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Ante la sospecha que las "pautas reunidas en la investigación probabilizan un proceder ilegal", la Cámara de Apelación en lo Penal, por medio de su Sala Tercera, confirmó ayer los procesamientos de los ex directivos de Central -durante la gestión de Pablo Scarabino-, Juan Dalbes, Gonzalo Estévez y Marcelo Gastaldi, como así también del ex abogado del club, Juan Ubieta, "por los delitos de estafa y administración fraudulenta", en el marco del expediente 1652/08 que tramita el juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo de Luis María Caterina. La causa busca dilucidar "extracciones de dinero que correspondían al club, engañando a la magistrada (Liliana Giorgetti) interviniente del concurso, para pagar deudas inexistentes". El tribunal superior además revocó los procesamientos de los ex directivos Mauricio Salvo y Omar De Fazio, y del prestamista Gustavo Marrone, aunque siguen imputados. Oportunamente Scarabino obtuvo "falta de mérito" por tratarse de irregularidades realizadas mientras se encontraba de licencia de la presidencia.
Previo a la intervención judicial del club en 2007, la dirigencia de Central, con Dalbes como presidente en ejercicio por licencia de Scarabino, obtuvo autorización de la jueza del concurso para realizar retiros dinero provenientes de las ventas a River de los pases de Cristian Villagra, Juan Ojeda y Marcos Ruben con el propósito de abonar deudas para reducir el pasivo.
Pero tras la denuncia del ex presidente Horacio Usandizaga, la Justicia sospecha que el destino de esos billetes no fueron precisamente para pagar acreencias de la institución, analizando puntualmente el saldo de un supuesto préstamo tomado con la mutual Alcara Li Fusi, surgiendo documentación que "deja entrever un acontecer ilícito que involucra a Dalbes, Estévez, Gastaldi y Ubieta, quienes de alguna manera han desempeñado su rol en la aparente maquinación ardidosa con perjuicio para Central", a criterio de la fiscal de Cámara subrogante María Eugenia Iribarren.
"No ha quedado registrado con certeza cuánto de ese dinero (retiro de la cuenta judicial del club) se destinó a disminuir el pasivo de la institución. Por ello, cabe afirmar que existió en los involucrados el ardid para llevar adelante el engaño en que hicieron incurrir a la magistrada (Giorgetti) para que autorizara la erogación, habiendo violado sus deberes y perjudicando los intereses confiados a los miembros de la Comisión Directiva y al abogado que los representaba", asevera Iribarren.
En la resolución se destaca la prueba que más compromete a los ex directivos, como la declaración de la titular de la Mutual Siciliana Alcara Li Fusi, "en cuanto a que Central no mantenía deuda alguna con la citada Mutual", desmintiendo así a los ex dirigentes. Por lo cual se sospecha que el club destinó esos fondos a pagar la deuda de un tercero, como podría ser la del grupo inversor que trabajaba por aquel tiempo en el club.
En el caso de Ubieta, la Justicia presume del abogado "haber brindado su aporte al engaño a la jueza, conducta disimulada en el pago de una deuda (saldada con dinero de Central) que fue originalmente legítima con De Fazio (el supuesto verdadero deudor de la mutual), que se instrumentó en el pagaré a Alcara Li Fusi".
"De alguna manera --concluyen los camaristas--, los nombrados han desempeñado su rol en la aparente maquinación ardidosa con perjuicio para el club, conformando anotaciones contables, disimulación de datos en la contabilidad, entrecruzamientos de verdades parciales (...) que a la luz de lo actuado y dentro de la provisoriedad de esta etapa de la causa, no dejan margen de perplejidad".
El expediente intenta esclarecer el destino de al menos 1.040.000 pesos, precedente de la venta de los jugadores a River, y oportunamente liberados por la jueza ante la asfixia financiera que padecía la tesorería auriazul.
Los procesados "dispusieron de montos dinerarios, que con extracción de fondos sin claridad, y con aparente y probable designio de lucro indebido y en perjuicio del club, aparecen involucrados. La carencia de transparencia en las operaciones, la insuficiencia probatoria alegada impone profundizar en lo actuado", concluyeron los miembros de la Sala Tercera.
Los procesamientos de Salvo y De Fazio, a su vez, fueron revocados por la Cámara, por ocupar los ex dirigentes cargos menores en la Comisión Directiva, no teniendo responsabilidad directas en la irregularidades investigadas.
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