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Repudio
La semana pasada fue aprobada por el Congreso de la Naci贸n la Ley Antiterrorista. Su promulgaci贸n se ha dado el 28 de diciembre. Presentada como proyecto por el Poder Ejecutivo Nacional el 14 de octubre pasado, y promovida a pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos a trav茅s del Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI), esta ley, bajo la excusa de combatir lo que ellos llaman terrorismo internacional, abre peligrosamente las puertas a la profundizaci贸n de la criminalizaci贸n de la protesta social por parte del Estado.
La norma sancionada recientemente incorpora al C贸digo Penal un nuevo agravante para "cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la poblaci贸n o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisi贸n". En estos casos se elevar谩 la pena aplicable al doble de la pena m铆nima y de la m谩xima.
El empleo de conceptos tan difusos como los se帽alados, es precisamente el que habilita a reforzar la capacidad estatal de reprimir las protestas de los trabajadores, ya sea que participemos de una huelga, una movilizaci贸n, un corte de ruta, una ocupaci贸n pac铆fica de nuestros puestos de trabajo o espacios p煤blicos o nos resistamos a medidas que atenten contra nuestros intereses.
La sanci贸n de esta ley no es un hecho casual. Tiene como antecedente en nuestro pa铆s la Ley Antiterrorista del a帽o 2007, la existencia de cuatro mil luchadores sociales procesados y cinco encarcelados y las feroces represiones que se desataron a lo largo del pa铆s durante estos 煤ltimos a帽os, con compa帽eros heridos y asesinados, como Mariano Ferreyra en la Capital, los Qom en Formosa y los que se movilizaron en reclamo de viviendas en el Parque Indoamericano y en Libertador General San Mart铆n (Ingenio Ledesma de Jujuy). Pero tambi茅n se enmarca en un contexto mundial. La aplicaci贸n de legislaciones "antiterroristas" en el resto del continente con el fin de legitimar la persecuci贸n y la c谩rcel a quienes se resisten a las pol铆ticas de explotaci贸n y saqueo, es un hecho que se viene dando desde hace varios a帽os. Una legislaci贸n similar se est谩 aplicando en Chile, y es la que mantiene en prisi贸n desde hace varios a帽os a integrantes de la comunidad mapuche que defienden su derecho a la tierra.
Repudiamos la sanci贸n de esta ley antipopular impulsada por el Poder Ejecutivo y votada por los legisladores que responden a su signo pol铆tico, y llamamos al amplio arco de organizaciones de derechos humanos, sociales y pol铆ticas a movilizarnos masivamente en contra de la misma.
Daniel Cousello
Amsaf茅 Rosario
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