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El gobierno se tom贸 cinco d铆as para reaccionar ante la muerte de un chico de 17 a帽os que se prendi贸 fuego en el Instituto de Recuperaci贸n del Adolescente de Rosario, el viernes 煤ltimo. El gobernador Jorge Obeid firm贸 ayer el decreto 636 que traspas贸 el IRAR de la Direcci贸n del Menor en Conflicto con la ley Penal al 谩mbito del Servicio Penitenciario de la provincia para "garantizar la seguridad" de los menores detenidos. "Una intervenci贸n" dijo el ministro de Gobierno, Roberto Ros煤a que desplaz贸 de su cargo a la directora del instituto, Laura Bevilaqua, la misma que 48 horas antes de la tragedia que le cost贸 la vida a N茅stor S. le prohibi贸 la entrada a tres legisladores de la Comisi贸n de Derechos y Garant铆as movilizados por las denuncias que pesan sobre lo que "ya no es un instituto de rehabilitaci贸n, sino una p茅sima c谩rcel para menores". Ros煤a justific贸 la medida, ya no en el alerta de los legisladores, sino en el tr谩gico fin del joven. "El hecho de que haya ocurrido una muerte es por s铆 solo grav铆simo y en esos casos es normal el desplazamiento de las autoridades", afirm贸 el ministro. Poco despu茅s, la Corte Suprema de Justicia orden贸 a la C谩mara Penal de Rosario que inspeccione el IRAR y le concedi贸 un plazo de tres d铆as para informe "sobre el estado de alojamiento de los menores".
Ros煤a anunci贸 el "traspaso transitorio" del IRAR a la 贸rbita del Servicio Penitenciario en una audiencia que concedi贸 en su despacho de la Casa Gris a dirigentes gremiales de UPCN Rosario, con quienes analiz贸 la crisis del instituto. "El gobernador ha firmado el decreto de intervenci贸n", les dijo a sus visitantes. En realidad, se trata de un cambio de dependencia burocr谩tica del instituto que "tiende a recuperar el orden administrativo y de funcionamiento y garantizar la seguridad f铆sica de los menores y de los propios trabajadores".
En el encuentro, tambi茅n particip贸 el secretario de Gobierno, Walter G谩lvez, a cargo de la Subsecretar铆a de Asuntos Penales, desde que Obeid removi贸 a su titular por otro esc谩ndalo. Fuentes de la Casa Gris informaron despu茅s que la agenda de la reuni贸n fue m谩s amplia: el pase a planta del personal transitorio, la incorporaci贸n de nuevo personal, la situaci贸n de ocho becarios y el reordenamiento de la estructura institucional. "Muchos de estos reclamos ya est谩n en v铆as de soluci贸n", aclar贸 Ros煤a.
El ministro y los delegados de UPCN acordaron despu茅s que el gremio se integre tambi茅n a una mesa de trabajo con el gobierno, donde aportar谩 "su conocimiento y experiencia tanto en materia edilicia como en lo referido al tratamiento de los menores".
M谩s tarde, Ros煤a explic贸 en un di谩logo con Radio Dos que la decisi贸n de intervenir el IRAR no obedece a la visita y las cr铆ticas que realizaron los diputados de la Comisi贸n de Derechos y Garantias sino a la muerte de un chico quemado en una celda. La medida signific贸 el desplazamiento de la directora del instituto, Laura Bevilaqua, quien la semana pasada impidi贸 el ingreso de los legisladores. "Yo tambi茅n tengo una opini贸n bastante dura (sobre el IRAR), hay situaciones muy cr铆ticas que nos obligaron a esta tomar esta decisi贸n. El hecho de que haya ocurrido una muerte es por s铆 solo grav铆simo y en esos casos es normal el desplazamiento de las autoridades", dijo el ministro. "La muerte de este joven es la culminaci贸n de todo un proceso de desencuentros y enfrentamientos". Por lo tanto, ante esta situaci贸n, "hay que restablecer el orden y garantizar la seguridad de los menores y su tratamiento", agreg贸.
Seg煤n Ros煤a, el traspaso del IRAR al Servicio Penitenciario "tiende a poner orden y darle satisfacci贸n a alg煤n juez que no tiene donde poner a menores que han cometido delitos graves, como Pelo Duro", aclar贸. Una obvia respuesta al juez de Menores, Juan Leandro Artigas, quien orden贸 el "arresto domiciliario" de Pelo Duro porque la provincia carece de infraestructura adecuada para alojar y contener a chicos en conflicto con la ley penal. "Estamos sobre un campo minado", lleg贸 a decir Artigas. Sin embargo, el ministro explic贸 que la irrupci贸n del Servicio Penitencario en el IRAR no implica violar los pactos internacionales. "Lo que dicen los pactos internacionales es que hay que tratar que los menores no tengan restricci贸n a la libertad. Pero hay circunstancias que determinan que el menor tiene que estar detenido. Cuando un menor tiene cuatro homicidios; otro, dos violaciones, robo calificado, hay que tenerlo alojado en un establecimiento especial", dijo. Y agreg贸: "El IRAR cumpl铆a esa funci贸n en gran medida, pero a lo largo del tiempo se fue desnaturalizando. Entonces, ahora hay que restablecer un instituto cerrado para que los jueces puedan alojar a menores que han cometido delitos graves", insisti贸.
Ros煤a evit贸 polemizar con el juez Artigas, quien afirm贸 que en Santa Fe "la juventud no le interesa a nadie" y que "un chico como Pelo Duro marcha hacia una muerte segura a los 25 a帽o", pero lo critic贸 por haberle concedido a Pelo Duro el arresto domiciliario."Me parece un grav铆simo error", se帽al贸 el ministro.
La crisis en el IRAR impact贸 tambi茅n en la justicia. La Corte Suprema de la provincia orden贸 a la C谩mara Penal de Rosario que inspeccione todos los institutos de su jurisdicci贸n donde se encuentren alojados menores de edad, entre ellos el IRAR. Y fij贸 un plazo de tres d铆as para que "informe sobre el estado de alojamiento de los menores". Para ello, puso a disposici贸n de los jueces rosarinos los recursos materiales y humanos de que dispone: m茅dicos, ingenieros y asistentes sociales, entre otros.
La Corte adopt贸 la medida ante una presentaci贸n de la Coordinadora de Trabajo Carcelario y de noticias period铆sticas publicadas en las 煤ltimas horas. "El tribunal no puede permanecer ajeno respecto de los hechos de dominio p煤blico (...) y lo informado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario en cuanto a las condiciones en que se encuentran alojados en el instituto referido un gran n煤mero de adolescentes y ni帽os", dice la acordada.
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