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Mordaza

El paquete de leyes impulsado por el gobierno nacional que incluye el llamado "blanqueo" de capitales no declarados, representa un ataque muy grave la libertad de expresión y el derecho a la información.

En su artículo 85 el proyecto plantea que quienes difundan información sobre las personas jurídicas o físicas que blanqueen capitales podrán recibir penas de entre uno y tres años de cárcel. Además, como si esto no fuera suficiente, se impondrá una multa que será "igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados" y dados a conocer.

La aprobación de una ley de estas características no solo supone un resguardo absoluto de los evasores fiscales, algo de por sí repudiable, sino también un brutal cercenamiento del derecho a la información y un límite a la posibilidad de trabajar de las y los periodistas.

De esta forma, el proyecto presentado por el gobierno de Cambiemos se da de frente con sus postulados de diálogo y libertad con los cuales accedieron al poder.

Mientras tanto los medios de comunicación masivos siguen despidiendo trabajadores como en el caso del desmantelado Grupo 23 o amenazándolos por su actividad sindical como sucedió con la periodista Silvia Martínez Cassina en Clarín, y en muchos otros ejemplos a lo largo y ancho de nuestro país. También son perseguidos los medios populares y sus equipos decomisados como le sucede a los compañeros y compañeras de Antena Negra TV. Por eso denunciamos esta nueva avanzada del gobierno antipopular de Macri sobre nuestros derechos, exigimos que terminen los despidos, la censura y la persecución de trabajadores y trabajadoras de prensa.

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