentido, la legisladora consideró que "esto es muy peligroso porque puede generar que el gobierno intervenga en la cuestión gremial de la docencia tratando de inventar o alimentar gremios que no tienen representación real". Sin embargo, no dejó de aclarar que son puntos "a discutir, porque argumentan la pluralidad y yo soy respetuosa de la pluralidad, pero de la pluralidad real. Uno respeta lo que existe, lo que realmente representa, porque sino con el argumento de ser plural sentamos a cualquiera".
Por otra parte, Benas demostró su enojo con la "invención de dos instrumentos que no están en ninguna ley de paritarias en todo el país": en primer lugar, como segunda instancia en caso de que el procedimiento de autocomposición -herramienta que figura en todas las leyes de paritarias para la resolución de conflictos- no funcionara, el Anteproyecto crea una Comisión Conciliatoria compuesta por tres miembros: un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, y un representante de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia; y en segundo lugar, crea una Comisión Consultiva Institucional presidida por el Ministro de Educación -o quien éste designe en su reemplazo-, y compuesta por un representante de cada gremio de docentes públicos o privados, más un representante del Poder Ejecutivo. La misma tendrá como objeto constituirse en una mesa de diálogo cuyas conclusiones o recomendaciones no serán vinculantes. Además, se faculta al Ministerio de Educación a convocar a las entidades propietarias y a las asociaciones sindicales, uniones o federaciones de trabajadores docentes de establecimientos de gestión privada.
Respecto del primer punto, Benas destacó que "en esta provincia, el miembro de la Cámara de Diputados, si es uno sólo es de la mayoría, o sea, del gobierno; lo mismo pasa con uno de la Cámara de Senadores; y el tercer miembro, no quiero emitir opinión pero queda claro que esta Comisión no es imparcial para nada, porque me pueden decir que es de otros poderes, pero la realidad es que acá hay un solo poder prácticamente funcionando con total supremacía sobre los demás, sea el judicial o sea el legislativo".
Otro de los puntos que objetó la legisladora es que esta herramienta "prolonga los plazos de modo de impedir prácticamente en los hechos las medidas de acción directa por parte de los trabajadores".
Respecto del segundo punto, apuntó que "todo lo que no puede estar legalmente dentro de la paritaria estaría dentro de esta Comisión Consultiva", por lo que aseguró que "está claro que es inaceptable este texto porque viola todos los derechos sindicales", y agregó: "tal es así que hasta el otro se comunicó conmigo el diputado (Alberto) Maguid (PJ), para decirme que iba a pedir a su bloque libertad de acción para rechazar algunos puntos porque él como representante de los trabajadores en la Internacional de Servicios Públicos no podía votar eso".
Además, la legisladora objetó los puntos que quedarían excluidos de la negociación colectiva, que serían "la facultad de dirección del Estado en cuanto a la organización y conducción de la educación, comprensiva de la fijación de los lineamientos de política educativa, la ejecución de las acciones derivadas de los mismos y la estructura organizativa del sistema; el principio de idoneidad como base del ingreso a la docencia y de promoción en la carrera del personal docente; y el régimen disciplinario".
Sumado a esto, Benas remarcó que hay "un ingrediente político que tiene que ver con el criterio de oportunidad: en un momento adonde hay un conflicto desatado, en donde las partes están planteando situaciones límites, que hubo la intermediación de Nación porque no hubo acuerdo en relación al pliego de los docentes y el criterio del Ministerio de Educación, cuando los docentes -en un gesto hacia la comunidad- aceptan un diálogo y suspenden las medidas que habían decidido, pretenden echar nafta el fuego e incorporar a la discusión otro elemento más que provoca más rispideses".
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