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Mientras Ana María Acevedo pelea con las pocas fuerzas que le quedan contra un sarcoma de maxilar en el hospital Iturraspe de Santa Fe, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe acompañó a su familia a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para denunciar las reiteradas violaciones que sufrieron los de esta joven de 20 años, madre de tres niños pequeños que la esperan en su casa de Vera, al norte de la provincia. "Cualquier fiscal que conozca el caso debe actuar de oficio, y nosotras evaluamos acciones. Hay que denunciar el abandono de persona", puntualizó Mirta Manzur, abogada que integra la Multisectorial. La joven, casi analfabeta, fue obligada por los médicos a continuar con un embarazo que le impedía, en diciembre pasado, comenzar el tratamiento de quimioterapia y rayos indicado para su cuadro oncológico. Pese a los pedidos de los padres para realizar un aborto terapéutico -como indica el artículo 86 del Código Penal-, las autoridades del hospital se lo negaron. "El juez no intervino o no se hicieron las denuncias que corresponden. Nosotros no la pedimos tampoco, porque cuando la pedimos siempre surgen problemas", dijo el director del Iturraspe, Andrés Ellena, a los medios de Santa Fe. Los problemas, claro, son de los pacientes sin recursos económicos ni jurídicos. La situación de indefensión de la familia es evidente: viven de un plan social, y accedieron a la posibilidad de una asistencia legal, de Ulrich Lehman, por una familiar que trabaja como empleada doméstica en su casa. Desde hace tres meses, Norma y Haroldo, los padres de la joven, viven en los pasillos del hospital para poder acompañarla, y reciben como única asistencia del Estado un sándwich al mediodía. No sería tan grave si alguna vez las autoridades hubieran respetado los derechos de su hija.
La historia comenzó muchos meses antes, en Vera. La joven concurría al SAMCO, donde la odontóloga le extrajo una muela. Como los intensos dolores de Ana María persistían, el médico responsable del centro de salud se negó a firmarle la autorización de estudios y la derivación a un sitio de mayor complejidad, sólo porque era el padre de la odontóloga que la había tratado. Luego de un intenso peregrinar, Ana María llegó por sus propios medios al hospital Cullen. Allí operaron su sarcoma, y le indicaron tratamientos posteriores de quimio y radioterapia. Pero en ese hospital no cumplieron con la ley de salud sexual y reproductiva. No le indicaron a la paciente que debía evitar un embarazo. De todos modos, hacía meses que ella había pedido una ligadura de trompas, sin obtener respuesta. Otro derecho que le incumplieron.
Cuando Ana María llegó al hospital Iturraspe, estaba embarazada de muy pocas semanas. Los médicos le informaron que el tratamiento estaba contraindicado. Norma Cueva, la mamá de Ana María, le pidió llorando a Ellena que "hicieran algo". Es decir, que interrumpieran ese embarazo para asistir debidamente a su hija. Norma no podía saber que era un derecho estipulado en el Código Penal. Pero sabía que era una posibilidad para mejorar las chances de vida o de una muerte digna de Ana María. Tres niños pequeños de 4, 3 y un año aún la esperan en su casa.
El comité de bioética del Hospital, en nombre de un derecho a la vida que en esta historia muestra toda su falacia, negó el aborto terapéutico. Aún hoy Ellena dice: "No tengo conocimiento que la madre haya pedido el aborto... Lo que ellos piden es que se haga algo. Vuelvo a insistir, esto no es un aborto terapéutico". Los profesionales decidieron continuar el embarazo hasta las 24 semanas, para preservar la posibilidad de vida de ese feto que entonces tenía sólo 3 o 4 semanas. Y además, le hicieron firmar el alta voluntaria a la paciente, que apenas sabe leer y escribir. "Nadie la obligó", argumenta ahora Ellena ante los medios. Todo el relato apunta a responsabilizarla de abandonar el tratamiento que ellos mismos le negaron. Lo cierto es que la chica volvió a su casa, con dolores tremendos y sin la posibilidad de recibir la asistencia que le correspondía. El Estado no garantizó el derecho al acceso a la salud.
Tres meses después, y con el sarcoma avanzando a su propio ritmo, Ana María volvió al hospital. Quedó internada y a las 22 semanas de embarazo, al detectar la incompatibilidad de la sangre del feto y la madre, le hicieron una cesárea. La beba nació con 450 gramos. Sobrevivió pocas horas. Recién después de esa intervención, comenzaron los rayos, pero Ana María se descompensó tras la primera aplicación, lo que derivó en la necesidad de una traqueotomía. Sólo un oncólogo puede decir con certeza cuánto dañó su salud la demora en comenzar el tratamiento oncológico y la obligación de continuar el embarazo, contra su voluntad. Pero cualquier persona sabe que sus derechos fueron lesionados.
Al hacerse pública la historia de Ana María, las autoridades del hospital debieron dar explicaciones. Ante las expresiones de Ellena y el director del servicio de Oncología, César Blajman, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe denuncia que "el accionar de estos funcionarios de la salud sólo tuvo en su mira y objetivo proteger y resguardar su responsabilidad y para ello no han escatimado esfuerzos: hacer relatos que no son ciertos, eludir con patrañas el contacto con los padres de la joven y dramatizar llorando cuando se les informan que el estado de salud empeora". Es lo que hizo Blajman cuando les dijo a los padres de Ana María que su salud se estaba deteriorando.
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