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Resulta en suma medida preocupante la decisión del Estado argentino por vía del Poder Ejecutivo y del Judicial, al conceder al Estado paraguayo la extradición de militantes sociales campesinos. Existe un montaje para criminalizar y judicializar la protesta.
Como es sabido, a lo largo y ancho de Latinoamérica los campesinos insumisos son perseguidos por los terratenientes y sus sicarios. Lo grave es que al parecer la solidaridad entre los aparatos estatales tiene continuidad desde el Plan Cóndor.
En efecto, por entonces las dictaduras militares trasladaban disidentes políticos de un lugar a otro como mercancías de valor.
En el presente, los mapuches padecen a uno y otro lado de la cordillera el acoso estatal. En este caso, los campesinos paraguayos ven violados sus derechos de asilo y garantías del derecho de gentes. Una medida de complicidad con los poderosos.
La lógica de la soberanía opera como eslabón de una cadena de impunidad que garantiza la continuidad de la explotación.
Debemos redoblar la movilización y los reclamos para exigir el fin de estas políticas.
Más temprano que tarde deberán comprender que la vida y la libertad importan mucho más que los negocios del Mercosur.
Carlos A. Solero
APDH Rosario
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