Página/12 :: rosario

Defensa

Los integrantes del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal observamos con honda preocupación recientes noticias publicadas que refieren a distintos hechos donde se involucran a Defensores Públicos en casos judiciales con trascendencia penal o administrativa.

Al respecto y ante todo, manifestamos nuestra profunda convicción de respeto hacia la ley y la voluntad de que los hechos ventilados sean integral y exhaustivamente investigados dentro del marco de la Constitución y sus leyes reglamentarias.

Asimismo, debemos destacar que notamos que la función de defensa de personas imputadas de la comisión de delitos ﷓sin ningún tipo de distinción﷓ es el de velar por que sus derechos se vean salvaguardados a fin de que la aplicación de la ley sea irreprochable y justa, evitando condenas populares, anticipadas o por fuera de los límites constitucionales.

En ese marco, el nuevo sistema procesal penal ha asignado un rol a los Defensores Públicos que nos expone en reiteradas oportunidades a situaciones de serio conflicto con otros subsistemas estatales penales, particularmente, agencias policiales y penitenciarias, y que implica la asunción de nuevas tareas que son ejercidas de buena fe, conforme al mejor y leal saber y entender.

En función de ello, proponemos respetuosamente a la comunidad en general que, frente a los casos que han tenido trascendencia pública, evitar juicios apresurados, aguardar la concreción de la investigación integral por parte de las autoridades encargadas a tal fin, así como ser ecuánime en la interpretación de los hechos que se publiquen.

Cabe insistir en que la labor del Defensor puede presentarse como vulnerable frente a la opinión pública pero esencial hacia el respeto del Estado de Derecho y que su inserción en el mecanismo represivo es garantizador de un Estado democrático. La función del Defensor Público lejos está de ir dirigida a obstruir la labor la justicia sino más bien a ensalzar la plenitud de los derechos individuales en situaciones de avasallamiento estatal.

Por último, sería deseable que las autoridades políticas contemplen en un futuro inmediato la adopción de mecanismos que garanticen la eficacia en el desarrollo de nuestro trabajo y que el resto de la comunidad jurídica diseñe con precisión las respuestas estatales esperables y pretendidas en instancias y zonas hasta hoy inexploradas.

Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos de la Segunda Circunscripción Judicial

Correo