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Para intentar comprender el preocupante presente de Central se debe mirar hacia atr谩s. Pero las respuestas ya dejaron de tener su centro de atenci贸n en la anterior comisi贸n directiva que lider贸 V铆ctor Vesco. El descalabrado institucional que acusa el club canalla encuentra en sus actuales conductores a los autores de la escu谩lida coyuntura. Las sospechas en cuanto a la calidad de la administraci贸n se posan en la dirigencia que ahora, en lo formal, lidera Juan Dalbes. Aunque en este caso la curiosidad por lo que pasa en Arroyito naci贸 de la Administraci贸n Provincial de Impuestos (API), que tiene bajo investigaci贸n un contrato por honorarios profesionales -presentado en la convocatoria de acreedores- que, se cree, tiene el sellado fiscal adulterado. Lo m谩s sorprendente es que dicho contrato fue cedido a un tercero por un actual directivo canalla que hab铆a ofrecido sus servicios profesionales a la entidad en tiempos del escribano Vesco.
Si bien en estas p谩ginas en m谩s de una cr贸nica se explic贸 el acuerdo impl铆cito entre Pablo Scarabino y la anterior comisi贸n directiva para que la denuncia penal por "administraci贸n fraudulenta" a la dirigencia que presidi贸 V铆ctor Vesco no progrese, algunos actos menores del orden institucional nutren con m谩s pruebas aquel pacto.
En este caso las sospechas no florecieron de un grupo opositor. Quien detect贸 una posible adulteraci贸n de documentos es la API, que al observar aspectos fiscales en cada uno de los contratos que se presentaron en la convocatoria (Ingresos Brutos, Ley 5.110 e Impuesto a los Sellos), se encontr贸 que uno de ellos podr铆a tener adulterados los timbrados (sellado fiscal).
Los llamativo es que ese contrato se hab铆a firmado durante la gesti贸n de Vesco con un actual dirigente de la entidad. El profesional devenido en directivo brind贸 sus servicios a Central, por el cual deb铆a percibir alrededor de 300 mil pesos. Luego de las elecciones que catapult贸 a Scarabino a la presidencia, a mediados de 2003, el otrora opositor cedi贸 su acreencia a un tercero, advertido por entonces de la inminente convocatoria de acreedores en la que se presentar铆a la entidad.
Gustavo Giosa verific贸 en la sindicatura 287.613,87 por honorarios profesionales. Al inspeccionar la documentaci贸n la API hall贸 que los sellados eran adulterados. Ante tal presunci贸n el organismo provincial intim贸 a las partes --el abogado que realiz贸 el trabajo, Giosa como nuevo beneficiado de la acreencia y el club-- a que presenten el original. Ninguno acudi贸 al pedido del organismo, por lo cual las autoridades de la API eval煤an con seriedad la presentaci贸n de una denuncia penal contra el actual dirigente que a帽os atr谩s se desempe帽o sus servicios en la entidad.
De acuerdo a las pesquisas, en la API se cree que los sellados que tiene la fotocopia del contrato fueron realizados efectivamente con una la m谩quina timbradora, pero en momentos que la misma se encontraba en reparaci贸n, maniobra que habr铆a de ser asidua y que luego desemboc贸 en una investigaci贸n interna.
Originalmente el valor por el impuesto a los sellos rondaba los tres mil pesos. A m谩s de tres a帽os de la maniobra, la provincia le reclama al actual directivo canalla m谩s de 60 mil pesos, atento a que los intereses son del uno por ciento diario.
Al ser citado por el organismo recaudador Giosa no ofreci贸 claridad ante los funcionarios. El acreedor deslind贸 responsabilidades sobre la veracidad del contrato y reconoci贸 que representa los intereses de quien ofreci贸 sus servicios profesionales a la entidad, la misma que ahora conduce desde un cargo de relevante trascendencia.
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