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Listas

Las no desmentidas intenciones de proponer que los primeros puestos de las listas de candidatos sean ocupados por gobernadores, intendentes o dirigentes políticos elegidos para otras funciones, ya está distorsionando el marco electoral de las elecciones venideras y pone en evidencia algunas cuestiones que es necesario señalar.

Escencialmente, muestra una total falta de respeto a la ciudadanía, a la Constitución Nacional y si bien el camino elegido no vulnera la ley electoral, su falta de ética tiñe de inútil el proceso de renovación de cargos, confunde al electorado y convierte a la política en mala palabra.

Como se dice en el lenguaje del tablón, este poner todo en el asador, demuestra junto a la ausencia de cuadros dirigentes, la falta de proyectos, programas y plataformas sobre las que debería afirmarse una propuesta electoral y volvemos a la vieja costumbre de elegir nombres, confeccionar listas en desesperadas alquimias de selección y presentarle a la sociedad una opción deformada del más importante acto de la democracia, la elección de quienes deben conducir el futuro del país.

La ausencia del requisito de presentar avales para cada lista o candidato, frenó la actividad militante de los locales partidarios y si bien no comparto esos sistemas de ratificación de las candidaturas, esto que ocurre hoy, no garantiza transparencia, seguridad ni preserva del fraude el proceso electoral futuro.

Con la diferencia de posibilidades que implica la disponibilidad de determinados aparatos partidarios o medios económicos disponibles para publicidad, la calidad de selección naufraga y se hunde en el fárrago de las dudas, desconfianzas y sospechas que a más de treinta años del recupero de la posibilidad de elegir, no deberían formar parte de nuestra joven e incipiente democracia.

Sin dar nombres, la sola lectura de las declaraciones oficiales y no oficiales, llama a exigir un mínimo de ética que ponga blanco sobre negro y despejar los grises que en estos días pinta un preocupante cuadro de falta de respeto de la opinión de los votantes; en definitiva, los que deben premiar o castigar las acciones de los dirigentes en la función pública o los parlamentos correspondientes.

Angel M. Contestí