Una política de Estado

El caso testigo que permitirá despenalizar la tenencia de drogas para uso personal en la Argentina salió de los Tribunales federales de Rosario. La presentación por inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizará hoy, en el caso Villacampa, nació de la defensora oficial del tribunal oral de Rosario, Matilde Bruera. Apenas asumió, la funcionaria tomó una decisión de Estado: llevar todos estos casos hasta el máximo tribunal, argumentar que el inciso 2 del artículo 14 la actual ley de drogas (27.737) viola el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y le puso números al despropósito: El 90 por ciento de los casos que atiende la justicia Federal rosarina tiene que ver con la tenencia de drogas para consumo personal. "Es que uno de los temas que más ocupa la administración de Justicia, y nos parece una barbaridad", indicó la funcionaria, quien consideró que se penaliza nada más que a los pobres, ya que la defensoría oficial atiende al 98 por ciento de los acusados, porque no tienen recursos para contratar abogados particulares. "Tanto la policía como la administración de justicia tienen una actividad que aparenta perseguir al narcotráfico y en realidad sólo afectan a los consumidores pobres", indicó Bruera.

Para Bruera, la despenalización de la tenencia para uso personal es "trascendente porque la actual penalización no sólo afecta a las acciones privadas de los hombres sino que es una fuente de corrupción policial. La policía actúa solamente persiguiendo este tipo de casos, a los que usa como pantalla para justificar su actividad". Es decir, que los pobres -y en su mayoría jóvenes- son objeto de persecución por pequeñas cantidades, mientras el narcotráfico sigue su quehacer, con anuencia policial, como lo demostró la investigación del asesinato de la dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), Sandra Cabrera. "La justicia se ocupa con cuestiones menores, que no tienen por qué ser casos penales y se distrae de otras operaciones más importantes", indicó Bruera, quien apuntó: "En la ciudad de Rosario no existen casos trascendentes de narcotráfico, el 90 por ciento son de tenencia para consumo o de pequeños vendedores, se persigue a quiosquitos de barrio ínfimos". La funcionaria siempre tuvo una posición conceptual a favor de la despenalización, pero la experiencia le hizo comprobar el dislate actual. "Realmente me tiene impresionada", expresó.

En contraposición con las críticas que la despenalización recibió en los últimos días -de la Iglesia y de dirigentes políticos como Elisa Carrió, entre otros- Bruera sostiene que es la actual actividad judicial -con el consumo penalizado- la que favorece al narcotráfico. "La justicia se entretiene con los consumidores pobres, y los casos de narcotráfico no pasan ni por la vereda del Tribunal", indicó.

Casi todo el mundo lo conoce de memoria, pero el artículo 19 de la Constitución es el que indica que las acciones privadas de las personas, si no perjudican a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados. "La penalización avanza sobre una acción privada, como es el consumo de drogas", indicó Bruera, quien tomó entre sus argumentaciones al caso Bazterrica, que sentó jurisprudencia en los 80, y fue dejado de lado por la Corte Suprema en los 90.

En el caso testigo, el que la Corte eligió entre muchos para sentar jurisprudencia, Andrés Villacampa y César Mindurry fueron encontrados con algunos porros en los bolsillos en el año 2005, en su ciudad, San Pedro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y allí se realizó el juicio oral. "Se trasladó todo un tribunal, la defensa, la fiscalía, todos, a San Pedro. Es un dispendio de fondos porque hay que hacer un juicio oral, y así son todos. Hay juicios por cuatro cigarrillos de marihuana, por dos, por un gramo de cocaína", dijo Bruera.

Que la Justicia sólo persigue a pobres, se comprueba por la propia actividad de su Defensoría. "El 98 por ciento de los casos llega a la defensoría. Esto demuestra que no se persigue a la clase media, de la clase media para arriba no hay persecución penal, sólo buscan a consumidores pobres, con hechos que son intrascendentes para el narcotráfico", apuntó la funcionaria judicial.

Sobre la eficacia de la penalización del consumo para combatir el narcotráfico -argumento que se escuchó en los últimos días-, Bruera contestó con hechos: "Desde la vigencia de la ley actual, el narcotráfico no sólo disminuyó sino que creció exponencialmente".

Además, Bruera consideró que la penalización del consumo de drogas "no sólo afecta a la administración de Justicia sino también a la salud pública, porque impide desarrollar una planificación seria. Con el tabaco y el alcohol hay una planificación, aunque sea deficiente, pero en esto sólo hay persecución, y de los pequeños consumidores". El otro aspecto es el daño que la persecución penal provoca en la vida del consumidor. "Para el perseguido tiene un impacto muy grave porque lo afecta en su vida personal, pierde el trabajo, tiene que ir a un juicio, tiene que gastar plata. Por eso, desde que yo asumí planteé que todos los casos de tenencia para consumo personal se apelen hasta la Corte. No ofrezco probation ni otra medida alternativa porque estoy convencida de que es inconstitucional", puntualizó. Y subrayó que esta decisión fue "una política de Estado" de su Defensoría.

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