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Al negar los dirigentes de Central información referente a la administración del club, y por temor de manipulación del libro de socios en el marco del reempadronamiento lanzado bajo la campaña "DNI Canalla", Fiscalía de Estado dispuso aplicar en la entidad de Arroyito "una fiscalización intensiva". La documentación del club será auditada por abogados de la provincia dispuestos para el expediente 72139/11, abierto tras denuncia presentada por socios. Las inquietudes de los hinchas nacieron con la aparición de la empresa Metronec S.A., a quien se le adjudicó la confección de los nuevos carnets, y se agravó por la persistente negativa del presidente Norberto Speciale a dar a conocer el contrato con la firma que pasó a tener acceso al libro de socios.
El pasado 1º de abril, un grupo de socios de Central acudieron a Fiscalía para dar cuenta de presuntas maniobras de manipulación del libro de socios del club, en el marco del programa "DNI Canalla", que convocaba a los hinchas a obtener el nuevo carnet, suministrado por Metronec S.A. El trámite requería firma por parte del socio de un contrato con la empresa que suministra el carnet, quien a su vez asignada un nuevo número de afiliado.
Los directivos nunca accedieron a la petición de los socios, como así tampoco de la Sindicatura del club, para dar a conocer el vínculo comercial rubricado entre Central y Metronec. El pasado 28 de mayo Rosario/12 dio cuenta de la preocupación que la denuncia despertó en Fiscalía de Estado. Y la provincia resolvió analizar la documentación del club.
María Alejandra Angelucci, Jefa del Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones de Inspección General de Personas Jurídicas, resolvió "someter a la entidad a una fiscalización intensiva". Para tal fin dispuso "inspeccionar el libro registro de asociados y réplica informática a fin de verificar si los documentos cuentan con datos sobre nombre completo, número de documento de identidad, edad, domicilio real, número de asociado, fecha de ingreso, movimientos de ingresos y bajas desde el 15 de julio de 2010 a la fecha y situación de los asociados respeto del cumplimiento de los pagos de las cuotas sociales". Para dicho estudio Angelucci ordenó "elaborar un informe sobre el resultado de la diligencia", del cual estarán a cargo los abogados Fabián Pereira y Federico Di Stefano, a quienes se les atribuyó "facultades para examinar libros y documentos de la asociación (Central), requerir su exhibición a sus responsables, personal de cualquier rango y a terceros, instar informaciones relacionadas con el cometido asignado, inspeccionar fuentes informáticas y de cualquier otra clase y reproducirlas cuando lo estimen apropiado para el cumplimiento de sus funciones; ejercer en los límites de la ley, las facultades previstas en el artículo 4.9 de la Ley 6926".
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